Rosa María Palacios

Una de las acusaciones mas insistentes, durante la campaña presidencial, fue la de la vinculación del candidato Pedro Pablo Kuczynski con grupos empresariales que, de resultar electo, le pedirían respuesta a demandas ilegítimas por la vía de la presión o del pago en favores por los gastos de su campaña. El temor se funda en la larga carrera empresarial privada del hoy Presidente electo vinculada a grandes fondos de inversión en el mundo entero. No es un desconocido para la banca, ni para la inversión en el escenario mundial. Ha hecho su fortuna personal lícitamente dentro de ella, sin embargo, son esas relaciones personales, cultivadas por décadas las que asustan.

¿Quién es un lobista?

Kuczynski ha alegado que sólo personas malvadas pueden vincularlo con los posibles inversionistas en Doe Run y ha afirmado, enfáticamente, que no es lobista ni ha hecho lobby para empresa alguna, aquí o fuera del Perú.

¿Qué es entonces un lobista o, en español, un gestor de intereses? ¿Una persona rica, blanca, llena de conexiones que pide un favor para un amigo? ¿Un lobo al acecho de inexpertos funcionarios públicos dispuesto a corromperlos para lograr un beneficio indebido? No, necesariamente. La gestión de intereses va mas allá de ese estereotipo y mueve millones de dólares en el mundo. No es ilícita, si es que se desarrolla dentro de un marco legal.

El Diccionario de la Real Academia admite el anglicismo «lobby» y le da como significado «grupo de presión». El lobista o gestor de intereses es un profesional dedicado a tiempo completo a defender los intereses de una clientela que puede ser muy variable. Se parece al abogado – ayuda mucho si ha estudiado derecho al tener vinculación con el Estado – pero tiene que tener habilidades en el mundo de la comunicación, en todos sus niveles (corporativa, gubernamental, sociedad civil) para poder entender el problema que el cliente plantea, traducirlo a un lenguaje entendible para las contrapartes, plantear soluciones, negociar las soluciones y sobretodo, persuadir a quienes tienen nivel de decisión de cambiar una política pública.

Por ejemplo, la gestión de intereses en los Estados Unidos esta altamente regulada y se maneja fuertemente en el nivel federal, en Washington, donde están las más grandes firmas de lobby. La gestión de interés es tan diversa como diversos somos los seres humamos. Hay un lobby ambiental y otro anti ambiental; hay un lobby pro aborto y otro pro vida; hay un lobby pro armas y otro pro desarme; y así podríamos ir enumerando la cantidad de intereses que se ciernen sobre quien tiene que tomar una decisión final.

El Perú, no escapa a esa corriente. Toda colectividad sea gremial, asociativa, comunitaria, se aglutina en torno a un interés común y desea que este se plasme de alguna forma. Cuando ese interés pasa por ser legislado es evidente que esa colectividad buscará la mejor manera de hacerse oír. Hay gestiones de interés que son muy nobles y no despiertan sospecha en cuanto a un interés subalterno, por ejemplo, las gestiones en favor de los discapacitados, las mujeres maltratadas o los niños. Hay otras, donde los intereses son dramáticamente contrapuestos, como en el caso de las drogas, las armas o la vida. Sin embargo, los que mas preocupan son los mercantiles, patrocinados por empresas privadas que, a primera vista, son objeto de sospecha. De cualquier modo, todos los que «abogan» o gestionan por una causa son lobistas o gestores de intereses.

¿Cuál es el problema con la gestión de intereses?

El problema mas grave con la gestión de intereses en el Perú es que esta muy mal regulada. La ley vigente no ha logrado traducir sus buenos propósitos en un sistema transparente. Es decir, no sabemos quién hace lobby, para quién hace lobby y cual es el interés que representa. Eso es, en esencia, lo que todos necesitamos saber. Desde el periodista que investiga, hasta el funcionario que tiene la obligación de atender a todos los que reclaman algo, por igual.

¿Por qué tenemos derecho a saberlo? Para saber quién representa a quién. La cultura del secreto es la que debe ser destruida. Por ejemplo, si un supuesto «experto» se presenta a hablar en televisión sobre la necesidad de un subsidio tributario a determinada actividad y no nos dice que esta recibiendo un honorario por esa opinión, ¿actúa con rectitud? Por supuesto que no. No se le podrá perseguir hoy, pero debería cruzarse su información tributaria con sus defensas públicas para saber a quien defiende en secreto presentándose como un observador imparcial. Saber a quien representa no lo descalifica, pero si lo califica. Le da al tercero – ciudadano, competidor, funcionario – la posibilidad de balancear ese punto de vista con otros para formarse una opinión.

En el Perú, todavía una sociedad colonial en tantas cosas, prima la llamada del pariente, o del amigo, «o del amigo o del amigo», para lograr «el contacto», «la cita», «la agilización del tramite». ¿No bastaría ir por mesa de partes? El problema es que el acceso al funcionario es limitado y todos presumen que si además de conseguir el acceso, se llega con una «recomendación», todo fluirá con facilidad. Muchas veces no se pide nada que en justicia no corresponda, pero se recurre a métodos ancestrales para lograr un objetivo que podría lograrse de manera regular. Esto también puede y debe ser corregido con legislación.

Sin embargo, es en la gestión profesional de intereses donde más aristas hay que limar.  Un lobista no puede reclamar un beneficio tributario, un contrato del Estado, un cambio en condiciones contractuales, o la expedición de una licencia o cualquier acto administrativo bajo el manto del secreto y la contra prestación (sea de pagos, favores)  entre el interés que representa y el funcionario público. Hacerlo es delito. Eso es lo que hay que combatir y eliminar, así como el conflicto de interés que representa legislar sobre una materia y tener un interés directo o indirecto en ella. Por ejemplo, en el Congreso saliente ha sido un escándalo ver como propietarios de universidades privadas, a su vez congresistas, hacían un descarado lobby contra la reforma universitaria, que sólo demandaba mayores estándares de calidad.

El problema de los monopolios y el lobby

Cuando se escribió la Constitución de 1979 y la 1993, sí habían monopolios que combatir, eran los estatales. La economía peruana era tan pequeña que ni siquiera tenía monopolios u oligopolios importantes. Hoy, esa situación ha cambiado dramáticamente.

La Constitución de 1993 permite el monopolio pero prohibe el abuso de posición de dominio y todas las prácticas anti libre competencia que esto implica. La regulación existe, se aplica y ha sancionado a empresas y gremios en los últimos 20 años. Sin embargo, ha llegado el momento en que pensemos en la urgencia de tener regulación anti monopolio o como se conoce en inglés «anti trust».

Los monopolios perjudican la libertad de competir y por consiguiente la libertad del consumidor de elegir. Son la consecuencia natural de un sistema de acumulación capitalista, por tanto inevitables. Sin embargo, para evitar sus consecuencias negativas, en el mundo capitalista esta acumulación se prohibe o se regula, en beneficio de los consumidores.

En el Perú hay sólo dos clases de mercados monopólicos u oligopólicos prohibidos. Por ley, el de la electricidad y por el artículo 61 de la Constitución el de los medios de comunicación. Sin embargo, el Grupo El Comercio controla el 80% del mercado de prensa escrita (además del 70% de América TV) y no ha pasado nada. Nuestra acción de amparo (me incluyó, porque soy una de los ocho periodistas firmantes) no ha salido ni de primera instancia y en noviembre cumple 3 años estacionada ahí. Ese solo hecho demuestra el poder de la empresa oligopólica frente a los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial.

¿Que tiene que ver esto con el lobby? Mucho. El lobby monopólico es mucho mas voraz, efectivo y devastador que el  múltiples jugadores en un mercado donde hay competencia. El funcionario estatal se enfrenta a un solo jugador y a un solo interés dominante, con mas recursos económicos que los del propio Estado. Las posibilidades de ser influenciado, persuadido o vencido para el triunfo del interés particular, por encima del interés colectivo, es, mucho mas alta.

Conclusión:

En este quinquenio el gobierno de Kuczynski debe aprobar legislación anti trust y regular eficazmente a las personas y empresas dedicadas a la gestión de intereses, cualesquiera sea su denominación actual.

Esas dos medidas legislativas serán una gran forma de deslindar con confundidos mercantilistas o con «malévolos» adversarios. Si Kuczynski quiere dar una buena lección a todos los que le cuelgan el mote de lobista este es el buen camino. De pasó, ayudaría para que a su Presidente del Consejo de Ministros no lo terminen acusando de lo mismo, por haber trabajado diez años para el monopolio cervecero de SAB Miller.