Rosa María Palacios

Dos hechos, distantes geográficamente, encuentran mientras esto escribo, una línea que los entrelaza de forma inesperada. ¿Qué tienen en común el golpe de Estado en Venezuela y el proyecto de ley fujimorista para restringir la libertad de expresión? A primera vista poco, salvo su ocurrencia simultánea en el tiempo. Un hecho político es expresión de algo llamado pomposamente “el socialismo del siglo XXI”. El otro, en las antípodas de la izquierda, pretende defender “el derecho a ser informado”. Sin embargo, ambas expresiones políticas responden a una misma matriz: la del autoritarismo.

Los derechos fundamentales no se negocian con el Estado. Son anteriores al Estado. Corresponden al ser humano por el mero hecho de serlo. ¿Tienen límites? Por supuesto. Los derechos de otras personas. Pero, todo derecho fundamental (vida, libertad, propiedad) es por esencia una limitación al Estado. Un impedimento para que esta creación humana se vuelva contra los hombres y mujeres, ya sea para subordinarlos o esclavizarlos.

En Venezuela, un golpe de Estado, usando una grotesca apariencia de legalidad, no sorprende a nadie. Hace más de 15 años que las libertades fundamentales en ese país, se encuentran cada día más, severamente restringidas cuando no, abolidas. Desaparecer definitivamente la columna vertebral de la democracia – la separación de poderes – era sólo el tiro de gracia final que faltaba para dejar en su total desnudez al nefasto régimen de Maduro que es no es más que un sucesor decadente de un anterior autócrata. El “chavismo” pasará a la historia como uno de los más empobrecedores populisimos que haya sufrido pueblo alguno en América, sólo comparable con el primer gobierno de Alan García, combinado con una represión política a la cubana que parecía desaparecida, para bien, del continente.

En Lima, un proyecto de ley, de solo 3 artículos, trabajado “por meses” según declaración pública de una de sus autoras, la congresista y abogada fujimorista, Ursula Letona, se presentó el 9 de marzo y entró en agenda de la Comisión de Constitución para ser discutido lo antes posible. ¿A qué tanto apuro? Al igual que en Venezuela, la apariencia de legalidad aliena tanto que hay fujimoristas que creen que puede persuadir. Suponen que basta alegar un supuesto “derecho a ser informado”. El proyecto violaba – todo un mérito en tres artículos – al menos los siguientes derechos fundamentales: libertad de expresión, presunción de inocencia, libertad de trabajo, libertad de empresa e iniciativa privada libre, además de incluir un mecanismo de control de contenidos, es decir, de censura.  Bajo el pretexto de que personas vinculadas a la corrupción en agravio del Estado no podían tener relación periodística o empresarial con medios privados (una ley hecha con nombre propio: José Graña) lo que concretaban era una vendetta de Keiko Fujimori contra la familia Miro Quesada. Ojala estos aprendan la lección que no entendieron el 2011.

Sin embargo, a esta hora, tanto el régimen fujimorista como el chavista, retrocedieron. No hay tampoco sorpresa. Sólo demuestra que todos los autoritarismos tienen límites.  ¿Existirá algo de vergüenza profesional en abogadas que escriben una inconstitucionalidad de proporciones monumentales? ¿Le puede tener temor Maduro al aislacionismo internacional? ¿Puede el mensaje de la OEA contener un entrelineas de sanciones comerciales de los Estados Unidos? Preguntas que responderá, más adelante, la historia.

Lo cierto es que, por un lado el fujimorismo ya no va vetar a “investigados por corrupción” en los medios, salvando al menos la presunción de inocencia y desapareciendo la “veeduría de la censura”. Su nuevo proyecto, ahora de dos artículos, solo viola la libertad de expresión y la libertad de . Las congresistas han pedido que el debate no se de en los medios, sino dentro de la Comisión, exhibiendo, nuevamente, sus intenciones de censurar las opiniones que unánimemente les han sido adversas. Si lo intentan de nuevo, serán, tarde o temprano, aquí o en la CIDH, vencidas en juicio constitucional.

En Caracas, después de una reunión de toda la noche entre Maduro y sus propios jueces (no hay otra forma de describirlo) se anuncia que ya no se disuelve el parlamento, que ya no están en desacato y que se les devuelve las inmunidades parlamentarias. Es decir, se dejaron de oficio, sin efecto, las sentencias que ponían al Legislativo fuera de juego. ¿Aquí no pasó nada? Eso ésta por verse. Venezuela sólo ha regresado al punto en que estaba dos semanas atrás. Y ese punto era el de una dictadura. La OEA no puede retroceder un milímetro hasta negociar una hoja de ruta que otorgue a Venezuela al menos libertad para los presos políticos y elecciones libres, restauradoras de la democracia perdida.

Columna publicada el domingo 2  de abril del 2017 en el diario La República