Rosa María Palacios

Empecemos por remontarnos al pasado. La abogada Vilcatoma se hizo famosa por un hecho que hasta el día de hoy es un misterio. Mientras fue abogada del Estado, en la Procuradoría Anticorrupción, denunció públicamente que el Ministro Daniel Figallo la había citado en su despacho para analizar las posibilidades de la «colaboración eficaz» de Martín Belaúnde Lossio en el caso Ancash. En una segunda reunión ella grabó al Ministro de Justicia clandestinamente.

La grabación no probaba nada, salvo la típica discusión de escenarios que se da entre abogados. Entrevistada por mi en Radio Exitosa le hice la pregunta obvia: ¿De que delito acusa usted al Ministro de Justicia?. La respuesta nos dejó a muchos, hasta hoy, sorprendidos: «me reservo»- dijo. ¿Me reservo? ¿Cómo que me reservo? La abogada Vilcatoma fue fiscal en Ancash -donde, por testimonios que he recibido, la paso muy mal debido a las amenazas del grupo que rodeaba al  hoy preso ex Presidente Regional Alvarez – así que sabe muy bien lo que es una denuncia penal y como hacerla. Sin embargo, bastó el escandalete mediático para que un buen Ministro de Justicia tuviera que renunciar por un delito que hasta hoy no sabemos cual es. Por cierto, pese a toda la prensa que dijo lo contrario, con gran énfasis, Belaúnde Lossio ingresó al Perú luego de su captura en Bolivia y fue a un penal, luego a un centro médico, donde espera condena. Nunca hubo ninguna colaboración eficaz. Salvo en la cabeza de la procuradora Vilcatoma.

Vilcatoma, despedida, como era obvio, de la Procuraduría, ensayo un papel de perseguida por el gobierno y mártir de la lucha anticorrupción. Funcionó. Fotografías nocturnas en el frontis de Palacio de Gobierno, con bastante más producción que la de una abogada sencilla, la catapultaron a la fama. Keiko Fujimori vio con gran placer como esta figura, creada por los medios, se subía al coche con ella. ¡Una lideresa anticorrupción reforzaba las filas fujimoristas! ¿Qué más se podía pedir? Todo era felicidad.

Durante la campaña y conocidos los hechos que rodean la buena y extensa fortuna del Secretario General de Fuerza Popular Joaquin Ramirez, la ya elegida congresista, desapareció. No dijo ni chis. ¿Qué pasó con la autonomía de la lucha anticorrupción dentro de cualquier institución? No sabemos. Tampoco sabemos que piensa sobre la fortuna de los hermanos Fujimori, cuyo abogado, Miguel Torres es el Presidente de la Comisión de Constitución. Tampoco nos ha contado siquiera sus sospechas. Como esta probado que no necesita de delito alguno para acusar a alguien, ¿nos podría dar algún comentario? No. Esta muy ocupada, nada menos, que como Presidenta de la Comisión de Fiscalización en donde le toca perseguir investigar al Presidente que la sacó del puesto.

Hoy sin embargo, fue más allá de lo esperado. Señaló que no le sorprendía que su compañera de bancada – y también abogada – Úrsula Letona «petardeará» su proyecto para crear una Procuraduría autónoma. Esto, en pleno debate de la Comisión de Constitución.  Antes había acusado al Presidente de la Comisión (de su propia bancada) de no darle prioridad a su proyecto. A estas alturas, no creo que en Fuerza Popular sean tan ciegos de no darse cuenta que algo anda mal con la percepción de la realidad de la congresista Vilcatoma. Es evidente que algo muy duro ocurrió en el pasado de su carrera profesional en Ancash, pero el delirio de persecución que tiene – sea esa la causa u otra – se muestra en público por segunda vez. Y por segunda vez, sin ninguna prueba.  Esos son los hechos. Nadie la petardea, como nadie le sugirió siquiera algo ilícito en el Ministerio de Justicia. Todo esta en su imaginación. Pero si, por los mandatos de ésta, va a imponer a punta de amenazas cualquier disparate, mal negocio ha hecho el fujimorismo. Se acabo la felicidad.

¿Por qué el proyecto de Procuradoría autónoma es un disparate?

Vamos al tema de fondo y para eso se necesita repasar ciertas cosas fundamentales que parecen olvidarse para poder legislar.

En un Estado totalitario Partido, Gobierno y Estado son entidades superpuestas.  Un solo partido gobierna; solo gobierna quien es del partido;  y no se hace de forma temporal sino perpetua o con animo de perpetuidad. Por eso distinguir el Estado (que es permanente) y el gobierno (proyecto político temporal) es imposible.

En una democracia representativa, como pretende ser la nuestra,  Partido, Gobierno y Estado son entidades diferenciadas. La alternancia en el poder, la separación de poderes, la vida multipartidaria, hace imposible que un solo partido se apropie del gobierno y mucho menos del Estado. El partido se maneja en espacios democráticos propios, el gobierno en los suyos y el Estado, con intereses permanentes que trascienden un proyecto político temporal, en los que los que le corresponden. Por eso, y esto es clave, quien trabaja para el Estado no trabaja para el gobierno. ¿Se entendió? ¿No? Aquí vamos de nuevo.

¿Quién trabaja para el gobierno? Aquellas personas que siendo o no militantes del partido que se alza en el poder, se adscriben al proyecto político ganador y  temporal, pero con aspiración de permanencia en la vida política del país. En un Estado democrático sólo las elites en el poder trabajan para el gobierno. Personal nombrado de absoluta confianza del Presidente y tal vez, ni eso. Muchísimos tecnócratas ni siquiera trabajan para un gobierno porque podrían hacerlo para todos. En general, miles de peruanos desde un Director General, hasta la última secretaria trabajan para el Estado, sin importar la modalidad de contratación que tengan. No tienen ninguna responsabilidad política, reservada a los Ministros.

Esta confusión, azuzada por periodistas que no han pasado, en años, sus ojos por algún libro de texto elemental de Teoría del Estado, esta en el transfondo de los insultos a cualquiera que en algún momento de su vida trabajará para el Estado (no para el gobierno) acusándolo de trabajar para un partido. Y esta confusión, a la vez, es la que da pie al fallido proyecto de la congresista Vilcatoma.

El procurador es un abogado del Estado, es decir de una de las partes. No es un abogado del gobierno porque los gobiernos pasan pero los procesos y la defensa jurídica del Estado permanece y trasciende un periodo de gobierno. El Estado litiga en todas las vías: civil, constitucional, laboral, administrativa y por supuesto, penal. Son millones de expedientes acumulados manejados por miles de abogados. Cada Municipalidad Distrital, Provincial, Gobierno Regional, Unidad Ejecutora de gasto, cada pliego presupuestal, tiene no menos de un procurador y a veces, muchísimos más. Esta legión de funcionarios no trabaja para el Alcalde o Gobernador Regional, ni para el Ministro. Trabaja para el Estado Peruano. Si es un sobón del funcionario o no lo es, eso no se cambia con una ley que le de mas «autonomía».  Ya es autónomo en su función de defensa de los intereses del Estado. Su marco se lo impone la ley, no el titular del pliego presupuestal para el que trabaja.

Sin embargo hay Procuradurías famosas mediáticamente. Estas son las especializadas en lo penal y son, básicamente, tres: Antidrogas, Lavado de Activos y Anticorrupción. Las dos primeras están dentro del pliego del Ministerio del Interior y la tercera dentro del Ministerio de Justicia. ¿Son autónomas? ¡Por supuesto que lo son!  Hace 16 años que Sonia Medina es Procuradora Antidrogas para terror de los narcos y respeto de todos. Lo que les falta es personal, presupuesto, local propio y una serie de bienes escasos en todo el Estado. Si un Procurador cree que no se respeta su autonomía funcional, renuncia pues. Ese es el mecanismo mas eficiente de control. Reitero, la autonomía no es presupuestal, pero si es funcional. Siempre lo ha sido.

Todo organismo público aspira a la autonomía total. Es decir a ser un poder propio. Sin embargo esa es una fantasía perniciosa dentro de los procesos de reforma del Estado. No hay organismos «que floten en el espacio». Todos los que pertenecen al Ejecutivo necesitan un responsable político, es decir, un Ministro, que responda por ellos frente al Congreso. Sólo pueden ser organismos autónomos los señalados en la Constitución. Es decir, los tres poderes básicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y los organismos expresamente creados en la Constitución con mecanismos especiales de designación (Ministerio Público, TC, CNM, BCR, SBS, Defensoría del Pueblo, Contraloría, JNE, ONPE y RENIEC). Nadie más. ¿Se puede añadir otro? Si, por reforma constitucional pero tendría que responder a la estructura del Estado que hoy tenemos y justificarse su existencia.

¿Tiene sentido tener un organismo constitucionalmente autónomo para miles de abogados del Estado? No. ¿Tiene sentido que un organismo constitucionalmente autónomo como el CNM nombre los procuradores de todo el país? No ¿Podría ser responsable político del sistema de procuradores el Ministro de Justicia sino tiene ninguna injerencia en su nombramiento? No. ¿ Y si sólo se hace un órgano autónomo para las Procuradurías especializas penales? ¿Para qué? ¿Por qué Yeni Vilcatoma tiene una acusación imaginaria contra un ex Ministro? No veo motivo suficiente.

Basta con darle la razón a la congresista Úrsula Letona, que no esta petardeando nada. Tal vez sí, explicando lo que es obvio para cualquier estudiante de derecho.