Rosa María Palacios

 

La Cámara Peruana del Libro organiza durante la Feria Internacional del Libro algunas mesas redondas de debate. Me toco compartir sala con Miguel Giusti y Sinesio López. El tema es sugerente: Ética, gobierno y poder. Aquí, el texto que preparé y compartí esta noche.

 

Cuando organizaron esta Mesa Redonda, hace algunos meses, nadie podía adivinar que tuviera la actualidad que tiene hoy.

Una fiscal valiente, un juez que decidió apoyar su investigación y un puñado de policías fue todo lo que se necesitó para desmontar un sistema corrupto de administración de justicia donde todo lo que debería ser gratuito, tiene precio. Una sentencia absolutoria, un nombramiento o un ascenso, el trueque de favores. Hemos escuchado a la “confraternidad de los hermanitos” y muchas de sus frases quedaran por mucho tiempo en nuestra memoria. Hemos visto como la corrupción cae como cascada, desde los más altos niveles del poder hacia los mas bajos.

El hoy preso, Walter Ríos, nada menos que ex Presidente de la Corte Superior del Callao, quien acumula imputaciones por cohecho, colusión, tráfico de influencias y otros delitos, deja algunas frases memorables que nos permiten reflexionar hoy. Dice del Poder Judicial: “este es un Poder”. Y en eso no se equivoca. ¿Qué mayor poder que el de un juez que puede disponer de la vida, la libertad y el patrimonio de un ser humano? ¿Qué mayor poder de aquel que puede con su sola sentencia darle libertad al culpable y encarcelar al inocente? ¿Qué mayor poder que el del Poder Judicial que puede detener una política pública de enorme beneficio social?

El poder implica la renuncia de todos a ejercerlo para entregarlo a otro – o a otros – de manera cuasi monopólica. Así, por ejemplo, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Los ciudadanos entregamos a las fuerzas policiales el uso de la fuerza y solo podemos ejercer este derecho en circunstancias excepcionales. ¿Hay algún problema con esta forma de ejercicio del poder? El problema no está en que la sociedad entregue poder a algunos para que estos lo ejerzan en el nombre de todos. El problema está en que, el ejercicio del poder, para que sea legítimo, debe ir unido a la práctica moral de ciertos valores fundamentales, que es bueno repasar.

El poder se ejerce para el bien común, no para el bien particular. Cuando una autoridad aspira y accede al “poder por el poder” olvida la naturaleza de servicio común que éste tiene. Cuando un juez quiere “mantener la hegemonía” y tener jueces “que hagan lo que él diga”, el bien común desparece y, por tanto, la calidad de servicio público que éste tiene.

El poder – todo poder – se ejerce con justicia. ¿Y qué es la justicia? Darle a cada quien lo que merece. Si el merecimiento no es la vara con la que te miden, sino el dinero, ¿de qué justicia estamos hablando? Y entonces, ¿con que derecho le decimos a todos que no se puede ejercer la justicia con mano propia como – en la peor de las barbaries – se ejerce desde hace años en el Perú?

El poder se ejerce desde el ejemplo. Y esto, que es de sentido común, para cualquier padre de familia, parece ser una verdad perdida en el tiempo. Guste o no guste a jueces y fiscales, hay conductas sociales que le están vedadas por ser quien son. Un fiscal no debe mentir. El electo Fiscal de la Nación, aferrado al cargo a como dé lugar, no ha parado de mentir. Un juez no hace recomendaciones, ni pide chambita para su hijita, no exige descuentos en restaurantes, ni va a cuchipandas con los proveedores del sistema de justicia o con los intermediarios mafiosos de los litigantes.  Tampoco mendiga entradas a partidos de fútbol ni botellas de licor fino. ¿Una persona común puede hacerlo? Si. Pero no quien tarde o temprano tendrá un conflicto de interés por tener una conducta impropia a su alta responsabilidad.

César Hinostroza Pariachi, suspendido vocal de la Corte Suprema, ha querido confundir al público diciendo que se le ataca mediáticamente por conductas éticas y no por delitos. Ello es falso. Hay delitos. Pero detengámonos en su argumento. Si tuviera lógica lo que dice, en el ejercicio del poder – porque él tiene poder – solo debería regir lo que manda la ley. Y esto, no es cierto.

Hay conductas inmorales que son legales y hay conductas legales que son inmorales. No calza la moralidad y la legalidad de manera perfecta porque, por razones de orden práctico la legalidad lo que busca es la eficiencia en la persecución del delito o la resolución del conflicto, mientras que la moral nos dice cuál es el “correcto actuar” en toda circunstancia de la vida. Por tanto, la conducta moral de un juez o de cualquier persona con poder, no es un asunto nimio que, por carecer de sanción penal no merezca examen y sanción moral.

Tomemos por ejemplo una conducta inmoral pero excusada de persecución penal. Un hermano le roba a su hermano viviendo ambos en la misma casa. No cabe duda de la inmoralidad del acto y que este recibirá el repudio familiar y social. Sin embargo, no es delito. ¿Por qué lo excusa el Código Penal? Porque la probanza de lo que pertenece a cada quien dentro de un domicilio compartido es muy compleja. Es decir, hay una razón de orden pragmático, mas no moral. Ahora vamos al ejemplo inverso. ¿Poseer moneda extranjera es inmoral? No lo es. No hay en esa conducta maldad alguna. Sin embargo, en algunos momentos en la historia de nuestro país la sola posesión de dólares era severamente castigada con multas muy altas y carcelería con el objeto de controlar el mercado de cambios desde el Estado. Como nunca se trató de una conducta inmoral, jamás ha tenido un repudio familiar o social.

Por eso, tan importante como saber si una persona con poder – o que aspira a él – fue condenada o no por un delito, es imprescindible conocer – antes de ser designado o elegido – cuál es su conducta moral en la vida cotidiana. Cabe anotar, que los aspectos de la vida íntima – mientras que no afecten a terceros- no están sujetos a escrutinio público. La vida sexual de un juez nos puede tener sin cuidado en tanto no afecte a otros. Sin embargo, si ese juez no cumple con sus obligaciones familiares, es un artista de la mentira o tiene vicios que nublan su buen juicio, no podemos darle el inmenso poder de decidir sobre la vida, la libertad o el patrimonio de toda la sociedad.

No estoy proponiendo que quien detente el poder sea un ser sobrenatural. Bastaría con que tuvieran algo de vergüenza. El sin – vergüenza es exactamente lo que dice el idioma. Carece de la posibilidad, de la empatía, para entender la gravedad de sus hechos. Ese hombre o mujer no puede ser juez, ni congresista, ni alcalde, ni ministro, ni presidente. Entregarle poder es un acto de suicidio social que obliga a todos a revisar nuestra conducta ética frente al voto. Para un voto ético es inaceptable el “roba pero hace obra”. Para un voto ético es inaceptable preguntar “¿por quién voto?”, en la cola de votación el mismo día de las elecciones. La indolencia, la indiferencia hoy, es una conducta anti ética frente al poder. Para un voto ético necesitamos ciudadano, no cliente. En la repartición de culpas tenemos que cargar con las nuestras porque los que llegan al poder, no llegan solos. No en una democracia representativa. Llegan porque alguien los puso ahí.

La falta de conciencia, que no es más que la falta de valores ha dejado en este penoso recuento de corrupción institucional otras frases excusatorias memorables. “Yo lo he dicho, pero no lo he hecho” afirmaba hace unos días el ex Consejero Julio Gutiérrez, cuando todos hemos escuchado como le presentaba su informe al ex juez Walter Ríos respecto al nombramiento de su fiscal recomendado y coimeado con un adelanto de “diez verdecitos”. “Me he tenido que tumbar a la segunda” decía por teléfono, sin saber que estaba grabado, para luego, con tanto descaro como antes afirmar “que no hizo nada”.

Como dice el Papa Francisco al pecador se le perdona, pero no al corrupto. Pecadores somos todos los que nos equivocamos – como todo ser humano imperfecto – pero que reconocemos nuestras faltas, reparamos el daño, asumimos la pena y nos esforzamos un poquito en enmendar nuestro rumbo. El corrupto es aquel que no reconoce nada y que pillado en su mala conducta se hunde en un pantano de aguas sucias que lo succionan a cada paso.

Nuestro trabajo ciudadano, desde la obligación moral de construir una mejor sociedad es librar al Estado – con nuestros votos, nuestro activismo, nuestra opinión libre – de corruptos, para así poder ser gobernados por humanos imperfectos, sí, pero no por aquellos que ya no pueden ni siquiera distinguir el bien de mal.  Aquellos que han perdido hasta la mínima discriminación moral deben estar lejos, muy lejos y por siempre, del ejercicio del poder.

De todos nosotros depende. Si lo pudo hacer una fiscal valiente, un juez comprometido y un puñado de policías, ¿qué no hará un país entero?

 

Muchas Gracias

FIL, 31 de julio del 2018