Rosa María Palacios

¿Todos los hechos inmorales son delictivos? A simple vista, para el ciudadano común, la respuesta es sí. ¿No es deseable que el que miente, robe, mate o viole tenga un castigo impuesto por la ley? ¿No es acaso de elemental justicia darle a cada quien lo que merece? Es decir, al inmoral una pena que cumplir y a su víctima, una reparación. ¿No debe primar el valor de la justicia sobre todo otra consideración? Es lo deseable. Sin embargo, el sistema judicial no funciona así.  Hay muchas injusticias legales y también muchas obligaciones legales que son injustas.

Esta brecha entre justicia y ley es muchas veces incomprensible para la opinión pública y genera una enorme sensación de impunidad, una desazón por la injusticia visible. Los medios han reemplazado a fiscales y jueces para satisfacer esa demanda de justicia y ofrecen el descrédito personal del inmoral como paliativo. Sin embargo, no es suficiente. A falta de justicia, lo que vemos son ajusticiamientos morales pero ese es el peor sustituto que se le pueda dar a una sociedad enferma de corrupción.

Más difícil, más lento, más duro, es educar al público. ¿Por qué existe la prescripción del delito? ¿Por qué algunos crímenes prescriben y otros no? ¿Por qué hay conductas que nos repelen pero que no están tipificadas como delito en el Código Penal? ¿Por qué a un procesado se le da prisión preventiva y a otro, que hizo lo mismo, se le procesa en libertad? ¿Por qué un fiscal se demora dos o tres años en realizar una acusación? ¿Por qué un juicio puede tardar una década? ¿Por qué esta tan cerrada la cosa juzgada? Todas preguntas que revelan que la inmoralidad no es castigada y cuando lo es, no se castiga a todos de igual manera. Al mismo tiempo, preguntas cuya respuesta explica una racionalidad que el Estado de Derecho impone: ese inmoral, acribillado por la prensa, tiene derechos. No se puede ajusticiar, pero con reglas claras y previsibles, se puede juzgar. Eso es civilización.

Esta semana ha regresado al ojo público el caso Madre Mía. Un caso que no tiene prescripción dado que, por jurisprudencia de la CIDH, los delitos por graves violaciones de derechos humanos no prescriben. En este caso se acusó a Ollanta Humala, conocido como el capitán Carlos en 1992 en la base Madre Mía, del secuestro, tortura y asesinato de una pareja de esposos, a quienes acusaba de terroristas. Natividad Avila Rivera y Benigno Sulca Castro fueron reportados como desaparecidos por su familia en 1992 y figuran en el Registro de Victimas de la CVR. De otro lado Jorge Avila, hermano de la víctima, denunció haber sido torturado. En el 2006 el caso de llevó a juicio y se resolvió a favor de Humala. El testigo más importante, Jorge Avila, negó su declaración inicial. De otro lado, Amilcar Gómez y Robinson Gómez fueron procesados por comprar el silencio de Avila. En el 2011 fueron absueltos por falta de pruebas. Ahora, seis años después, aparecen unos audios del año 2011, en plena campaña, donde se habla de pagos a testigos. ¿No es justo acaso que Humala pague por esos asesinatos, si los cometió? Justo, es. ¿Legal? Esa es otra historia. Romper la cosa juzgada, en dos juicios terminados, es muy difícil.  No imposible, pero difícil. Ilusionar al público con lo contrario es falaz. Para acusar de nuevo tienen que aparecer nuevos hechos, nuevas pruebas, nuevos testigos. Si aparecen y prueban en juicio el nexo causal entre Humala y los asesinatos, lo lograran. Sin embargo, en casi todos los casos de delitos cometidos por militares (que son pocos en comparación con la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el periodo contrasubersivo) los jueces han resuelto a favor de los acusados.

¿Y la interceptación telefónica a Humala no es un delito perseguible? Lo es, pero temo que seis años después, el delito ha prescrito. Aun sabiendo que el gobierno de Garcìa uso el equipo de la Dirandro y una autorización judicial para otra cosa, no para chuponear a los allegados de Humala, no hay posibilidad de acusar a los responsables. ¿Es justo? No lo es. Pero la prescripción es legal.

¿Es justo que Toledo no enfrente los procesos que tiene en el Perú? ¿Es justo que Alan García señale a otros como coimeados y él niegue sus iniciales en las agendas de Marcelo Odebrecht? No lo es. Pero es su derecho hacerlo. En un caso, evadir la justicia todo lo posible, hasta lograr la prescripción, en el otro, disparar contra todo y contra todos. ¿Es posible que Toledo, García y Humala terminen procesados? Lo más probable. ¿Condenados? Por ahora, el pronóstico es reservado.  El Perú ya tiene un Presidente preso, pero no todo crimen tiene castigo. Es injusto, pero es legal. Y aunque parezca una horrorosa contradicción, en un Estado de Derecho, prima la ley sobre el valor de la justicia.

Columna publicada el domingo 7 de mayo en el diario La República.