Rosa María Palacios

Un blog de política independiente

2 Octubre, 2016

Cayó el telón del Primer Acto

Ambas partes, gobierno y oposición, se declaran triunfadoras en la disputa por otorgar facultades legislativas. El gobierno dice estar satisfecho con lo otorgado para legislar y el fujimorismo insiste en que se ha “hecho política de verdad” porque ya no son “una mesa de partes”. Si todos son felices, pues deberíamos dejar el tema ahí. Sin embargo, hay de la mera observación de las últimas tres semanas, algunas lecciones políticas que sacar.

Primero, desde la orilla del gobierno. Paciencia, hay. De eso no queda duda. De lo que si no hay certeza es de cuanta es la capacidad de presión que ha logrado el Presidente del Consejo de Ministros sobre el fujimorismo. Como hemos anotado antes, el gobierno ha cedido puestos claves en estos dos meses de gestión al partido opositor sin obtener nada a cambio, hasta el jueves. ¿Valió la pena? No hay certeza y, en todo caso, no lo sabremos hasta que no estén los decretos legislativos promulgados y aplicándose (sobre todo en materia tributaria) el 2017. La medida de lo perdido sólo se puede comparar con la medida de lo ganado y esto ésta aún en el futuro siempre incierto.

Segundo, desde la orilla del fujimorismo se ve claramente que su rumbo ha ido cambiando conforme pasaron los días. Han insistido tanto el día jueves en que su rol no es “obstruccionista” que es evidente que están tratando de mitigar el impacto de una percepción ya extendida en la calle.  Es falso que su rol haya sido el de facilitar la legislación solicitada. El error de mandar el pedido a diez comisiones (algo jamás visto en la historia del Congreso), tener desfilando a Ministros por tres semanas, votar en algunas comisiones que no y en otras que sí, tuvo el objetivo de mostrar fuerza. Sin embargo, y dado que los pedidos del Ejecutivo responden a necesidades muy concretas, el paso de los días jugó en contra de los fujimoristas. Cuando el miércoles insinuaron que darían 30 días para legislar y que las normas tendrían que pre publicarse la paciencia del Ministro Zavala parecía haberse agotado. Súbitamente Miguel Torres cambió de actitud – tal vez entendió que la pita estaba por romperse – y con algunos cambios, se aprobaron las facultades.

Tercero, el parte aguas ha sido la Unidad de Inteligencia Financiera. Adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros no ha podido, en una década, producir toda la data que requeriría un fiscal eficaz para perseguir el delito de lavado de activos. No sólo necesita más personal. Necesita dientes y eso es lo que el Ejecutivo pretendía darle. La capacidad de entrar a todas partes, con el permiso de un juez anticorrupción, comprometido con la causa. El espectáculo que en esta materia ha dado el Apra y el fujimorismo ha sido lamentable y pagaran las consecuencias políticas. El impedir que los organismos electorales conozcan las fortunas mal habidas de candidatos – porque han hecho exactamente de eso prohibición expresa al Ejecutivo – significa que no quieren que los electores sepamos quien financia a estos partidos o que elegidos se sustentan en dinero ilícito. Es cierto que la presunción de inocencia garantiza a todos un juicio justo antes de una condena, pero como dijo Alan García “en política no se puede ser ingenuo”. Esta prohibición expresa, en un pedido de delegación de facultades, deja constancia, como nunca ha sucedido, de los pavores de la oposición.

Cuarto, la izquierda no sabe cómo colocarse en este Congreso. No encuentra su papel. Su respetable disidencia aún no encuentra forma de no parecer, a veces, tan obstruccionista como el fujimorismo o el aprismo y otras veces, tan oficialista como el gobierno. Han pasado sólo dos meses, poco tiempo, es verdad, pero aún no encuentran donde colocarse y eso la deja “fuera del área” de juego. Ha pasado, otra vez, en esta ocasión.

En toda esta discusión de recorte de plazos, pre publicaciones y otros supuestos controles políticos al Ejecutivo, el fujimorismo parece olvidar que tiene el arma más potente de todas. Si no le gustan los decretos legislativos, lo derogan en el día. Así de simple. Tienen mayoría absoluta y pueden usarla como quiera. ¿A que le temen? ¿A que una norma popular tenga éxito y el crédito se lo lleve el Ejecutivo? ¿A que a esas alturas ya no puedan derogarla?

No creo que ninguna de las partes involucradas tenga mucho que celebrar después del primer acto. Cayó el telón y no hay aplausos. Tal vez, algo de alivio.

Columna publicada en el diario La República el domingo 2 de octubre del 2016

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