Rosa María Palacios

 

El lunes 27 de junio arranca el paro nacional de transporte de carga convocado por la Unión Nacional de Transporte de Carga Pesada (UNT). Si bien la actividad no tiene unidad gremial (se calculan 150,000 camiones de carga y 100,000 propietarios entre empresas y personas naturales) los conocedores dicen que viene fuerte. Circulan mensajes de WhatsApp con advertencias de severa violencia a los que no se plieguen. No es la primera vez, ni será la última, pero la convocatoria promete ser el catalizador de múltiples y extendidos descontentos.

El transporte de carga y el de pasajeros, urbano e interprovincial, está sufriendo el impacto brutal del alza mundial del precio del combustible. Poco es lo que puede hacer el gobierno que ya eliminó el ISC. Pero la situación no está aislada de la inflación mundial y su impacto en el Perú. A esto se suma que tarde o temprano los consumidores tendrán que pagar el costo de la Refinería de Talará a un Petro Perú desastrosamente manejado que tiene que pedir prestamos al MEF para pagar obligaciones urgentes. El paro de transporte de carga, de ser exitoso, va a lograr la unidad de gremios de todo el transporte. ¿Cuánto tiempo puede aguantar el gobierno de Castillo? ¿Cuánto su ministro de Transportes y Comunicaciones en un sector atravesado por la corrupción?

En el frente agrario se anuncia que la Confederación Nacional Agraria se pliega el 27 y 28 de junio. ¿La razón? El Congreso realizó un pleno agrario sin escucharlos. Pero la verdad es que, por más apoyo político que dieron a Castillo, el manejo de la crisis de fertilizantes ha sido otro desastre. Una licitación tardía, pese a todas las advertencias, y declarada nula por el serio perjuicio al Estado al descartar mejores ofertas (por no leer en inglés) tiene al quinto ministro de agricultura prometiendo tener urea en el campo la primera semana de agosto, cuando debió estar en junio. No se va a fertilizar o no se va a sembrar. Una de dos. El clima no funciona a gusto del ministerio y, para agosto, ya puede ser tarde para muchos.

Las rondas campesinas también se pliegan. No les falta razón. Una ley inconstitucional para armar comités de autodefensa con “donaciones privadas” (léase crimen organizado), reconocerles la calidad de núcleos ejecutores del Estado (lo que permite gastar presupuesto público y rendir cuentas) y, entre otras locuras, ponerles abogados contratados por el Estado si violan derechos humanos, ha puesto de cabeza a las rondas. El disparatado proyecto fue observado en el gobierno de Sagasti. La actual comisión de defensa del Congreso lo resucitó, lo modificó e hizo que lo aprobaran por insistencia en el pleno. Inconstitucional por forma y fondo parecería el sueño cubano de la milicia propia de Vladimir Cerrón. Pero no, esta impulsado por todas las fuerzas de derecha que han notado el disparate recién cuando ya estaba publicada en El Peruano. Prometen modificarla. Se necesita derogarla.

Como si el suelo estuviera parejo y el gobierno fuera popular, no se le ocurre mejor cosa al gobierno que anunciar el envió de un proyecto de ley al congreso para prohibir la difusión de los actos de corrupción cuando son investigados en fiscalía. No dudo que encontrará apoyo en el congreso. Como dice la canción: “total, corrupción hay en todos lados”. La idea es perseguir no solo a jueces, fiscales, abogados de la defensa o procuradores. El objetivo es la prensa. Amedrentar o meter presos a periodistas por contarles a ustedes cómo se roba a manos llenas en el país.

Escuché este comentario y me parece valioso. “Si la economía peruana no se ha derrumbado es por dos razones. Una es Julio Velarde y el BCR defendiéndonos de la inflación. La segunda es el precio del cobre. Pero está bajando, los chinos están comprando menos y el Perú no solo está produciendo menos. Después de Quellaveco, no hay una sola inversión”. Velarde va a resistir; los ingresos fiscales por cobre, no.

¿Será esta huelga de transporte la chispa que incendie la pradera?

Columna publicada el domingo 26 de junio del año 2022 en el diario La República