Rosa María Palacios

El frustrado Proyecto de Ley de las congresistas Letona y Aramayo para controlar la propiedad de los medios de comunicación tenía nombre propio: José Graña Miro Quesada. Era mas que evidente que, al prohibir que una persona investigada por corrupción sea accionista de un medio, sólo podían referirse a él, dado que no existe otro caso. Graña es accionista de Graña y Montero – investigada con otras empresas constructoras por su asociación a Odebrecht- y a su vez accionista del Grupo El Comercio.

El proyecto fue tan burdamente inconstitucional – la presunción de inocencia violada de plano – que las congresistas presentaron un texto sustitutorio eliminando a los investigados pero manteniendo a los condenados. Esto, por supuesto sigue siendo inconstitucional. «Toda persona» tiene derecho a fundar o ser propietario de un medio de comunicación. Eso dice la Constitución. Y toda, es toda,  no la que le guste o diguste a Keiko Fujimori.

Sin embargo, la dulce venganza no ha terminado. Continua en varias formas. Revisando si el Congreso tiene un proyecto que mejore los alcances de la colaboración eficaz peruana y la equipare a la inmunidad total que puede dar la fiscalía brasilera (no hay nada aún) me tope con un proyecto de la congresista fujimlorista Karina Beteta. Un joya.

Como se recordará, el Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia 003 – 2017 para asegurar la continuidad de proyectos de inversión y garantizar el pago de reparaciones civiles derivadas del caso Lava Jato. En ese decreto vigente se prohibe al Estado contratar con empresas condenadas o que hayan reconocido sus actos de corrupción y forma un fideicoimiso para garantizar el pago de obligaciones. Hasta hoy, la norma se aplica solo a Odebrecht. Nada que objetar ¿verdad?

Sin embargo, el Proyecto de Ley Beteta pretende modificar el Decreto de Urgencia. En calco de lo hecho con el proyecto original de  medios de comunicación se incluye a las empresas «que actuaron en modalidad de consorcio», esta vez, sin importar si hay o no condena contra ellos. De nuevo, la presunción de inocencia violada. Es decir, todos los que se asociaron con Odebrecht – dado que éste ya reconoció su culpa – sin importar el debido proceso, son culpables por la ley Beteta. A la empresa corrupta extranjera se le reconoce el derecho a ser condenada o reconocer su culpa, pero la que se asocia localmente, esta castigada sin proceso alguno.

Cuando una norma esta redactada en estos términos – oscuros para el lector desprevenido – la pregunta salta. ¿A quien se favorece o, en en este caso, a quién se busca perjudicar? Otra vez, a  José Graña Miro Quesada.  Es tan obvio, que daría risa si es que no fuera porque, de paso, el Proyecto de Ley 1410 remitido el 17 de mayo pasado – y firmado por el cogollo del fujimorismo y anexos – afecta a otras personas inocentes. Según Capeco este legicidio deja sin trabajo a casi 140,000 personas y a 6,000 empresas proveedoras de la construcción. Hay 255 proyectos de infraestructura a nivel nacional que quedarían parados. Cabe destacar que se ha «agilizado» el tramite de aprobación y si no es esta semana, se hará la próxima en Comisión, para que luego pase al pleno.

Lo peor es que el daño que se busca hacer a José Graña sería, en el caso de Graña y Montero, menor. Sólo el 10% de su facturación corresponde a obra pública. Sin embargo, a otras empresas mas pequeñas, las liquida.

¿Por qué tanto encono legislativo contra una sola persona? Pues Keiko Fujimori culpa al grupo El Comercio de su derrota y Graña es un símbolo al cual destruir a como de lugar. Por cierto no es la única acción de venganza que se esta desarrollando. Una reciente reunión de «periodistas» (digamos mejor, operadores) y legisladores fujimoristas en un departamento san isidrino colocó como objetivos de demolición a Fernando Berckemeyer, director de El Comercio y a Clara Elvira Ospina, directora periodística de América TV. La idea es usar desde redes sociales hasta investigaciones parlamentarias. Todo esto en homenaje a la señora que no sabía perder.

Como mis lectores bien saben no creo que nadie pueda acusarme de ser defensora de el Grupo El Comercio. Tengo una acción de amparo planteada contra sus directores por haber violado el artículo 61 de la Constitución, acaparando la propiedad de la prensa escrita peruana en un 80%.  Además fui expulsada de América el 2011 por defender a mi directora, que se negó éticamente a hacer una campaña electoral de favor, justamente, para Keiko Fujimori. Es más, si las empresas constructoras peruanas resultan responsables por su codicia, que sean castigadas de acuerdo a ley, como corresponde.

Sin embargo, si hoy tengo conocimiento de un acto de venganza política, por el mero hecho de saberlo, mi obligación, como en tantas otras ocasiones en que batallo sola, es publicar. No hay otro camino si se quiere que la pelea contra la corrupción se haga en serio.