Rosa María Palacios

Dos hechos que ocurrieron en paralelo esta semana ponen fin, por ahora, a una de las peores crisis que ha atravesado el Ministerio Público, institución que ha visto la remoción disciplinaria de 5 fiscales supremos en apenas 9 años. De un lado, la destitución de Patricia Benavides como fiscal, del otro, la reincorporación de Zoraida Avalos como fiscal suprema. Aunque en apariencia ambos hechos no están fundamentados en los mismos argumentos y parecerían no tener relación, la tienen.

Patricia Benavides ha sido destituida por unanimidad por remover sin causa real a la fiscal que investigaba a su propia hermana jueza por un caso de liberación de narcotraficantes. Esa es la única imputación que tuvo la JNJ a la vista, pero no es la única que tiene tanto en el campo disciplinario como en el penal. Impresiona la cantidad de conductas ilícitas por las que se le investiga en un lapso de dos años. Pero lo que mas impresiona es el nivel de protección política que le ha dispensado la mayoría parlamentaria.

Zoraida Avalos fue inhabilitada, por el Congreso, para la función pública por cinco años, estando a tres de jubilarse. Las razones fueron siempre gaseosas y falsas. Ningún juez o fiscal puede sufrir castigo por tener un criterio fundamentado. Ella abrió investigación contra Vizcarra y Castillo, algo que en los casos de presidentes anteriores se consideraba prohibido por el artículo 117 de la Constitución. La abrió y la cerró para el presidente mientras mantuviera el cargo, pero eso le permitía a la fiscalía seguir investigando a los cómplices aforados. Con la excusa de que Patricia Benavides si denunció a Pedro Castillo ante el Congreso (con investigaciones abiertas por Avalos) y ella no, se le sacó por 11 meses de la fiscalía, negándole desde la seguridad hasta el seguro médico para forzarla a renunciar. No lo hizo. Interpuso una acción de amparo y la ganó porque la conducta del congreso viola la Constitución groseramente.

Ahora sabemos, aunque esto es materia de investigación penal, que la promotora y artífice de la persecución parlamentaria contra Avalos era Benavides. Esta última temía perder el cargo de fiscal de la nación y terminó perdiendo la cabeza. Entre la protección a la hermana (Avalos llamó su atención en una junta de fiscales supremos sobre la remoción de la fiscal Revilla) y la paranoia de un robo de puesto, lo ofreció todo, incluyendo resoluciones fiscales. Le archivó un proceso por tráfico de influencias a 40 congresistas “como muestra de buena voluntad” según se puede leer en los intercambios por WhatsApp de un congresista, hasta hoy colaborador anónimo, y Jaime Villanueva. ¿A cambio de qué? De la inhabilitación de Zoraida Avalos.

La alianza entre Benavides y el pacto por la impunidad parecía sólida e indestructible por su eficacia. Todos conseguían lo que querían. Ella, deshacerse de sus enemigos y ellos, el archivo de sus múltiples investigaciones. ¿Qué podía salir mal? El problema estaba en dos instituciones que no controlaban: la Junta Nacional de Justicia y el poder judicial. Con la segunda no pudieron, pero con la primera el acoso ha sido y sigue siendo implacable al punto de estar en juego la propia disolución de la junta. ¿Van a parar después de estas dos grandes derrotas? Lo dudo.

Los partidos con procesos penales en el ámbito de Lava Jato son los siguientes: Fuerza Popular, Renovación Popular, Apra, PPC y Partido Nacionalista. Los tres primeros han desplegado una actividad política incesante para gozar de la miel de la impunidad. Perú Libre se les ha unido porque está involucrado en otros casos penales y su fundador es hoy un prófugo de la justicia. Podemos tiene también sus propios procesos criminales. APP y AP tienen más niños y mocha sueldos que nadie. En este contexto litigioso, ¿qué están tramitando ahora?

Primero, la exoneración de toda responsabilidad penal para partidos políticos. Todas las personas jurídicas tienen responsabilidad penal. Pero se han mandado a hacer una ley de impunidad que les da una licencia criminal. Segundo, el control de todos los poderes del Estado. Ya tienen un TC esclavo y un Defensor que no califica ni para aprendiz de sobón. Disolver la JNJ y capturar la ONPE es un objetivo en marcha. Han perdido el Ministerio Público, pero van a la reconquista, incluyendo a la Corte Suprema a través de algunos regalos: elevar la edad de jubilación a los 75 años y eliminar la ratificación de jueces y fiscales. El Poder Ejecutivo es un aliado y un títere. Lo tienen que sostener para no irse todos. Da lo mismo los muertos o las joyas. Lo tercero, es tratar de revertir las derrotas de esta semana. ¿Cómo? Recurriendo al TC. Ahí es en donde tienen 5 votos asegurados para lo que les convenga. Buscaran sacar a Avalos y reponer a Benavides.

Sin embargo, el pacto de facto no las tiene todas consigo. Los psicosociales no están funcionando y papelones como la censura a textos escolares refleja la orfandad intelectual de sus miembros teñida de un conservadurismo infantil. El peso de las joyas y las cirugías es tan duro como el peso del repudio popular. Entonces, surgen las traiciones. La carta abierta, firmada por apristas y fujimoristas al miembro de la JNJ que aterrizó ahí de la mano de un TC servicial, Marco Tulio Falconi, es una amenaza patente. Lo conminan a cumplir, como cumplió con la no ratificación de la ONPE, su parte del trato: debía salvar a Patricia Benavides. Nunca se ha visto algo tan groseramente descarado. Pues los traicionó y votó por la destitución.

Esta historia continuará. Pero puede terminar pronto si ustedes no olvidan, a la hora de votar, las razones por las que estos partidos no merecen ni siquiera pasar la valla electoral.

Columna publicada el domingo 26 de mayo del año 2024 en el diario La República