Rosa María Palacios

En octubre del 2016 el Gobierno publicó su primera reforma importante y popular. Se ponía fin a una serie de prácticas burocráticas irracionales. No más fotocopias de documentos públicos, no más certificados de sobrevivencia y otras sandeces con las que se atormentaba a la gente en cada trámite. La racionalidad regresaba y ahorraba miles de horas de trabajo que podrían dedicarse a actividades más productivas. Fue una de las normas mejor recibidas por el público. Pero la alegría terminó pronto. La ley es sistemáticamente desobedecida, sobretodo en supermercados y autoservicios.

Entre las normas del Decreto Legislativo 1260 una se destacó por su pragmatismo. El Documento Nacional de Identidad tiene fecha de caducidad. Antes de octubre del 2016, cuando llegaba la temida fecha, si no estabas atento para la renovación, eras un muerto civil. Es decir, la personalidad humana no tenía su origen en el nacimiento de un ser vivo. No. Para todo efecto práctico, sin un cuadrado de cartón celeste con fecha vigente, no existías. Supongo que ibas al limbo burocrático porque hasta para morirte – de verdad – también hay otro papeleo que felizmente no corresponde al difunto, porque sólo eso faltaría.

La norma es clarísima. Para burro. Dice “Artículo 7: El vencimiento de la fecha de vigencia del Documento Nacional de Identidad no constituye impedimento para la participación del ciudadano en actos civiles, comerciales, administrativos, notariales, registrales, judiciales, policiales y en general, en todos aquellos casos en que deba ser presentado para acreditar su identidad”. (Subrayado mío)

El Presidente Kuczynski y su Ministro Zavala deberían saber qué a sus amigos de la empresa privada su brillante reforma les interesa un bledo. No se cumple en Plaza Vea, Sodimac, Tottus, Metro (curiosamente no en Wong) y siguen firmas. ¿La respuesta? Esa norma es sólo para el Estado porque el artículo primero del Decreto Legislativo dice que su ámbito de aplicación es “en todas las entidades de la administración pública”.

Esa es la “interpretación auténtica” de establecimientos comerciales que en teoría deberían estar interesados en vender más. El uso de tarjetas de crédito – medio seguro para no llevar efectivo – obliga a usar un medio de identificación. Ese medio es el DNI. Pero su fecha no cambia su contenido, ni facilita o impide una estafa. He averiguado, a través de tercera persona, en VISA, y me dicen que no son ellos los de la rebelión a la ley. Son las empresas privadas.

¿Cómo explicar este boicot a la ley? No se trata del clásico sabotaje de la propia administración pública que se niega a perder un privilegio o hacer uso de un poder discrecional y arbitrario. Esta vez se trata de empresas privadas repletas de buenos abogados. Nadie en su sano juicio puede interpretar que el artículo sobre la vigencia del DNI aplica sólo a las relaciones entre ciudadano y Estado. La lista de operaciones (civiles, comerciales) y la mención expresa “a todos aquellos casos” no puede estar circunscrita sólo al Estado. O no saben leer o no quieren leer. Y eso es lo más preocupante de este caso.  Este Gobierno casi no tiene reformas importantes que exhibir. Esta es una de las pocas que le hace la vida más fácil a la gente y, por tanto, visibiliza al Gobierno. Si es una falsa promesa, lo único que causa es enojo. ¿Contra quién? ¿Contra la pobre cajera del supermercado? No. Contra el Gobierno que te engañó, que te contó el cuento de que no tenías que correr a pagar al Banco de la Nación tu renovación del DNI si querías seguir estando vivo.

Este es un Gobierno débil, eso ya lo sabemos. Pero si es además un Gobierno sistemáticamente desobedecido por la elite financiera y comercial del país, su supuesto soporte, – que además está dispuesta a perder dinero haciéndolo – ¿tiene algún futuro? Si este Gobierno no puede hacer cumplir sus propias y simples leyes, ¿qué nos queda a los ciudadanos?

Pues nos queda correr a la RENIEC para no estar muertos en vida. Pero, si aún le queda ánimo, no se le ocurra tomarse la nueva foto con una sonrisa en los labios. También está prohibido. Me dicen en RENIEC que es porque su software de identificación facial no lee las sonrisas. Entonces, las sonrisas peruanas no deben quedar registradas. Ahora sí somos – oficialmente, pero sin ningún mandato de la ley – un pueblo triste.

Columna publicada el en diario La República el domingo 9 de julio del 2017