Rosa María Palacios

Un blog de política independiente

25 agosto, 2015

Lo escrito, escrito ésta.

Foto: La República

Hace mas de un año escribí estas columnas para Exitosa Diario sobre el caso de narcoindultos. Las transcribo integras porque creo que son bastante didácticas. Su contexto nos refresca la memoria,  hoy que el juicio oral ésta en marcha y los testigos hablan de coimas para obtener rebajas en las condenas

Sólo hay una pregunta para Alan García. Una pregunta que se niega contestar. Si fuera Presidente el 2016 ¿lo volvería a hacer todo igual? ¿Conmutaría penas a narcotraficantes? ¿A un tercio del total de sentenciados del Perú? ¿Si o no?

 

Narco indultos para dummies

Las acusaciones de carácter familiar contra Sergio Tejada tuvieron como fin sacar de la discusión pública los informes de la Mega Comisión. No tenemos porqué unirnos a fines tan maquiavélicamente organizados. Por ello es hora de recordar que está en juego en cada uno de los casos bajo investigación.

Durante el gobierno de Alan García este utilizó la facultad constitucional del indulto y la conmutación de pena como política de destugurización carcelaria. Así, más de 5000 sentenciados recibieron algún beneficio. Los reos sin sentencian son, en números gruesos, el 70% de la población penal. El otro 30%, los sentenciados, solicitaron casi en su totalidad una gracia presidencial. De esos, un tercio lo obtuvieron.

¡Un tercio! ¿Pone la Constitución algún límite a la facultad presidencial de indultar? Ninguno. Pero se presume una facultad excepcional y extraordinaria. Si de cada 3 sentencias, el Ejecutivo va a variar una, ¿para qué sirven los jueces? Sin embargo, un uso indiscriminado probaría falta de criterio presidencial más no una infracción constitucional.

Las acusaciones van por otro lado. Primero, la existencia de una red de corrupción enquistada en el Ministerio de Justicia que cobraba por estos privilegios. Miguel Facundo Chinguel ya está siendo procesado en cárcel por esta causa y no se sé sabe que tan alto llegarán las condenas, si las hay. Segundo, que los beneficios de conmutación han sido otorgados a narcotraficantes cabecillas de organizaciones. No sólo a humildes burriers. Y estas conmutaciones (porque el indulto a narcos de alto vuelo está prohibido) lograron sacar de la cárcel por la puerta falsa, con menos años de pena, a bandas que no debieron salir jamás. Y tercero, que la “destugurización” no parece ser el objetivo real cuando se comprobó que se conmuto penas a sentenciados ya en libertad.

Eso es, en apretadísimo resumen, lo que está en juego. El Congreso decide.

Lima, 20 de marzo del 2014

Narcoindultos: al filo de la navaja

El debate sobre el primer informe de la Mega Comisión pondrá en discusión pública un asunto esencial a la democracia: ¿Cuáles son los límites a la discrecionalidad del Presidente en el uso de las facultades que la Constitución le otorga?

El Presidente puede hoy, con los límites que la ley impone, indultar y conmutar penas. Si no excede las prohibiciones legales y los reglamentos vigentes su facultad no tiene más límite que su voluntad. Alan García indultó y conmutó penas a un tercio de los sentenciados del Perú modificando miles de sentencias. ¿Podía hacerlo legalmente? ¿A tantos? La respuesta es que legalmente eso es posible.

¿Es conveniente otorgar estas gracias a cabecillas narcotraficantes? El sentido común y la sensatez política dicen que no. Pero carecer de sentido común no es delito. Tendría que probarse que por la vía de la conmutación (rebaja de años) se estaba otorgando indultos encubiertos, estos sí, prohibidos por la ley para las formas agravadas de narcotráfico y otros delitos. Eso, creo, es lo más delicado de lo que ésta en juego.

Tampoco parece razonable el argumento de la defensa de García señalando que lo que se buscó fue un programa para acabar con el hacinamiento de cárceles cuando el 70% de reos no tienen condena y por tanto no son susceptibles de solicitar el beneficio. Menos que Dios le dictaba las resoluciones cada noche.

Es evidente que un número tan amplio de beneficiados genera incentivos a la corrupción y por eso se ésta investigando la venta de indultos y conmutaciones en el caso de Miguel Facundo Chinguel y otros asociados. Sin embargo esta imputación no alcanza al propio Presidente García. Del material acopiado no se extrae aún esa conclusión.

Es posible también que se debata el alcance del artpiculo 8 de la Constitución que exige al Estado el combate al narcotráfico. Pero es difícil que eso solo baste para una inhabilitación.

Lo que es una pena es que el ex Presidente haya centrado su estrategia en las meras formalidades y no en responder las razones de fondo que lo llevaron a tomar decisiones tan poco justificadas. Si finalmente participa en las elecciones del 2016 la pregunta obligada será: ¿volvería usted a hacerlo?

Lima, 17 de Junio del 2014

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