Rosa María Palacios

Un blog de política independiente

3 Marzo, 2022

El último, apague la luz

Ximena Pinto, jefa de comunicación social de la Presidencia del Consejo de Ministros, renunció esta semana por negarse a realizar un acto ilegal ordenado por su jefe, Aníbal Torres.  Se le exigió, violando la ley, castigar al grupo El Comercio y beneficiar a medios de provincias en una campaña, cada vez mas urgente, de retorno a la escuela frente a padres desinformados o asustados que puede terminar en una gigantesca deserción escolar.

Gabriela Jiménez, directora ejecutiva de Inmunizaciones del Ministerio de Salud renunció porque no se respeta la posición técnica del programa, no se efectúan reuniones de coordinación, no se dispone de recursos económicos para formar brigadas y “se evidencia un claro intrusismo de algunas direcciones que deciden y desarrollan acciones no consultadas ni compartidas”. La directora Jiménez ejerció el cargo en los últimos 12 meses, en la práctica casi todo el programa de vacunación contra el COVID estuvo a su cargo. Mas de 80 millones de vacunas después, se ve forzada a irse.

Nuestro Estado es pequeño en su alcance ciudadano, débil en hacer cumplir la ley, mal gestor en el uso de escasos recursos públicos. Sin embargo, este diagnóstico endémico se comenzó a matizar en las últimas décadas con el crecimiento lento pero orgánico de una pequeña burocracia. De islas de modernidad se comenzó a crear archipiélagos de mejoría. Sin resolver todos los problemas, al menos se comenzaba a consolidar algunas líneas de carrera, algunos puestos reservados a un perfil profesional de gestión pública. Burócratas que tenían ya 5, 10 o 15 años de servicio público constituían la expresión de continuidad de políticas públicas al margen de los vaivenes políticos de la designación y remoción de ministros. Con todas sus limitaciones, los esfuerzos de SERVIR y de la Contraloría, han apuntalado en algo a esta pequeña burocracia profesional.

Lamentablemente, los gobiernos regionales y locales todavía están muy lejos de lograr una burocracia de calidad y estabilidad mínima. Un torpe proceso de descentralización, que aun no llega a las dos décadas generó, de manera inversa a la burocracia nacional, un fenómeno de clientelismo no resuelto hasta hoy. El gobernador que entra llega con “su gente” y bien podría decirse, en varios casos sentenciados en el fuero penal, con “su mafia”.  La burocracia local no responde ni siquiera una ideología partidaria que pone sus mejores cuadros. Se trata de leales al caudillo que están para todo servicio. Los pocos gobernadores que no han caminado por esos rumbos (que los hay) dan cuenta de las enormes dificultades que enfrentan al heredar burocracias corruptas ya entrenadas en medrar del Estado.

Los casos de Pinto y Jiménez, en puestos claves, son solo dos de un problema muy grave que enfrenta el gobierno de Castillo. Un gobierno en el Perú necesita un mínimo de 500 cuadros de gestión claves a nivel nacional. Viceministros, Secretarios Generales, Directores Generales, Jefe de Organismos, solo para empezar en 20 ministerios y en más de 100 organismos y programas con algún nivel de autonomía son los que, de una forma u otra, sostienen la gestión pública. En los últimos siete meses, pero sobre todo en este verano fatal, las renuncias vienen siendo masivas y escandalosas por razones plenamente justificadas. Una ley recientemente aprobada por el congreso busca uniformizar requisitos mínimos. La intención no es mala, el problema es que el reclutamiento responde a los patrones que hoy se observan en los gobiernos regionales.

No es la amenaza comunista, ni marxista leninista la que caracteriza al gobierno de Castillo. Hace tiempo que Cerrón dejó de recoger firmas para una asamblea constituyente no solo porque esta prohibido por la constitución, sino porque las activades de captación han sido un absoluto fracaso. Jamás se acercaron a la cifra porque a nadie le interesa sus sueños narcisistas de autócrata. El problema real del gobierno de Castillo hoy, la realidad que nos golpea, es que estamos en manos de una gestión pública donde la cleptocracia es la norma y los buenos que quedan huyen porque no pueden resistir más o porque corren el riesgo de terminar presos. ¿Cuánto puede durar esto? ¿Cuándo salen los últimos y prevalecen los bárbaros Atilas de los que nos habló el poeta?

Columna publicada el día domingo 27 de febrero del año 2022 en el diario La República

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *