Rosa María Palacios

Un blog de política independiente

10 Junio, 2015

Tres cosas que NO sirven en Seguridad Ciudadana

Como algunas otras personas – más entendidas que yo en estas materias – me he opuesto y me opongo a medidas que en materia de seguridad ciudadana suenan al oído muy bien y terminan aplicándose con pésimos resultados.

Es verdad que estamos hoy  todos hartos del estado de las cosas. Te asaltan hasta en sitios tradicionalmente seguros, el robo es cotidiano, el asesinato y sicariato cada vez mas común. ¿No debe hacer algo el Estado,  además de obligarnos por las circunstancias, a seguir gastando en nuestra propia seguridad?

Una democracia le entrega al  Estado el monopolio de la fuerza.  No podemos hacer justicia por mano propia. El Estado tiene, por tanto, el deber ineludible de cumplir su rol.  Pero, si no lo hace bien,  la desesperación tampoco es buena consejera. Lo mas fácil siempre termina mal en este caso. ¿Cómo sabemos que termina mal?

Aquí se los cuento.  Tres  medidas populares pero inútiles contra la inseguridad ciudadana.

1. No funciona la pena de muerte:

A los demagogos, de aquí y de cualquier parte, les encanta ofrecer la pena de muerte para casos que racionalmente causan repulsión. Violadores y asesinos de bebes y niños; asesinos salvajes de ancianos; secuestradores y homicidas de personas indefensas; sicarios adolescentes. ¿Suena bien? Claro que suena bien. El 70% del país pide mano dura. Todos queremos que estos crímenes atroces desaparezcan. Entonces, ¿por qué no?

Primeros vamos a las consideraciones prácticas y luego a los inmensos obstáculos legales.

¿Quien va a ordenar la pena de muerte por los delitos que se determinen en la ley? El Poder Judicial. ¿Este Poder Judicial? ¿Se imaginan el margen de error que nuestros jueces pueden tener para aplicar una pena irreversible? En sistemas judiciales mucho mas consolidados que el nuestro el estudio de la aplicación de la pena de muerte conduce siempre a encontrar un número de casos en que los ejecutados eran inocentes. ¿Se puede hacer algo? Nada. El inocente ya esta muerto.

¿Quien va a ejecutar la pena? ¿Un pelotón de fusilamiento? No se usa ya. La horca es barata, pero de país del tercer mundo. Tendríamos que crear un Centro de Ejecución dentro de los penales, con inyección letal. Es decir, un cuerpo de verdugos. Suena mal sólo de pensarlo. ¿ Y a cuantos va a ejecutar al año el Estado? A muy pocos. Esto no es Asia o Medio Oriente. Los jueces demoraran sus fallos por años antes de ordenar una ejecución. Y cuando la ordenen desfilaran por los medios de comunicación los familiares reclamando inocencia o diciendo que la persona que asesinó, violó o secuestró hace 10, 15 o 20 años ya no es la misma persona. Y habrá llantos y pedidos de clemencia e indulto.

Los mayores delitos en el Perú se han perpetrado dentro de organizaciones criminales. Terroristas y narcotraficantes son sentenciados en banda. ¿Vamos a hacer ejecuciones grupales? ¿Se pueden imaginar el impacto negativo? Por que una cosa es decir que quieres ver a todos muertos y otra verlos morir legalmente a manos del Estado.

¿La ejecución de unos pocos es disuasiva para muchos? No lo es. En los Estados Unidos, en aquellos Estados con pena de muerte, el crimen horrendo no desaparece. Hay estudios que sostienen que se reduce. Puede ser. Pero no desaparece. ¿Por qué? porque el mal esta dentro de la naturaleza humana. No se detiene al pedófilo con una futura e incierta pena de muerte. Igual abusará del niño. Esta en su naturaleza hacerlo. Hay otros medios mas eficaces.

Vamos ahora a los inmensos obstáculos legales. En el Perú, para todo efecto práctico, esta abolida la pena de muerte desde la Constitución de 1979. Solo se admite en un caso: traición a la patria en caso de guerra exterior. ¿Hay guerra? no. Entonces, no hay pena de muerte. Se amplio en la Constitución de 1993 para terrorismo pero jamás se pudo legislar.

¿Por qué no se puede volver a instituir cómo en el pasado? Porque el Estado Peruano es signatario del Pacto de San José o Convención Interamericana de Derechos Humanos vigente para nosotros desde 1980. Este pacto obliga a los Estados a que, en materia de pena de muerte, cuando ésta es abolida parcial o totalmente, ya no se pueda restituir para esa parcialidad o totalidad.

Tendríamos que denunciar el Pacto – camino largo – y salirnos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos dejando en la indefensión a miles de peruanos que ya han recurrido a él y seguirán recurriendo ante las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron – que difícil es aprender ¿no? – y seguirán ocurriendo en el Perú. No es viable. Punto. Y los demagogos lo saben bien.

2. NO funciona usar a  las Fuerzas Armadas para el control del orden público de manera permanente:

Los soldados están entrenados para matar enemigos. Esa es su misión en caso de guerra exterior o en la defensa de las fronteras del Perú. Eso es lo que saben hacer y lo hacen muy bien cuando ha tocado hacerlo.

A veces, a lo largo de nuestra historia, se les ha encargado tareas policiales. El resultado fue catastrófico para miles de inocentes. En el caso de la lucha contra el terrorismo costó años de aprendizaje y entrenamiento entender que el enemigo no era todo lo que se movía al frente. La culpa de esta tragedia no es sólo de las Fuerzas Armadas. Se les dio un encargo – tratar con  población civil y un grupo delincuencial ideologizado, a la vez – para el que no tenían preparación alguna. ¿No era esta una lección histórica ya aprendida?

Cuando las Fuerzas Armadas han controlado el orden público hasta en los toques de queda hemos tenido lamentables incidentes. No es su misión dialogar con población civil, tampoco es su misión hacer pesquisas, desarrollar inteligencia criminal, ni realizar detenciones. Los militares no atrapan delincuentes, recogen enemigos caídos en batalla y los llevan como prisioneros. Cualquiera se da cuenta de la gran diferencia.

Por supuesto, cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, oficial o suboficial,  armado hasta los dientes desde el paradero hasta mi casa, disuade a cualquiera sin siquiera moverse. Impone el respeto que la policía ha perdido. El problema es que, al igual que con la policía,  el número de efectivos militares no sobra.  No hay forma de que estén en todos los puentes, en todos los paraderos y en todas las esquinas sólo para asustar rateros. Suena bonito, pero no es viable.

Hay además otro peligro mayor. La militarización de la delincuencia. Es decir, la respuesta del crimen organizado no será la retirada sino el contrataque. Con mas dinero del narcotráfico  – que en los ochenta no tuvo el terrorismo – con armas de guerra, con mas reclutamiento y entrenamiento delincuencial puedes estar gestando el inicio de un batallón urbano de delincuentes que responderá con ferocidad a las Fuerzas Armadas.  Ese fuego cruzado, donde las víctimas en su mayoría son civiles, no se lo deseo a nadie. Pero quien quiera verlo puede darse una vuelta por algunos lugares de Centroamérica o el norte de México para ver los resultados.

3. NO funciona aumentar las penas, retirar beneficios penitenciarios, juzgar a adolescentes como adultos.

Desde 1991 el Código Penal ha sufrido mas de 500 modificaciones. La mayoría, para aumentar penas. ¿Ha servido de algo? De nada.

Como en la pena de muerte, la pena alta tampoco es disuasiva. El endurecimiento, tan pedido popularmente, ya se dió. ¿Resultado? Estos caóticos cambios hacen que las sanciones penales en el Perú sean muy inconsistentes entre sí. Los delitos contra la administración pública (corrupción) siguen con penas bajas mientras que hurtos menores tienen mucho mayores condenas.

¿Qué hacemos con el delincuente? Esa es la pregunta. ¿Lo metemos a un depósito de seres humanos sin derecho a nada y esperamos a que en 5, 10, 15 o 20 años salga de ahí un ciudadano? Es obvio que eso no va a suceder.

El primario, el joven, el imputado por delitos menores, muchas veces ni siquiera debería ir a prisión. Pero si va, debe ser segregado. El índice de reincidencia de primarios es bajísimo en el Perú, a pesar de las pocas medidas que se han tomado.  Ese es el camino.

Si quitas beneficios, como se ha hecho hoy para una serie de delitos, al reo – en esa cloaca humana que es un cárcel peruana – le da lo mismo portarse bien o seguir delinquiendo desde la cárcel y en la cárcel. Lo único que se logra es crear un ambiente de rebelión latente y la comisión de más delitos. No sirve para nada. Por el contrario, las medidas de beneficio incentivan la buena conducta y por correlato una inserción social correcta a largo plazo. No funcionará para todos, porque siempre habrá irreductibles, pero funcionará para la mayoría.

La pena no es un acto de venganza de la sociedad. En un acto de justicia. Y esa es la gran diferencia con el ajusticiamiento popular.

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