Rosa María Palacios

Cercana la fecha del cese de este congreso, elegido para completar el periodo del 2016- 2021, es bueno hacer un pequeño balance de lo que nos deja como legado. Su origen, como bien se recuerda, proviene de la disolución constitucional de su antecesor. El entones presidente Vizcarra convocó a elecciones para reestablecer el equilibrio político entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero cometió un error político garrafal. No presentó una lista parlamentaria que lo apoyase para terminar su mandato. Ese es el elemento clave de la restitución del equilibrio entre poderes y lo desdeñó.

Las elecciones de enero del 2020 llegaron cargadas de esperanza y de muchas promesas. Esperanza en que se ponía fin al obstruccionismo fujimorista sin sentido (hasta Keiko Fujimori ha terminado pidiendo perdón) y en el que, por donde se mirará, peor que el combo Becerrril, Beteta, Bartra y demás, jamás. Grave error, otra vez. En lo que parecía imposible, los electos no sólo los igualaron, sino que los superaron. Las promesas de reformas constitucionales y políticas de importancia, así como la caída de los blindajes a corruptos pronto se olvidaron.

Hay algo que hace que todo el balance del desempeño de este Congreso sea mas doloroso. Todo lo han hecho, incluso desde su instalación, en pandemia. 180,000 muertos después, cuando debieron estar a la altura de esta tragedia, peor se comportaron. Su primera misión política estuvo avocada a preparar el derrocamiento inconstitucional de Vizcarra. A partir de 28 de julio dejaron de disimular. Se bajaron el gabinete Cateriano y de ahí en adelante no hubo vuelta atrás. Primero fue el cantante afortunado, luego la urgencia de procesar a Vizcarra por unas coimas cuya única prueba son los dichos de unos que nadie ha vuelto a ver en un proceso que no tiene acusación fiscal hasta hoy. Finalmente, Merino el breve lanzó un país a las calles. Después de dos muertos y cientos de heridos, retrocedieron y pusieron a Sagasti, quien ha vivido su gestión en un ambiente de hostilidad y amenaza permanente. No hay semana en que no comploten para derrocarlo.

A una mayoría golpista, se le suma una mayoría incapaz de legislar conforme a la Constitución. Primero modificaron contratos por ley (una aberración mayor), luego crearon toda clase de gasto público (están prohibidos de hacerlo) y luego regalaron dinero ajeno como propio. Diez demandas de inconstitucionalidad se han presentado en apenas seis meses. El Ejecutivo ya ganó tres. Estos niveles de barbarie jurídica jamás han sido vistos en el Perú. Habría que recordar cómo se pretendió modificar la inmunidad parlamentaria (se modificaron 5 artículos de la Constitución en veinte minutos) o cómo se quiso crear un Senado (una buena idea) en una cuarta legislatura que no es más que un invento para desconocer el proceso constitucional.

Este Congreso tiene la facultad de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. Eso, no esta en discusión. Pero ha sido incapaz de gestionar un proceso de selección con las mínimas garantías del debido proceso, lo que ha acarreado que se pueda interponer una acción de amparo y ganar una cautelar. ¿Cómo reaccionó el Congreso? Con total desacato, salvo por una minoría que no puedo evitar que se continuará votando. Felizmente, el proceso se frustró por la propia incompetencia de los desesperados interesados, que son incapaces hasta de contar votos.

Faltan pocos días para que se vayan y, salvo muy honrosas excepciones como Alberto de Belaunde o Gino Costa, que han peleado día a día por adecentar un poco la institución, es posible que puedan hacer daño hasta el último día. Su último número es archivar proyectos por venganza mientras siguen declarando de “interés nacional” la creación de decenas de distritos, lo que no tiene ningún valor, salvo el de engañar al pueblo.

¿Los que vienen pueden ser peores? Siempre es posible, pero los que se van han dejado la valla muy alta.

Columna publicada el domingo 11 de julio del año 2021 en el diario La República