Rosa María Palacios

 

Más de siete meses han pasado desde que el primer y extenso confinamiento nacional se decretó. Hoy, con un exceso de muertos que supera los 80,000 respecto al 2019, hay poco que rescatar de una estrategia sanitaria que no funcionó. Hemos insistido mucho en que se reconozca errores para que se corrijan.  Se ha corregido poco, no se ha reconocido nada.

Pero, para que no se diga que nos rendimos, aquí vamos de nuevo: liberen a los niños. Las libertades restringidas solo pueden aceptarse, en un estado de derecho, si son proporcionales y razonables. El Estado se está sustituyendo en el ejercicio de la patria potestad, un derecho que el estado de emergencia no puede suspender ni restringir. Es derecho de los padres dar seguridad a sus hijos (artículo 6 de la Constitución). ¿Quién autorizó al Estado para suplantar a los padres en las decisiones sobre lo que es seguro o inseguro para sus hijos?

Los niños menores de 12 están prohibidos de salir, salvo una hora al día a 500 metros de su casa, acompañados de un solo adulto. Están prohibidos de acompañar a sus padres al trabajo o a algún comercio. Están prohibidos de interactuar con otros niños y demás seres humanos. Por supuesto, están prohibidos de ir a la escuela, lo que no solo los priva de las ventajas sociales de la educación presencial, sino de en un lugar seguro mientras sus padres trabajan, sin mencionar la alimentación complementaria que millones recibían en horario escolar.

Las familias defienden como pueden a sus niños. Desde las que los esconden o les enseñan a correr porque “ya viene el policía”, hasta los que están aterrorizados de que su hijo sea estigmatizado como el “culpable” de propagar el Covid en su familia. En el área urbana crear espacios seguros de juego y aprendizaje en viviendas hacinadas, con muchos padres trabajando en el mismo ambiente y con espacios públicos restringidos (los parques metropolitanos han estado cerrados meses y la playa, en Lima, no ésta a 500 metros de casa) ha sido casi imposible. Para las familias con niños con discapacidad, una tragedia. Si a eso se añade la persecución policiaca, vecinal y municipal, los niños peruanos están viviendo un infierno del que no encuentro caso comparativo ni en Europa, ni en Asia, ni en América.

En el área rural, las normas limeñas son un mal chiste. ¿Alguien cree que una niña pastora no ha salido? ¿O que ha salido solo a 500 metros? Felizmente, para esos niños, el incumplimiento les ha permitido respirar. Pero, sin conectividad, han perdido el año escolar, para muchos, de manera irremediable.

¿Se justifica? ¿Estamos salvando vidas haciendo esto? Los niños no son el grupo vulnerable frente al Covid. No son invencibles, pero casi.  No son ellos los que van a morir, como algunos padres aterrorizados con la propaganda oficial, creen. ¿Son portadores asintomáticos de la enfermedad? Así lo parece, de ahí la necesidad de suspender temporalmente las escuelas.  ¿Hay medidas menos restrictivas que pueden ser menos lesivas a los derechos de los niños?  Las hay; sobre todo teniendo en cuenta que todas las cifras de fallecidos están a la franca baja.  ¿Pueden abrirse las posibilidades de salir con sus padres? Por supuesto. Ellos son los responsables y encargados de enseñar el lavado de manos, la distancia social y el uso de mascarillas que en el Perú nadie cuestiona. Experiencias exitosas de retorno a la escuela hay en todas partes del mundo, ¿por qué no se intentan? Una tímida apertura de la escuela rural, que no ha tenido mayor impacto, no es suficiente.

Prohibir y listo. Eso parece fácil y sin costo. Pero no lo es.  Esto dejará marca. Mientras tanto, el Presidente Vizcarra me dijo en una reciente entrevista que él ve a sus nietos todos los días. Viven con él y, pese a sus viajes constantes, no le preocupa contagiarlos y que éstos, a su vez, contagien a otros.  ¿Por qué no medir con la misma vara al resto de los niños y niñas del Perú? ¿Necesitamos otra acción de amparo como en el caso de los mayores de 65 años para lograrlo?

Columna publicada el domingo 1 de noviembre del 2020 en el diario La República