Rosa María Palacios

Un blog de política independiente

5 junio, 2017

Dilemas de aquí y de allá

Deforestación-La-Mula

Estoy en Puerto Maldonado mientras escribo. Retirada, por el momento, la presión policial sobre la minería ilegal de oro y con un proceso de formalización que avanza a paso de tortuga, los dilemas siguen siendo los mismos. En los extremos aquellos que apoyan cualquier minería en nombre de la subsistencia –incluyendo al Gobernador Regional- y de otro, hartos ya tal vez, los que quisieran que desapareciera de la faz de la tierra, como actividad criminal, llevándose todos sus males que, por aquí, no son pocos. En el medio, un grupo sensato – que incluye para mi sorpresa a algunos concesionarios mineros – que quieren no solo formalizarse en el papel, sino también hacer las cosas mucho mejor cumpliendo regulación ambiental, reforestando y tributando.

Sin embargo, la promesa de campaña de PPK todavía no es siquiera un proyecto. ¿Recuerdan la agencia estatal para comprar toda la producción de oro? No hay nada aún y esa puede ser una vía de formalización tributaria que, como una primera entrada, regrese el Estado a una tierra que tiene – como me dijo el padre Xavier Arbes – “sus propias leyes” al margen de todas las leyes. Por cierto, el sacerdote que lleva 40 años aquí, ya perdió la fe en la formalización. Como muchos, ve con frustración la muerte de trabajadores anónimos y, en los enormes costos sociales, además de los ambientales, un mal sin futuro.

El crimen siempre plantea al Estado dilemas éticos complejos. ¿Qué se castiga? ¿Cómo se castiga? ¿Cuánto se castiga? O ¿es posible, con pragmatismo, no castigar? El de la minería ilegal no es el único caso.

Lavo Jato y el tratamiento a los actores de la corrupción plantea decisiones al Ejecutivo y al Legislativo que no han aparecido aún pese a su urgente necesidad. Nuestras leyes no permiten a la Fiscalía dar inmunidad absoluta a quien ha cometido un delito. La colaboración eficaz peruana requiera de la aprobación de un juez y, aunque reduzca drásticamente la pena, siempre habrá un proceso penal y una sentencia. Cuando se usó exitosamente en el 2001 y se legisló para tal fin, parecía una solución definitiva. Ya no lo es. Odebrecht, por ejemplo, condiciona toda colaboración a no ser juzgada, ni la empresa, ni sus funcionarios, en el Perú y qué, en un paso ulterior, se le permita seguir trabajando con el Estado como cualquier concesionario. Todo esto a cambio de información y, tal vez, de alguna compensación civil por daños.

El Estado no tiene herramientas para manejar legalmente esta situación, como si existen en Brasil, Estados Unidos o Suiza. Y las decisiones no serán fáciles. De un lado, nuestra vocación punitiva nos lleva a querer a todos presos. Corruptos y corruptores, funcionarios públicos o privados, empresa o persona. El problema es que para que algunos vayan presos otros tienen que hablar. No hay otra forma en delitos que no dejan un rastro fácil de seguir. ¿A quién se le da la ventaja? ¿Al funcionario privado de la empresa corrupta o al funcionario público que recibió la coima? Parece obvio que, si hay que premiar, será al primero que lo cuente todo.

En el caso de Odebrecht los primeros en hablar son ellos. Llevan la delantera y quieren hacerla valer en todas partes. El problema en el Perú es que una ley de inmunidad absoluta para empresas o personas requiere de un consenso, al menos entre Ejecutivo y Legislativo que hoy no existe. Cabe preguntarse ¿no es acaso una inmoralidad que una empresa que corrompió a varios gobiernos consecutivos salga sin pena alguna? ¿Por qué se tendría que permitir que siga operando en el Perú, gozando de las utilidades de concesiones que ganó pagando coimas? ¿No merecen acaso igual castigo que el corrupto? Que es una inmoralidad, lo es. No hay nada que justifique la conducta de una empresa como Odebrecht. Pero, ¿hay otra forma de atrapar a los funcionarios públicos cabecillas? Aparentemente, no. Y ¿hay disposición en el Congreso para aprobar esta nueva legislación? Hasta ahora, no.

¿No perseguir a quien es responsable de una actividad criminal si se espera obtener un mayor beneficio social de no hacerlo? ¿Perseguirlo de todos modos con pocas probabilidades de éxito? He ahí el dilema del Perú de estos días. Aquí, en Madre de Dios, y allá, en Lima, y en donde las decisiones siguen congeladas hasta Dios sabe cuándo, para frustración de todos, salvo de los criminales.

Columna publicada en el Diario La República el Domingo 4 de junio del 2017

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