Rosa María Palacios

Un golpe de Estado fallido termina con los golpistas presos, huyendo o en el exilio. En el siglo XIX se les fusilaba o se les colgaba de las torres de la catedral. Mientras escribo veo la foto de los hermanos Gutiérrez cuyos cadáveres masacrados fueron exhibidos como ejemplo de la ira popular limeña frente al abuso político. En estas mismas calles, el sábado pasado, la policía acribilló a dos jóvenes que salieron a marchar por las mismas razones. Otros tres siguen con gravedad, en el hospital. Esas son las víctimas inocentes. ¿Y los golpistas?

Contra lo que parece y pese al claro rechazo popular, el golpe de Merino y sus patrocinadores termina, para ellos, con tres triunfos. El primero, sacaron al presidente Vizcarra del poder. Este no ha renunciado a la presidencia, pero, en los hechos, no ha usado las vías que tiene para reclamar lo que por derecho le corresponde. Se va con un histórico 77% de aprobación popular. El segundo, es la total impunidad por sus actos. Los 105 congresistas que vacaron a Vizcarra siguen en sus escaños, los ministros golpistas se fueron a sus casas y los líderes políticos pretenden, como si nada hubiera pasado, el perdón popular. El tercero, con la ayuda de sus cuatro aliados en el Tribunal Constitucional, es mantener al presidente Sagasti pendiendo de un hilo. Basta una mayoría simple para censurar a la mesa directiva y sacarlo de la presidencia de ambos poderes.

La única derrota que han sufrido los golpistas es la de salir del Ejecutivo. No poder postergar elecciones, presionar jueces en casos de corrupción, conseguir indultos o asaltar el presupuesto público es un retroceso a sus aspiraciones; pero, vistas las circunstancias, no es poco lo que han logrado. Es verdad que se ha iniciado una investigación fiscal por homicidio, lesiones, secuestro y violación de la libertad de expresión, pero los efímeros ministros y sus socios congresistas tienen beneficio de antejuicio por 5 años y encontrarán en el Congreso la protección y dilación necesaria para salir bien librados. Un juicio por sedición, que bien merecen, parece imposible mientras controlen el legislativo y amenacen al ejecutivo.

Es posible que el presidente Sagasti haga un buen papel. Cualidades le sobran y ha juntado un excelente equipo de ministros. El problema es que cree, con enorme candor, que Vizcarra tuvo una postura de ataque al Congreso y por eso perdió la presidencia. Mala lectura que anticipa que su gobierno puede ser más frágil aún. Si Vizcarra hubiera sido menos firme, se lo cargaban en marzo.  Si se anda con delicadezas, “volteadas de página” y demás sandeces, se lo almuerzan. Los que lo vetaron el domingo pasado siguen siendo los mismos sediciosos hoy y sus intereses están intactos. Sagasti solo tiene lo mismo que tuvo Vizcarra: apoyo popular y reconocimiento internacional.

La cobardía del TC, explicada en la lógica de proteger al sector conservador del golpe al cual debe su poder, deja expuesta a la presidencia. El papelón jurídico es irreversible y su desprestigio los perseguirá por siempre. No les ha importado que se note. Los golpistas se lamerán las heridas, pero se reagruparán. Tienen, todavía parte del poder en sus manos.

En este contexto, agitar el fetiche de “nueva Constitución” solo logra que los golpistas de UPP y Frente Amplio se unan al discurso de Verónica Mendoza que podía capitalizar algo de la oposición popular al golpe. La izquierda peruana es tan miope que no ve ni lo que tiene delante de sus ojos. La Constitución del Perú solo puede ser reformada por el procedimiento que ella establece, que no incluye una asamblea constituyente. Si quieren una, se necesita reformar primero la misma Constitución, con 87 votos en dos legislaturas o 66 votos y un referéndum. Este congreso, que no puede ni modificar la inmunidad parlamentaria, ¿puede juntar 66 votos para una asamblea constituyente? Y, ¿quién integrará esa asamblea con un sistema de partidos destruido y sin cuadros? ¿Otros similares a estos congresistas?

Mejor concentrar esfuerzos en pelear porque la democracia no agonice dentro de unos precarios poderes del Estado, donde hoy el crimen no tiene castigo.

Columna publicada el 22 de noviembre del año 2020 en el diario La República