Rosa María Palacios

“La ley es la ley” es la muletilla que algunos han venido repitiendo durante esta campaña para justificar tachas y exclusiones a candidaturas. Si supieran algo más de la ley, no repetirían  con tanto entusiasmo un argumento falaz para excluir candidatos de un proceso electoral. Porque si “la ley es la ley” coloquialmente, el principio universal es que “todos somos iguales ante la ley”.

Acuña fue excluido del proceso por un artículo incorporado en el debate de la reforma de Ley de Organizaciones Políticas el año pasado y publicado el 17 de enero. Una ley que no tiene otras sanciones de exclusión, salvo por mentir en la hoja de vida y hoy, por clientelismo.  Una ley, que no tiene sanción real alguna, ni pérdida de inscripción, ni exclusión, ni delito tipificado, por manejar el financiamiento en negro.

Así, tenemos una ley coja de sanciones con una norma draconiana injertada– nadie recuerda quién la incluyó  – que no admite gradualidad alguna. Si regalas un sol o un millón, da lo mismo. Estás fuera. Sólo puedes dar artículos de propaganda de costo menor, hoy, a S/19.50. Nada más.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) tratado supranacional con plena aplicación interna, de mayor jerarquía que la Ley de Organizaciones Políticas o la Ley Orgánica de Elecciones, establece en su artículo 23 que todo ciudadano tiene derecho a votar y ser elegido. Pero agrega: “la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades (..) exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o por condena por juez competente, en proceso penal”.

La Convención es de 1969, pero ya en ese entonces, la experiencia comparada mostraba varias pantomimas electorales que buscaban un ropaje legal para excluir candidatos y terminar con una “elección” de candidato semi único. Del mismo modo que la Ley Orgánica de Elecciones del Perú admite tachas solo por razones restringidas al candidato, la Convención busca la mayor participación democrática posible, evitando el uso de la ley para derrotar al adversario en un tribunal y no en las ánforas. En estas elecciones, el JNE ésta haciendo exactamente lo contrario.

¿Es malo el clientelismo? Es un pésimo sistema. Primero banaliza el voto, luego lo corrompe. Es tan malo como tener dinero del narcotráfico en una campaña. Pero en ambos casos el punto central es la que Convención permite sanciones a los partidos más no a las personas. Los candidatos están protegidos. Ese es el principio universal. Esa es la ley. Y esa es la forma de legislar y aplicarla, como se hizo en la Ley Orgánica de Elecciones.

La exclusión de candidatos – aunque el clientelisimo  sea detestable– no es posible dentro de la Convención. Guzmán (irregularmente tachado por faltar a la “democracia interna”)  debería seguir en la cédula, con la sanción correspondiente, si cabe, a su partido y Acuña también, con las reprimendas económicas o penales (si se hubieran reformado los delitos electorales). El JNE ha fallado el caso de Guzman 3 a 2 y el de Acuña, por unanimidad, en sentido contrario a la Convención.

Con este antecedente, ¿ésta Keiko Fujimori al borde de la exclusión? Si siguiéramos estrictamente el criterio del JNE para excluir a sus adversario, estaría afuera. No cabe duda. No necesita ni que el dinero sea suyo, ni “tocarlo” (¿Qué dinero tocó Acuña?). El  ya famoso artículo 42, – el aplicado a Acuña-  dice: “Las organizaciones políticas, en el marco del proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega, promesa, u ofrecimiento de dinero, regalos, dadivas u otros obsequios de naturaleza económica de manera directa o a través de terceros …” La multa a la organización es de 100 UIT. Pero luego la prohibición se extiende al candidato con la sanción de exclusión, sin atenuante alguno.  ¿Fujimori entregó un dinero a través de un tercero en un acto proselitista el 14 de febrero con ella presente? Sí. A mismos hechos, misma sanción. Y aunque traten de reinventar los hechos o esconder los videos, ahí ésta, brillante, la verdad.

¿Sacará el JNE a Fujimori de carrera? Si no lo hace, el fraude está probado porque el favoritismo eliminará de plano  el principio universal de igualdad. Si lo hace, el proceso seguirá viciado, con mayor profundidad, por el incumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, ahora en tres casos. ¿Las consecuencias? En cualquier caso, un gobernante elegido bajó la sombra de la ilegitimidad que probablemente tendrá que convocar a elecciones antes de que termine su mandato.

Columna publicada en el Diario La República el domingo 20 de marzo del 2016