Rosa María Palacios

Un blog de política independiente

11 Junio, 2015

Escándalo, pero muy poco para una acusación: Toledo y García.

En el año 2009 la Policía de Federal de Brasil en una operación llamada “Castillo de Arena” incautó en las oficinas de la empresa constructora Camargo Correa material importante, computadoras, USBs, etc. que probarían una serie de operaciones ilegales. Entre ellas el repartó de coimas. La documentación incautada a Carlos Fernando Namur, Director Superintendente de Infraestructura Nacional y Petro Giavina, consultor y ex Director resultó de importancia para el Perú en relación a coimas vinculadas con la carretera interoceánica sur durante su ejecución en dos gobiernos.

En un documento fechado el 23 de mayo del 2006 apareció, a mano, el apellido Toledo. Este documento acreditaba una transferencia fraccionada de 106,994 dólares a través del Citibank de Londres. Pero en otro documento sobre “Capiles”  –  palabra que quiere decir propina o coimas en portugués – se estableció que la Interoceánica Sur tendría un costo en coimas de 3% a la firma del contrato, es decir 5,411, 207 dólares y, además, otros adicionales 901,868 dólares serían destinados a JR, personaje indeterminado.

Mas adelante se encontraron pagos mensuales durante  el gobierno aprista, a razón de 175,00 dólares por 6 meses entre julio y diciembre del 2007 cuando la empresa ejecutaba el Tramo 4 de la interoceánica, sumando 1,050,000 dólares.

Lo primero que llama la atención es,  ¿por qué si esta pesquisa policial es del 2009 recién nos enteramos el 2015?

El portal Web Convoca.pe fue el que soltó esta información para los peruanos. Su principal fuente es el informe de 280 paginas de la Policía Federal de Brasil y la información del portal de investigación periodística a profundidad BRIO, el que a su vez ha hecho una investigación en varios países de América Latina sobre la expansión, a través de préstamos a compañías constructoras, de los intereses del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) del Brasil, banco que, siendo del Estado, se constituyó en el brazo de la política exterior brasilera en los gobiernos de Lula y Dilma y al cual le ha salpicado el escándalo de corrupción en el Brasil relacionado con Petrobras.

Esta tarde se emitieron dos comunicados de interés para el caso. El primero, de la Dirección Política del Apra. El segundo de la empresa constructora brasileña Camargo Correa.

El comunicado aprista es muy curioso. Pide que la fiscalía cite a Petro Giavina para que confirme las coimas pagadas al gobierno de Toledo. Punto. ¿Del periodo aprista? Ni una palabra. Deja entrever que, si hubo coimas al gobierno de Toledo, estas se pagaron hasta el 2007.

http://es.scribd.com/doc/268393311/COMUNICADO-DIRECCION-POLITICA-10-DE-JUNIO-2015-pdf

El Comunicado de Camargo Correa es más interesante y puede ser la explicación de porque sabemos tan poco hasta hoy sobre este asunto. La empresa impugnó la pesquisa policial del 2009 y logró que se declaré nula el 2011. En segunda instancia, la empresa volvió a ganar el 2015 logrando su archivo definitivo. El informe de la Policía de Federal de Brasil no tiene ningún valor judicial en Brasil. No conocemos las razones técnicas de esta decisión judicial pero no cabe sino lamentarnos del resultado.

¿Qué puede hacer la Fiscalía y Procuraduría peruana? En estos momentos, con tan escaso liderazgo, no mucho. Ya abrió investigación preliminar y solicitará algunas actuaciones pero tendría que contarse no sólo con la colaboración de la Policía y Fiscalía brasileña. Lo mas importante es que alguien quiera hablar. Sin ese factor clave – como en el caso de la FIFA recientemente, y tantos otros en el pasado – es imposible jalar el hilo de la madeja.

La pesquisa policial puede ser declarada invalida como prueba en Brasil. Pero en el Perú, puede ser incorporada como documento a la investigación. Sin embargo, no bastaría para una acusación que necesita individualizar investigados, actos y montos recibidos. Sin testigos, imposible. ¿Se les puede ofrecer los beneficios de la colaboración eficaz? Por supuesto.

Por ahora, el manto de duda es el mismo que hemos tenido siempre y, en general, sobre las empresas constructoras brasileras en el Perú.  Pero un prejuicio, ciertamente, no alcanza para una acusación fiscal.

 

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