Rosa María Palacios

Pasión Dávila (Perú Libre), Digna Calle (Podemos) y Susel Paredes (Partido Morado) han presentado, por separado, tres proyectos similares de reforma constitucional. Estos proyectos pueden acumularse al pasar por la Comisión de Constitución, la cual no podría encontrar inconstitucionalidad alguna en los textos. ¿Por qué? Porque reproducen, palabra a palabra, la Primera Disposición Transitoria Especial de la Constitución de 1993. Lo único que cambian son los años. Donde dice 2000, se coloca 2021 y donde dice 2001 dirá 2023. Los proyectos adoptan la formula de salida del gobierno de Alberto Fujimori luego de las elecciones del año 2000 (que no fueron “ni limpias, ni justas, ni transparentes” de acuerdo con la Misión de Observación de la OEA) y de los escándalos de corrupción derivados del video Kouri Montesinos emitido el 14 de setiembre de ese año. La muy veloz reforma, con Fujimori todavía en el Perú, se aprobó el 5 de noviembre y él mismo convocó a elecciones generales, días antes de fugar.

¿Son similares los acontecimientos 22 años después? Si bien Castillo ganó limpiamente las elecciones del 2021, un año después de la primera vuelta ha quedado claro que es un presidente títere de Vladimir Cerrón, un político condenado por corrupción e impedido de postular que es el presidente de facto. Castillo tal vez lo intentó, pero finalmente no pudo librarse de la subordinación a los planes de Cerrón, con un ideario programa por el que la población no votó en segunda vuelta sino por un plan alterno donde Cerrón “no sería ni el portero”. Las consecuencias políticas, económicas y de gestión en la administración pública son catastróficas. En apenas 10 meses se han destruido inmensas áreas de servicios públicos que tal vez cueste años recuperar. El riesgo país está de caída y la inversión privada en cero. Esta no va a volver con Castillo y mientras eso no suceda no crecerá el empleo. Grandes minas de cobre como Cuajone o Las Bambas cerradas por meses cuando el precio del cobre es lo único que alimenta con fortaleza la recaudación. Enfrentamos la inminencia de un riesgo alimentario grave porque el gobierno no puede gestionar el abaratamiento del costo de los fertilizantes. Todo esto en medio de escándalos de corrupción, porque ahí donde hay plata del Estado (MTC, Petro Perú) ahí se estacionan los corruptos de turno. Descarados o fugados, ahí siguen.

La debilidad de Cerrón es que solo controla a Castillo y a su gabinete. No tiene nada más. La conquista de los demás poderes del Estado o de los poderes fácticos no solo le ha sido esquiva. Le ha sido hostil. No hay Plan B que cambie eso. Puede creer que, como Lenin o Castro, desde una absoluta minoría puede hacerse dueño a perpetuidad del todo, pero se equivoca en su lectura del Perú. Eso, no va a pasar. Su Asamblea Constituyente es un naufragio, no solo en el Congreso donde será sepultada. También en las calles donde nunca consiguió las firmas y donde ninguna encuesta de opinión pública le da viabilidad. El único activo adicional que tiene Cerrón es una derecha tan bruta como achorada. Si tuviera al frente un adversario inteligente y ponderado, se acaba su reino.

Así las cosas, el único camino, es el mismo del año 2000. Pero con nuevas reglas que podremos debatir con rapidez para alcanzar un resultado distinto: un presidente y un congreso que representen a las mayorías, donde los extremos no estén sobrerrepresentados. Hay un camino democrático, pacifico, dentro del Estado de Derecho y respetando plazos mínimos (10 meses) para organizar elecciones generales. Esto requiere un clima de consenso político, de tregua al insulto y a la descalificación, de armisticio de los radicalismos. La fórmula funcionó en el 2000 y puede funcionar ahora a la misma velocidad que funcionó hace 22 años.

Hoy, como el año 2000, todo depende del Congreso. ¿Qué necesitan Fuerza Popular, Avanza País, Renovación, APP, Somos Perú o AP para sumarse? Con 66, el resto se lo dejan al voto popular.

Columna publica el domingo 1 de mayo del 2022 en el diario La República