Rosa María Palacios

Un blog de política independiente

8 enero, 2017

¿A cambio de qué?

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El Ministerio Público ha informado al país que la empresa Odebrecht ha firmado un convenio  para pagar, por ahora, 30 millones de soles y dar toda la información a la fiscalía sobre a quién soborno, por cuanto y por cuales medios. El convenio ha sido presentado como un triunfo, luego – dice la prensa – de una negociación ¡de 11 horas!, como si este fuera un tiempo infinito.

La verdad, no queda claro cuál es el beneficio para el Estado y la sociedad (las partes agraviadas) en este acuerdo. Al Estado lo defienden sus abogados, los Procuradores y ellos dirán posteriormente lo que tengan que plantear. Pero a la sociedad (todos nosotros) nos defiende el fiscal. No existe hoy en nuestras leyes la posibilidad de un acuerdo de colaboración eficaz con personas jurídicas. Estos están reservados sólo para personas naturales y debe intervenir un juez. El Ministerio Público no actúa solo. Entonces, ¿cuál es la base legal de este “convenio”?

No recuerdo ningún caso en que una persona jurídica, voluntariamente, se presente a reconocer los delitos que cometieron sus funcionarios y que a este acto se le dé la formalidad de “convenio”. Las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal – son juzgados sus representantes – pero sí tienen responsabilidad civil. Como tercero civilmente responsable, pueden ser embargados no sólo sus bienes, sino también los ingresos de sus concesiones, cosa que debería ser más urgente que cualquier otra y, hasta hoy, no hay juez que reciba el pedido.

No habría problema con una presentación unilateral de la empresa que, citada a declarar, informe sobre sus actos delictivos. Nada se lo impide y eso no requiere “convenio” alguno y menos pago adelantado.  En este caso, en lo que atañe al Perú y para efectos prácticos, es un “copiar y pegar” de lo que se haya declarado en Brasil, Suiza y Estados Unidos. Sin embargo, inevitablemente, esa misma información también llegará al Perú. ¿Cuál es el apuro entonces de Odebrecht – una empresa que ha mentido reiteradamente – en acelerar el proceso?

Odebrecht tiene en el Perú tres clases de obras. Aquellas que construyó y ya entregó en el tiempo; aquellas que construyó y están concesionadas en su beneficio; y aquellas que están en construcción y serán concesionadas en su beneficio. Sobre todas ellas tiene que determinarse cuánto y quién recibió sobornos. No veo por qué no se pueda investigar desde 1979 lo que parece una práctica sistemática. Sin embargo, es en el segundo y tercer tipo de obras donde ésta el interés de la empresa. Lo que no quiere es que se le obligue a liquidarse en el Perú. Necesita mantener sus negocios en marcha, no solo para pagar las multas que ya se le impusieron en otros países, sino para asegurar su supervivencia. La pregunta es, ¿eso le conviene a la sociedad peruana? ¿Es en el mejor interés de todos que esta empresa continúe como concesionaria de mega obras por 10, 20 o 30 años más?

La respuesta del Ejecutivo pareció ser un “no” rotundo por parte del Presidente del Consejo de Ministros. Tal vez quiso decir que Odebrecht está inhabilitada para participar, a futuro, en cualquier contratación con el Estado. Eso sería lo mínimo esperable. Pero, tal vez quiso decir – nadie lo sabe bien – que no será concesionaria en las obras que ya ejecutó o en las que tiene en marcha. Esta segunda opción, además de la pública confesión en los Estados Unidos sobre coimas peruanas por 29 millones de dólares, puede haber acelerado a la empresa a presentarse al Ministerio a solicitar un “convenio”.

El problema de los convenios es que implican un pacto. Yo te doy, tú me das. Nos queda claro que es lo que dará Odebrecht. Una suma que no cubre ni la tercera parte de lo que se tendría que decomisar a los receptores de las coimas e información ya proporcionada a otros Estados. Estas dos promesas tienen cuestionamientos. El primero es que a muchos nos parece que 29 millones de dólares en coimas del 2005 al 2014 es una cantidad ridícula para los beneficios obtenidos. ¿Tan barato es un funcionario peruano? Es vergonzosamente posible, pero improbable. Puede haber mucho más escondido y una investigación orientada sólo por el delincuente nunca será buena. Lo segundo es que la lista de nombres puede haber sido negociada, antes que con la fiscalía, con los receptores de coimas. La información que da el delincuente mentiroso puede ser útil, pero nunca es definitiva sino se corrobora.

Un pacto, donde Odebrecht dice que da. Pero da ¿a cambio de qué? El interés de la empresa está claro. ¿Qué puede haber ofrecido el Ministerio Público? Nadie lo sabe. En estos términos, la investigación no empieza con buen pie.

Columna publicada el domingo 8 de enero del 2017 en el diario La República

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