Rosa María Palacios

Un blog de política independiente

16 Octubre, 2016

Chequeo Médico

El caso Moreno presenta varios retos para el gobierno. No se trata sólo de sacudirse de un escándalo de corrupción que los ha dejado magullados. Eso dependerá de la pericia política del Presidente y su entorno que hasta ahora ha manejado el tema con desaciertos iniciales y aciertos posteriores. Sin embargo, lo que hoy plantea el caso Moreno, entre otras oportunidades de lucha contra la corrupción,  es una vía para socializar la urgencia de reformas institucionales que no abran la puerta a incentivos perversos.

Es un incentivo perverso que un policía reciba felicitación y ascenso por matar a un delincuente. Si esas son las reglas no tendremos un escuadrón de la muerte sino tantos como policías hay. Cambiar las reglas es entonces, urgente. Del mismo modo que la reforma policial, hay un camino para la reforma de salud.

Revisemos algunas cifras oficiales de la SBS y el Ministerio de Salud.  El SIS financia atenciones para 16.08 millones de personas. En Essalud se atienden 8.3 millones de peruanos.  En la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales 470,000 personas y en algunos sistemas de autoseguro unas 6000 personas más. Todo esto es el sector público. En el sector privado se atienden 2 millones de personas, pero sus seguros son diferentes. En las EPS hay 750,000 personas y en los seguros privados la minúscula cifra de 630,000 personas (un micro mercado donde el servicio es de elite pero, al ser tan pocos,  el costo es alto a pesar de la competencia entre ocho empresas). Si se le suman otros seguros prepagos (generados por las propias clínicas o con servicios específicos como OncoSalud) se añaden otras 620,000 personas. Las cifras añaden que hay 4.24 millones de peruanos sin ninguna cobertura pública o privada. Pueden ser clase media informal sin acceso a Essalud, personas de más altos ingresos que no desean pagar un seguro privado o pobres a los que no llega el SIS.

¿Cómo hacemos para que todos  tengan un servicio de salud de calidad? Primero anotar una distorsión evidente. El SIS es para los más pobres. Eso se suponía. Según esta data más del 50% de los peruanos están cubiertos por el SIS. Es evidente, a simple vista, que  por lo menos la mitad no califican como pobres. Pueden pagar parte de su atención y deben hacerlo para que el subsidio llegue a donde debe llegar. Si no es así, tenemos pacientes que podrían pagar y están saturando servicios ya deficientes, generando una peor atención para los más pobres.

Lo segundo es que la salud pública amplió su cobertura como era deseable. Eso, no se puede negar y es positivo. Pero no acompañó esta nueva demanda de servicios con más infraestructura, equipo, insumos o médicos.  La ley del médico cirujano le regala una jornada laboral de 6 horas. El sueldo es bajo, pero trabaja poco. Algo así como el 24 x 24 de la policía. Pero el médico que no tiene consultorio o no esta empleado en clínica privada tiene ahora un mejor empleador: el SIS. Es decir, el médico de la salud pública gana por planilla y luego de su jornada, si se queda atendiendo más pacientes, se le paga un extra según tarifario del SIS por número de atenciones. ¿Tiene sentido? Ninguno.

Miren el combo: pacientes no pobres y médicos mal pagados usando un subsidio público. ¿Cómo no va a ser un negociazo? ¿Cómo no van a tener una mina de oro? Es evidente que el sistema es perverso y crea estas situaciones. Es el sistema el que debe cambiar.

Transparentar el costo de cada atención es razonable para no subsidiar establecimientos y planillas cuando lo que hay que subsidiar es pacientes. Hasta ahí, razonable. Pero de los 1600 millones del SIS, sólo 80 millones se van en convenios a clínicas privadas, incluyendo pagos por estabilización en emergencias, lo cual es obligatorio por ley. ¿Y el resto? El grueso se va a subsidios directos a los médicos (de salud pública) en sus horas “no laborables”. Es decir el problema menor son las clínicas, cuyos convenios – se anuncia como si fuera la panacea – serán revisados. El problema mayor subsistirá sino se revisa lo que es un incentivo perverso para trabajar poco en la jornada laboral ordinaria y mucho en la que se ésta fuera del servicio, donde entra el dinero “por fuera”, que a diferencia del de los policías, no es abonado por un privado sino por el mismo Estado, que, a su vez, paga el sueldo del médico.

¿Quién va a desenredar este enredo? Eso es lo que tiene que explicar la Ministra de Salud a una sociedad que recibe del Estado un servicio de muy deficiente calidad. Por lo visto, más grave que la ausencia de fondos, es la ausencia de gestión de salud pública.

Columna publicada en el diario La República el domingo 16 de octubre del 2016

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