Rosa María Palacios

Una ola de violencia delincuencial crece como un tsunami y arrasa todo a su paso. Ya son miles de pequeños negocios los que soportan, como una práctica habitual, el pagar una extorsión que aumenta en monto y frecuencia, dependiendo de guerras territoriales de organizaciones criminales de diferentes tamaños. Lo que comenzó, hace años ya, por construcción civil, se expandió a los comerciantes y, finalmente, a los transportistas. Son estos los que, con justa razón, han liderado las protestas contra el Ejecutivo y Legislativo que, en esto, como en tantas otras cosas, son lo mismo.

¿Por qué hemos llegado a este punto? La extorsión es un crimen de ejecución sencilla y con costos muy bajos para los delincuentes. Se le combate básicamente con inteligencia policial. Si se suman ambos factores, es fácil deducir lo que ha pasado. La policía no esta haciendo su trabajo, porque no puede, porque no quiere o porque no la dejan. En cualquiera de los tres casos la responsabilidad es del Ejecutivo, de manera directa, y del Legislativo, a través de la promoción de normas que favorecen el crimen organizado.

Lamentablemente, la política peruana ha asumido en muchas ocasiones, formas de organización criminal muy sofisticadas. Este siglo se inauguró con el caso Fujimori – Montesinos, cuya postulación esencial siempre fue la de un sistema de corrupción y no la de hechos aislados o casualmente concurrentes. El juzgamiento de políticos y de organizaciones políticas, en casos de financiamiento ilícito, llevó a la fiscalía a acusar a varios partidos que hoy tienen representación parlamentaria o aspiran a ella. Como reacción, lejos de enmendar conductas, el Congreso no tuvo mejor idea que legislar en materia penal con el expreso propósito de beneficiar a políticos y organizaciones políticas delincuenciales.

La lista de leyes penales con manifiesto conflicto de interés parlamentario ya es larga, pero van algunos ejemplos: se han modificado las reglas de la prescripción penal para que esta corra mas rápida; se ha entorpecido la colaboración eficaz; se ha exonerado de manera perpetua y absoluta de toda responsabilidad penal a los partidos políticos; y, por supuesto, se ha derogado el delito de organización criminal para los actos ilícitos que no generan una cadena de valor. Sin embargo, al buscar su propio beneficio, el Congreso ha causado un daño feroz: la extorsión es un delito que ya no se puede investigar, acusar, procesar y sentenciar bajo el tipo penal “organización criminal”. ¿Cuál es la diferencia? Una reducción significativa de penas y de plazos de prescripción, así como la imposibilidad de imputar (con información de esa inteligencia policial a la que se le recortan facultades, recursos y personal) a delincuentes por el mero hecho de pertenecer a la organización, cosa que sí ocurría antes.

El Congreso esta tan desesperado por proteger sus propias actividades delincuenciales que no le importa el gigantesco espacio que ha creado para el crimen de extorsión. Sin embargo, con el apoyo del Ejecutivo, ha puesto sus mejores esfuerzos (con poco éxito dado su 5% de aprobación) en culpar a lo que se le ponga por delante con los argumentos mas ridículos que podamos padecer los peruanos.

Lo único que tienen que hacer es enmendar el daño. Pero no lo harán. El argumento se resume así: “los caviares te quieren confundir”. Lo explica el congresista Cavero en un tuit: “La ley 32108 es una ley cuya finalidad es que no se politice la justicia y que a quienes persiga la Fiscalía sean a las verdaderas organizaciones criminales y no a los enemigos políticos – los invito a leerla -. Es así de simple. Por eso la fuerte arremetida en contra de esta ley, téngalo claro para no dejarse manipular”.

Lo tenemos clarísimo. Pero si a alguno se le confunden las cosas, paso a explicar: Como no pueden legislar penalmente de manera diferente para “verdaderas organizaciones criminales” y para “políticos organizados criminalmente a los que queremos exonerar”, entonces, derogan la ley penal. Es como tirar el agua sucia de la bañera, con el niño adentro.

Mientras tanto, en el Ejecutivo, van del teruqueo al negacionismo. Nuestra presidenta habla de “terrorismo de imagen” sin mirarse la cara. Su ministro del interior repite la tontería de “la policía los atrapa y los jueces los liberan”, mientras que no puede explicar porque tenemos policías extorsionadores o porque este gobierno ha promulgado, contradictoriamente, un paquete de normas que aumentan los años de condena para recibir prisión efectiva. Usar casuística para argumentar una tendencia general es una falacia y lo sabe. Y los demás ministros usan las redes sociales institucionales (desde Essalud hasta Senhami) para decirnos que todos estamos muy seguros y que aquí no ha parado nadie.

Ya, rayando en el delirio, Fujimori (la que corta el jamón) promueve el “retiro parcial” de la Corte Interamericana (¿mucho va a servir con extorsionadores?) cosa que, por mas ignorante que quiera parecer, es jurídicamente inviable; promueve la militarización del país y advierte que hay que “desbaratar la peligrosa narrativa engañosa de los cómplices de Toledo, Villarán, Vizcarra y Castillo”. Que esa sea su lista corta de enemigos personales es una cosa, pero ¿que tengan algún poder político? Es ridículo. Lo peor es que esos cuatro son beneficiarios directos del engendro que ella misma ha creado para salvarse.

Los paros van a continuar porque no hay ninguna noticia que nos de alguna esperanza de cambio. Hace mucho que el hartazgo crece en silencio. Va siendo hora qué se exprese contra el abuso que padecemos. Si eso es “caviar”, enhorabuena.

Columna publicada el día domingo 13 de octubre del año 2024 en el diario La República