El inicio del fin
No se necesita estudiar leyes ni ser especialista en derecho constitucional, para entender este sencillo artículo: “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear o aumentar gastos públicos”. El inicio del artículo 79 de la Constitución debería estar esculpido en piedra en cada escaño, pero, tal vez, ni así lo entiendan.
El dinero del pueblo, nuestros tributos, no son de disposición del Congreso. Esta sabia prohibición, que viene desde la Constitución de 1979, no nos salva de Ejecutivos irresponsables en el gasto de lo ajeno ni tampoco de la corrupción pública, pero al menos elimina el riesgo del desfalco público y la ruina económica del país por servir los intereses particulares o las clientelas electorales de grupúsculos que, por un pésimo sistema de representación (que no será modificado), sub representa a las mayorías nacionales y sobre representa a minorías marginales.
No es un secreto que el desastre sanitario y económico que el Perú enfrenta hoy y enfrentará por mucho tiempo, durará más que el mandato de este Presidente o este Congreso. Quién asuma la presidencia del Perú el próximo año heredará lo peor de esta epidemia: secuelas sanitarias, desempleo y pobreza. Sin embargo, tiene derecho a heredar aquello que era la única ventaja del Perú para salir adelante: un sistema fiscal responsable, donde se gasta lo que se tiene y se puede pagar.
El Congreso, ignorando el artículo 79 de la Constitución, esta decido a destruir la última defensa del país: su fortaleza macroeconómica, construida con décadas de esfuerzo para satisfacer los intereses de una clientela electoral incierta, de clase media, que no pertenece a los más pobres del Perú. Gastar 15,000 o 10,000 millones de Soles (depende de cuál sea el proyecto) para “devolver” aportes a un fondo que no existe no solo es inconstitucional, sino que discrimina en favor de los que han tenido empleos formales y deja un precedente atroz para el futuro del Perú.
Hace muy mal el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de Economía en “negociar” un precio para este cáncer. Si se permite, claudicando al cumplimiento de la ley, y se paga un gasto generado por el Congreso, es el fin de la economía peruana tal como la conocimos y el inicio de un desmadre de gasto parlamentario sin fin que puede terminar en otro ciclo de autoritarismo político y, años después, retorno a la democracia. No es poco lo que se juega.
Algunos dirán que ya es inevitable. Si miramos la historia del Perú, las grandes crisis económicas impactan la política, para bien o para mal. La dictadura militar cae con una, Fujimori se construye sobre otra y cae, también, por otra más. Los últimos 20 años de estabilidad política son fruto del mismo lapso de estabilidad económica. Sin embargo, no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que el determinismo histórico gane la partida antes de pelearla. La ministra de economía lo ha explicado con detalle y se ha encontrado con una pared de desprecio e indiferencia en el Congreso.
El apuro del Congreso para conseguir un Tribunal Constitucional, busca conseguir la bendición a leyes aprobadas por insistencia que han sido vendidas como el regalito que tu congresista te da para que votes por su partido. No sé de dónde van a sacar a seis abogados que no puedan leer una línea de la Constitución sin entenderla, pero parece que están decididos y apurados a lograrlo para que el estropicio venga con garantía de 5 años.
A estas alturas, la ingenuidad de un “Pacto Perú” en plena competencia electoral sería hasta conmovedora sino fuera porque lo que se juega es mucho más de lo que se ha explicado al país.
Columna publicada en el diario La República el domingo 23 de agosto del 2020
Creo que siempre fue una burbuja
El fiscal José Domingo Pérez tiene bajo la lupa de sus investigaciones por lavado de activos a los hermanos Juan Pablo y Eduardo David Higuchi, primos hermanos de Keiko Fujimori, quienes adquirieron siete inmuebles valorizados en US$ 12,3 millones, mediante transacciones en las que la empresa MVV Bienes Raíces SAC, de propiedad de Mark Vito, fue la corredora inmobiliaria, según una investigación realizada. Con estos elementos, la fiscalía amplió una indagación preparatoria contra la empresa MVV Bienes Raíces SAC y el partido político Fuerza Popular. En el informe fiscal se detalla que por las operaciones gestadas para las compras de los primos de la lideresa fujimorista, la compañía MVV Bienes Raíces ganó US$ 2,2 millones entre julio del 2014 y julio del 2018. Este mes, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al banco Scotiabank los estados de cuenta mensual, en soles y dólares, del partido Fuerza Popular entre enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2016. Esta información será un argumento adicional del Equipo Especial Lava Jato para sustentar el pedido de suspensión del partido fujimorista. Todo ello transcurre en medio de un proceso de elecciones convocado para el 2021.
Los Fujimori Higuchi no escarmientan. Nunca van a cambiar. Todo es trampa y mentira en ellos.
El proyecto original estaba diseñado para prevenir la corrupción de funcionarios públicos. Obligaba a los congresistas a consignar información verdadera en la Declaración Jurada de Intereses (DJI), se le otorgaba potestad a la Contraloría General de la República para verificar los datos y se contemplaban sanciones severas a las autoridades, funcionarios, servidores y candidatos que ocultaban o mentían. Pero el Congreso, a instancias del fujimorista Diethell Columbus, cambió el espíritu de la ley y aprobó un texto diferente. Por ejemplo, si a un legislador se le descubre una casa en Miami que no registró en la DJI, o no mencionó que sus familiares son proveedores del Estado, no intervendrá la Contraloría ni recibirá castigo. Lo que ha aprobado el Congreso es la consagración de la impunidad, en un país donde vive una orgía de corrupción en el contexto de las compras y contrataciones estatales.
¿Y quién otro le bajó la llanta al proyecto original presentado por el legislador Guillermo Aliaga (Somos Perú)? El presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), quien contrabandeó un texto sustitutorio para que el propio Congreso fiscalice a sus integrantes. Por si fuera poco, con la nueva norma se dejó sin efecto el Decreto de Urgencia 020-201 9 que determinaba sanciones para los que falseaban in formación en su DJI.
¿Y quién es Alarcón? El mismo congresista contra quien la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha presentado dos acusaciones constitucionales: una por peculado doloso y otra por enriquecimiento ilícito, delitos que presuntamente perpetró durante su gestión como contralor. Lo perpetrado por Alarcón es una suerte de sultanismo. Esto es, como escribió Jorge Basadre, una forma de usar el Estado para provecho propio. Nada más preciso.
Hola , deseo conversar varios puntos que atraviesa Perú en la economía y la gente que es pobre como enfrenta esta realidad. Personas jubiladas que pagan servicios , sin ser escuchados e ignorados , municipios corruptos que se aprovechan de ello, cuando uno quiere llegar a hacer respetar leyes pero, vivimos en un país corrupto.