Rosa María Palacios

Un blog de política independiente

24 Mayo, 2015

Extorsiones S.A.

Sabel Evangelista Depaz, 48 años, Director del Colegio María Montessori en la urbanización Mariscal Cáceres; los hermanos Kalat Alvarado y Nino Vargas Alvarado, vigilantes del Colegio Alpamayo School (inicial y primaria) en la urbanización Los Pinos, todos trabajaban en el distrito de mayor número de votantes de Lima, el popular San Juan de Lurigancho. Los tres asesinados en un lapso de 2 días. Los tres a plena luz del día frente a alumnos, padres de familia, docentes. Los tres acribillados a manos de jóvenes sicarios. Las tres muertes, se presume, como venganza por tratarse de escuelas que se negaron a pagar cupos de extorsionadores.

El Colegio Taylor de la Urbanización Cristo Rey, también en San Juan de Miraflores, tiene sus clases suspendidas desde el miércoles. El mensaje enviado por los “Malditos de Bayovar” es claro: “si no te comunicas con este número, la próxima te dejamos dos muertos”. Ellos optaron por cerrar y denunciar, el único camino que puede llevar al triunfo del bien sobre esta inmensa maldad.

El rastro de sangre hace presumir que no se andan con tentativas. Esto es a matar. El Jefe de la Región Policial Lima, Salvador Iglesias, ha urgido a los extorsionados a comunicarse con la policía. A raíz de una docena de denuncias, la policía se entrevistó, el día anterior a su muerte, con Sabel Evangelista. Él, tan sólo un día antes de morir, negó todo. La prensa, sin señalar fuente, habla de 2000 soles mensuales para una escuela inicial pequeña y tal vez, el doble, para colegio más grandes.

El Alcalde Juan Navarro (su familia fue también amenazada hace unos meses) ha pedido la declaratoria del estado de emergencia y la intervención de las fuerzas armadas. El susto, se entiende. La medida, no.

La extorsión es el crimen más barato de instrumentalizar. Basta un teléfono celular no rastreable, un lugar para la entrega del dinero y una amenaza creíble. Mientras más indefensa la víctima, mejor. ¿Qué puede ser más creíble que 3 muertos en 2 días? ¿Qué puede ser más indefenso que una modesta escuela privada llena de niños en un barrio popular?

Lo primero, la vida. Los directores tienen la obligación de reportar la extorsión y suspender las clases hasta que cese la amenaza. Lo que ésta aquí en juego es la vida de cientos de niños, víctimas de una bala perdida. Más del 50% de matrícula escolar en Lima ya es privada. Vocación, o negocio para algunos, lo cierto es que el establecimiento escolar privado tiene las dos puntas necesarias para hacer el delito interesante: ingresos puntuales y víctimas frágiles.

Un atractivo adicional es la poca seguridad. ¿Quién puede presumir una amenaza a la vida en un local adonde asisten niños? Niños, hijos de hoy aterrorizados padres en San Juan de Lurigancho, pero mañana en cualquier distrito.
Lo segundo, no rendirse. Se dice fácil. Pero lo más sencillo es ceder y pagar. Miles de peruanos se ahorran la molestia entregando cupos en restaurantes, negocios, carreteras, en ciudades como Lima, Trujillo o Mollendo. Más fácil siempre es callar y pagar. ¿Cuántos millones se irán al año en esta corrupción delictiva que le da de comer al que impone el terror a punta de amenazas? Nadie lo sabe, porque nadie puede medirlo.

Sin embargo, no hay nada más ajeno a la libertad, nada más anticompetitivo, nada más corrosivo para la inversión que el delito de extorsión. En cualquiera de sus niveles. Desde el lentejero que quiere parar la mina con una paralización supuestamente ambiental hasta el sicario que se hace el día en un colegio pobre. Es el mismo delito y con la misma fuerza debe ser combatido.
La policía peruana, cuando quiere, puede. Si algo sabe combatir es al crimen organizado. De esté, las Fuerzas Armadas no saben nada. Se necesita infiltrar, sembrar, seguir, conocer cómo se mueve la calle y los penales (donde se arma la organización) para que en cuestión de días caiga la organización delictiva. Es difícil, pero no es imposible. Se ha hecho muchas veces y se hará otra vez.

Columna publicada hoy en La República 24 de mayo del 2015.

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