Rosa María Palacios

Un blog de política independiente

5 julio, 2016

Segunda parte de una carta larga

Ilustración: Guillermo Figueroa

Hace unos días en este blog publique una larga carta explicando algunos aspectos legales y fácticos a tener en consideración en la denuncia penal contra los periodistas del equipo de Panorama. No creo que todos los lectores los entendieran en su momento, pero el paso de los días esta ayudando a entender las complejidades de este caso.

Lo primero que le recuerdo a cualquier investigado, procesado o condenado, de los  que se han acercado a mi en los últimos quince años, es que – a diferencia de lo que se cree – los procesos no se ganan en los medios. Esa subestimación del fiscal y del juez como agente de justicia lleva al error de creer que a punta de periodicazos puedes obstener una resolución favorable. Grave error. No bastan solidaridades – que pueden ser bastante hipócritas como hemos visto -, lo que se necesita siempre es una buena defensa legal y una línea de argumentación que convenza al fiscal de archivar o al juez de absolver.

No me agrada ser yo la que explique estas cosas. Más sencillo sería poner un tuit o escribir una columna furibunda mostrando mi «mas absoluta solidaridad con los periodistas denunciados por un gobierno autoritario y corrupto». Y listo ¿no? Pero no estaría haciendo mi trabajo, ni siendo de verdadera ayuda para quienes necesitan una mano, no solicitada, pero mano al fin. El caso es ahora mas grave y necesita mejor defensa aún.

¿Venganza presidencial?

El domingo pasado me llegó una información importante sobre el caso Panorama. El reportaje cuestionado, emitido el 13 de abril, había sido objeto de debate el 12 de mayo, en una sesión secreta  y conjunta de las Comisiones de Inteligencia y Defensa a la que asistieron 12 congresistas. Recordemos que la denuncia penal contra los periodistas se interpuso el 13 de mayo por violación del artículo 330 del Código Penal, «Revelación de Secretos Nacionales». En esa sesión secreta, el Ministro expuso la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la inteligencia de campo en el VRAEM, debido a la sustracción de un informe secreto de rendición de cuentas de pagos varios (mes de noviembre del 2015) que había hecho que se identifiquen a «colaboradores» del ejercito en la zona a través de un reportaje de Panorama.

Mi fuente me indicaba que varios congresistas de oposición habían respaldado y hasta exigido al Ministro que denuncie de inmediato. Nada se votó, es cierto. Pero los presentes conocían del problema suscitado por el reportaje luego de la detallada exposición del Ministro de Defensa. Algunos se callaron, otros se preocuparon por la sustracción (una falla grave del sistema) pero otros exigieron que se denuncie a los periodistas. De hecho, al día siguiente, así lo hizo el Ministro. Como hemos explicado, no hacerlo le hubiera acarreado a él y a su procuraduría una denuncia  por «omisión de denuncia». Conociendo ahora la predisposición de los congresistas de oposición, se entiende el apuro por hacerlo de inmediato, ante de ser él, el denunciado.

El domingo no muchos me creyeron cuando conté esto en twitter. El Congresista Benitez pidió, ante mi requerimiento, que se  levantará el secreto de la sesión para poder ver las distintas posiciones. Pero reconoció que tal sesión existió. El lunes, el Congresista Tubino se excusó conmigo, vía twitter, de dar explicaciones por el carácter secreto de la sesión. Pero no negó su existencia.

De otro lado, la congresista Cuculiza se río de mi información ayer lunes en radio Exitosa y la negó toda. Hoy, ya no se reía cuando Diario  Exitosa publicó un extracto del texto de la versión transcrita de la sesión secreta. No se puede publicar todo – por justificadas razones legales que hace bien su director, Juan Carlos Tafur, en cautelar – pero si lo suficiente como para ver el entusiasmo de los congresistas Cuculiza, Tubino y Beingolea para que se denuncie a los periodistas de Panorama.

Cuculiza ha pedido disculpas, Tubino ha dado explicaciones. Lo cierto es que han dejado en ridículo las solidaridades de su líder Keiko Fujimori con los periodistas, expresadas, también vía twitter.

Los demás congresistas se han apurado en dar otras explicaciones atendibles. Reitero, es cierto que no se votó y es cierto que no todos pidieron denunciar a los periodistas. Sin embargo,  no pueden alegar que desconocían el tema porque estuvieron presentes. Las solidaridades de políticos expresadas con los periodistas dejan un mal sabor y estamos advertidos de ellas.

Tal vez la congresista con más mala suerte es Marisol Pérez Tello. Hable con ella. No pertenece a la Comisión. Nunca había ido a una sesión hasta que fue a la anterior a la del 12 de mayo porque había presentado un pedido al Ministro de Defensa y éste no le contestaba. Estuvo en la sesión del 12 de mayo para reclamarle por algunas de sus respuestas por escrito. Y encima llegó tarde.

Lo cierto es que la tesis de la «venganza de Palacio» luce bastante disparatada si se contrasta con los ímpetus sancionadores de los congresistas de oposición. ¿Qué Ministro va a ir a contar al Congreso su «maquiavélico» plan de destrucción por encargo de la Primera Dama? Lo que ahí sucedió fue lo que era inevitable. Hay un grupo de congresistas que cree que lo que se publicó no debió publicarse. Sabe que es impopular decirlo y nunca se imaginaron que la sesión secreta se haría pública.

Sin embargo, papelonazos políticos dejados de lado, hay otros temas jurídicos en esta historia mas relevantes.

El peculado

La razón justificatoria para revelar la identidad de unos supuestos falsos colaboradores es el mal uso del dinero en el VRAEM.  Frente a la prohibición lógica de no revelar la identidad de un «soplón» se enfrenta la necesidad pública de evitar la corrupción. En eso, hemos dicho, pesa más la segunda. Por eso, el ejercicio de la libertad de prensa permite a los periodistas revelar secretos que, bajo un sello  ocultan un delito. Es el común sentir que el dinero del Estado se usa para otra cosa (malversación) o es apropiado por los funcionarios del Estado (peculado) pero no basta con creerlo firmemente, o tener referencias de casos pasados. Hay que probarlo, en cada caso.

El informe de sustentación de gastos para inteligencia del mes de noviembre del 2015 (49,000 soles como monto total) por si sólo, demuestra poco. Es un original, robado de un cuartel, probablemente en un ajuste de cuentas interno, por alguien que no vio satisfechas sus expectativas. Dudo de sus afanes moralizadores. Pero el interés de la fuente – que siempre lo tiene – puede ser irrelevante si se lucha contra la corrupción. Ejemplos, hay muchos. Sin embargo, el informe sustraído puede tener vicios administrativos, como repetir declaraciones o confundir identidades que pueden justificarse en la necesidad de proteger a la fuente, pero reitero, por si sólo vale poco.  Dicho sea de paso un soplón no consigue sus datos en misa. Tiene que ir a sitios adonde va gente vinculada al narcotráfico como burdeles, discotecas o restaurantes caros de la zona. Tiene que hacerse pasar como uno más. Y no en todos estos lugares dan factura, como es obvio. Es un trabajo paciente, peligroso y solitario. Y su única protección es la clandestinidad.

Lo importante y revelador del informe periodístico de Karina Novoa es que tres personas, a cara descubierta, afirman no ser soplones del ejército. Lo niegan todo y con eso el informe sustraído adquiere valor probatorio. El peculado se fundamenta en que se dice que se pagó lo que nunca se pagó. Por tanto la denuncia de corrupción permite violar el secreto, pues tal identidad protegida nunca existió.

Los testimonios

Mi fuente – que ha probado ser confiable –  asegura que las personas que declararon para el reportaje están fuera de la zona del VRAEM y por ello puedo contar esta historia sin ponerlas en peligro, cosa que debe ser nuestra primera preocupación.

No puedo dar nombres, pero dos de los tres presentados en televisión ya fueron interrogados tanto por el Ministerio Público como por la jurisdicción militar policial , que esta haciendo su propia investigación interna sobre el posible peculado y la sustracción del informe. Ambas personas afirman haber recibo pagos pero haberlo negado en cámaras por el temor de ser identificadas.  Si algunos otros, mencionados en el informe, se negaron a declarar, ¿por qué lo hicieron ellos? La respuesta en ambos casos fue que por miedo. Creyeron que igual los iban a identificar y preferían negarlo todo y así salvarse.

Falta recoger un testimonio más. Si se confirma el mismo esquema, se cae abajo la acusación de peculado. Esto es grave para la situación de las periodistas. Pero aún así, tienen una vía para que el fiscal archive este caso.

¿Qué viene ahora?

La defensa de las periodistas tiene que fundamentar el archivamiento del proceso en que no hubo dolo. Es decir, no existió la conducta intencional de revelar el secreto de la identidad de los colaboradores de inteligencia del VRAEM.  Nos guste o no nos guste, la lista de soplones del Ejercito si es un secreto nacional.  Desde ese reconocimiento se puede alegar que se actuó de buena fe, creyendo que el material entregado por la fuente y el dicho de ésta, además de los testimonios recogidos, llevaron a error, reitero, de buena fe, en la búsqueda de un fin superior: la lucha contra la corrupción.  El error no puede generar una sanción penal y mucho menos una con penas tan severas (hasta 15 años) como la que se ha denunciado.

Espero que esta línea de argumentación sea útil. Este proceso no se va a archivar durante este gobierno y si se llegará a acusar – que espero no suceda – será en uno o dos años. ¿Habrá ese día solidaridades hipócritas? ¿Espirítu de cuerpo? Por experiencia propia se los digo, no lo creo. Si el Ministerio Público no archiva dentro los próximos seis meses, con otro gobierno – que no puede meterse en el asunto como ya lo he explicado – la situación será muy grave para las periodistas. Espero tomen conciencia de la situación y apliquen sus mejores esfuerzos para lograr salvarse. Esto creo, les sirve más que falsos abrazos.

¿Qué lecciones debe sacar  las Fuerzas Armadas?

Aquí hay dos problemas. El primero, recuperar, poco a poco, un sistema de inteligencia en campo que con paciencia,   registre información relevante en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Los recursos del narcotráfico son ilimitados. Los del Estado, como hemos visto en noviembre del 2015, llegan a 49,000 soles mensuales. La lucha es desigual, pero no queda otra que continuarla con más recursos.

El segundo problema es diseñar un esquema de rendición de cuentas. No basta la confianza porque, lamentablemente, experiencias históricas la han destruido pero si debe haber cierta flexibilidad para la protección de estos colaboradores. Garantizar su anonimato es clave, sean o no sean miembros del Ejercito. Algunos suboficiales tienen habilidades para la infiltración y se les da recursos para ese fin. Con mayor razón deben estar protegidos por el Estado. Finalmente, ellos son los que se juegan la vida por todos nosotros.

 

 

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