Rosa María Palacios

Todo el mundo sabe que la exploración petrolera es un negocio indispensable pero de altísimo riesgo. Como nadie tiene ojos para ver lo que hay 3,000 metros bajo la tierra hay que usar las armas que la geología y la tecnología ofrecen. Aun así, pese a todos los esfuerzos técnicos, se puede meter 10, 20 o 50 millones de dólares en un pozo seco. Dinero enterrado en la nada.

Es por eso que el Estado no debe asumir un negocio de tan alto riesgo. Todos creen que las ganancias se socializan pero nadie recuerda que las perdidas, también. Si el Estado pierde 50 millones en un pozo seco lo pierde todo el erario nacional. Y con un pozo no has hecho nada. Tienes que hacer decenas de pozos hasta encontrar un hallazgo como los que se dieron durante el gobierno militar y que justificaron la construcción del Oleoducto Nor Peruano. Eso, no ha vuelto a suceder por una pésima política de promoción de la exploración desde hace ya 40 años en la que se invita a los inversionistas para luego llenarlos de requisitos que hacen inviables los proyectos. Hoy, toda, absolutamente toda la exploración esta parada y miles de puestos de trabajo perdidos. Y nadie dice nada.

Ahora, y es natural que así sea, las voces de la izquierda estatista quieren que Petro Perú vuelva no a la exploración (felizmente) sino a la explotación. La izquierda tiene como modelo económico, en mayor o menor medida – dependiendo de cuan socialista es el socialista- el que Estado sea dueño de los medios de producción. En el Perú es una pésima idea y la historia económica lo demuestra con millones de dólares en pérdidas, clientelaje político a través de puestos de trabajo, directorios como botines de guerra del partido de gobierno, utilización del aparato empresarial del Estado para campañas políticas. Males que ya conocemos, pero desde una óptica de izquierda son inexistentes o irrelevantes. Por ello su demanda es al menos consistente. Piden una estupidez, es verdad. Pero al menos es una estupiez coherente con las demás estupideces que reclaman.

Lo que es inconsistente es que las bancadas de los partidos políticos que ya gobernaron voten a favor de la participación de Petro Perú en la explotación petrolera de un lote viejo, muy explotado y que Perú Petro fue incapaz de colocar en una licitación en el mundo: el lote 192 en Loreto. Esos gobiernos, liquidaron a Petro Perú en la exploración y en la explotación, la sacaron definitivamente de ella porque ésta también tiene riesgos y muy altos. El precio del petróleo es volátil. Hoy puede estar a 100 dólares el barril y mañana a 50 dólares y tienes que seguir bombeando el pozo sin parar. Es un negocio para grandes corporaciones con buenas espaldas financieras o grandes aventureros dispuestos a perderlo todo o ganarlo todo. Un negocio del cual, además el Estado saca una tajada inmensa sin mover un dedo a través de regalías e impuestos a las empresas así como IGV e ISC a los combustibles que todos usamos.

Para calmar las ansias explotadoras, se abrió una pequeña ventana a PetroPerú. La famosa “Ley Talara” que, además de permitir la modernización de la refinería, permitía a la empresa estatal entrar en la explotación en tanto que no existiera riesgo patrimonial para Petro Perú. Pero la ventana era muy estrecha para que el Lote 192 pasara por ahí. Así que ahora se necesitaba una ley. Lo curioso, es que la ventanita si permite la explotación del lote 64 donde Petro Perú, que tiene el contrato hace más de un año, está a la espera del Decreto Supremo que tiene que firmar el Ministro de Economía – desde hace meses de meses en su despacho – para poder asociarse con otra empresa, escogida por un banco de inversión y calificada por Perupetro, la cual está dispuesta a financiar el proyecto. Y nadie hace nada por pura incompetencia estatal.

Mientras tanto, en Iquitos, la agitación popular por el regreso de Petro Perú amenazaba al propio oleoducto con actos de violencia. Petro Perú es reclamado en la zona por dos razones. La primera – por más extraña que parezca si se ven los pasivos ambientales dejados por Centromin Perú en el centro – es que la gente cree fervientemente que la empresa estatal “contamina menos” que la privada. Esto, porque la estatal no se va nunca y la privada, sí. A pesar de que se ha explicado la legislación actual sobre cierre de operaciones y pasivos ambientales, pocos la creen. Los pasivos de Occidental, que a su vez heredó Pluspetrol, hasta hace pocos días operador del Lote 192, son un tema central.

La segunda razón es que la empresa pública da empleo a los del partido de gobierno, sea nacional, regional o local. Esa, de la que se habla poco, es una razón poderosa para que las zonas urbanas se unan a la protesta de las zonas rurales.

Si el Estado no conseguía un operador para el Lote 192 y el 1 de setiembre los pozos se cerraban era muy poco ya lo que iba a transportar el oleoducto. Así de dramática ha sido la situación generada por la dejadez e incompetencia del propio Estado. Entonces, se contrató a una empresa privada con experiencia en selva, por dos años, mientras se organiza una nueva licitación. Pacific comenzó a operar el lote esta semana y los pozos no pararon de bombear.

Pero, frente a la presión loretana y ad portas de un proceso electoral, el Congreso, por ley, esta noche le dio el lote 192 a Petro Perú con el voto de los fujimoristas, apristas, peruposibilistas y todos los que se opusieron – con muy buenas razones – durante sus gobiernos a tremendo acto de demagogia. Ahora son “pro empresa estatal”. De verlo y no creerlo.

El Congreso ha intervenido un contrato – ya firmado por dos años – por ley. Ha cometido un acto inconstitucional y el Presidente Humala está, otra vez, frente a una encrucijada. Su deber jurídico es observar la ley y devolverla al Congreso. Pero sería muy impopular en Iquitos y la protesta sería una nueva derrota política. Si observa el proyecto, lo más probable es que el Congreso lo apruebe por insistencia.

Si Humala fuera otro Presidente (no lo es, ni lo será nunca) los denunciaba a toditos por infracción de la Constitución utilizando el artículo 99 y el 100 de la misma. Sería entretenido ver como se defienden de una inhabilitación. Pero sin los votos, ni lo intentará. Lo otro es que el Estado repita contra los congresistas que votaron como personas individuales por los daños y perjuicios ocasionados por la millonaria demanda que podría afrontar. Eso, también sería digno de verse.