Rosa María Palacios

“El Presidente de la República nombra a los magistrados a propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura. El senado ratifica los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema”. Este es el texto del artículo 245 de la Constitución de 1979 que explica el ascenso, auge y caída de Alan García en el sistema de justicia.

Durante el primer gobierno de García, éste nombró no solo a jueces que años después llegarían a la Corte Suprema. Tuvo que nombrar decenas de fiscales para un Ministerio Público creado en la entonces nueva Constitución. Esos nombramientos resultaron cruciales para exonerarlo de responsabilidad – en casi todas las imputaciones que le hizo el Congreso – en 1991. Las lealtades en todos los niveles de la administración de justicia quedaron consolidadas en esos ya lejanos días. El golpe de 1992 arrojó a la calle de forma inconstitucional a decenas de jueces y fiscales tributarios de estos nombramientos. Litigaron por años para ser reincorporados y en el 2001 muchos lograron regresar a la carrera. Algunos de ellos nombrados por Alan García en su primer gobierno. Ellos están hoy en los puestos más altos del sistema. Aquél que debe juzgar a los ex Presidentes en los primeros 5 años después de su gobierno.

En el segundo gobierno de García controlar la judicatura era más difícil. El Consejo Nacional de la Magistratura ya no era un ente de propuesta sino de nombramiento autónomo. ¿Cómo tener influencia en este? A través del control de los consejeros. En estos órganos colegiados basta tener el control de dos o tres para lograr resultados en el ingreso, ascenso, ratificación y destitución de jueces y fiscales. García se las ingenió para tener ascendencia en este nuevo CNM. Los audios de los cuellos blancos revelaron que tanto el Apra como el fujimorismo entendieron a cabalidad el enorme blindaje que procuraba cultivar la amistad de los consejeros.

Alan García tiene hoy dos problemas frente a una administración de justicia que ya no controla. El primero, sus nombrados en el quinquenio 1985-1990 ya se están yendo de la carrera. Le quedan pocos y en lugares donde, por ahora, no le sirven. Hoy los vocales y fiscales supremos no pueden investigar o juzgar a García. El 28 de julio del 2016 perdió el beneficio de antejuicio. Tiene que empezar por abajo y ahí ya no tiene control. El segundo problema es que el Consejo Nacional de la Magistratura ya no existe. Los audios de su propia corrupción fueron todo lo que bastó. García ya no puede usar el CNM para amenazar – de forma encubierta – con medidas disciplinarias a nadie. Como me dijo un viejo fiscal ya en retiro: “se podía hacer carrera sin el Apra, pero nunca contra el Apra”. Eso era antes. Ya no.

Esas ventajas procesales que lo libraron en 1992, lo “prescribieron” en el 2001 y lo “ampararon” el 2013 para que sus testimonios ante la Megacomisión Tejada fueran declarados nulos, ya no existen. ¿Existieron? Por supuesto. García alega haber asistido a 49 citaciones. Si no hubiera tenido el control del resultado de cada una de esas diligencias no hubiera asistido. Necesita el control de cada variable. Lo que cambió el sábado pasado es que, por fin, entendió que ya no controlaba nada.

La frase de Alan García hijo esta semana en la puerta de la Embajada del Uruguay, grafica bien este pensamiento: “ningún fiscal superior se atreve a pararle la mano al fiscal porque tienen miedo a ustedes, la prensa”. Padre e hijo creen que los fiscales supremos pueden anular los actos de los fiscales inferiores. ¿Puede darse el caso? Si se llega en vía de nulidad, tal vez. Pero García no quiere apelar nada. Quiere que a manazos se desconozca la autonomía de jueces y fiscales que, por elemental conocimiento del derecho, no tienen subordinación jerárquica a las órdenes de nadie y tienen (o deben tener) absoluta autonomía en su función.

García tiene muchas razones para disparar su furia contra Gustavo Gorriti y los periodistas de IDL Reporteros. Primero, las investigaciones de los cuellos blancos lo dejaron sin control del CNM. Segundo, las investigaciones en Brasil arrojaron la punta de una larga madeja de corrupción que basta para un impedimento de salida, pero que recién empieza a desenredarse.

Este 9 de diciembre votamos por un nuevo sistema de elección de jueces y fiscales. Nunca más tomemos a la ligera tan importante decisión. ¿Es bueno lo que vamos a votar? Sí, pero ningún sistema es perfecto sin el ojo vigilante del pueblo.

Columna publicada el domingo 25 de noviembre del 2018 en el diario La República