Rosa María Palacios

El Congreso está soportando una presión inesperada frente a su reiterado y desesperado esfuerzo por intervenir la independencia de la administración de justicia, inhabilitando de un plumazo, a los 7 miembros que fueron seleccionados como titulares de la Junta Nacional de Justicia en el año 2020. A ocho meses de cumplir el mandato constitucional de 5 años, la JNJ ha recibido un apoyo internacional que no creo tenga precedente. Desde el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea, la CIDH o la Relatora especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados, el mensaje es claro: no vamos a tolerar que el Perú recorra la misma senda que Guatemala, Venezuela o Nicaragua. Habrá consecuencias. De ahí el apuro, esta semana, de una presidenta que suele estar muda y de su primer ministro, que no se mete en pleito con el Congreso, en salir a defender la autonomía y equilibrio de los poderes constitucionales “adentro y afuera”.

Para entender lo que se esta jugando hay que hacer un poco de historia. Una que es fea, pero cierta. Desde que el Perú regresó a la democracia en 1980, la hegemonía del partido aprista en el sistema de justicia fue la norma. La Constitución de 1979 daba al Senado la potestad de nombrar a los jueces supremos propuestos por el presidente de la república. Esto generó, hasta la Constitución de 1993, un poder extraordinario de lobby para cualquier abogado senador. Luego, el sistema cambio a un cuerpo colegiado, integrado por miembros elegidos en diversas fuentes. El Consejo Nacional de la Magistratura parecía una buena idea en el papel. Pero tan temprano como abril de 1998, Vladimiro Montesinos advertía a la bancada fujimorista sobre el éxito que había logrado controlando ese órgano.

¿Qué decía Montesinos hace 26 años? Que podían ganar la re reelección presidencial de Fujimori, pero con un congreso sin mayoría, su sobrevivencia dependía del control del sistema de justicia. La tenía clarísima. Por eso necesitan controlar el Tribunal Constitucional, el CNM, la junta de Fiscales Supremos y parte de la Corte Suprema. De esa forma podían controlar la ONPE, la Reniec y el Jurado Nacional de Elecciones. Montesinos sabía que no tenía que comprar a todos. Con controlar las mayorías de cada órgano tenía una elección garantizada para Alberto Fujimori. Pero, lo mas importante era conseguir impunidad para todos los crímenes del régimen. Eso, solo se conseguía controlando el sistema de justicia. Recuerden que en el golpe de 1992 Fujimori se deshace de toda la Corte Suprema. Para 1998 era necesario, según Montesinos, hacer que “la reforma judicial dure hasta las calendas griegas” para que el sistema jamás tenga autonomía. Todo está grabado en un vladivideo

En la actual cruzada parlamentaria concurren intereses bien claros.  De un lado, conseguir impunidad. De otro lado, controlar el sistema electoral. Pero, lo mas importante, retomar el poder perdido en toda la elección de jueces y fiscales que se perdió en la caída de la corrupta CNM y que el partido aprista había retomado desde el 2001. Como me explicó un fiscal supremo hace unos años, “si se puede ascender sin el Apra, pero nunca contra el Apra”.  Abogados y políticos, pero sobre todo abogados políticos, están comprometidos en esta causa. De ahí que aparezcan en medios señalando, con gran pompa y solemnidad, que la edad de Inés Tello (que cumplió 75 años el mismo 2020 a 8 meses de asumir) es causa para defenestrar a toda la Junta. Abogados que, en el 2020, decían exactamente lo contrario.

Para conseguir los 66 votos en el Congreso, ahora la negociación interna va por botar solo a los “caviares” para lograr un “equilibrio”. Si botan a todos, no habrá quórum hasta el próximo año. ¿Quiénes son los caviares? Los incorruptibles. Se habla de, además de Inés Tello, de Aldo Vásquez y de Imelda Tumialan. ¿Por qué? Porque sacando a tres, amedrentas al resto, incluyendo a los suplentes. Algo ya han avanzado en el Tribunal Constitucional más prevaricador del que tenga recuerdo. La designación de Marco Falconi es un disparate jurídico. El postulante mintió. Ese es un dato objetivo. Pidió que se le bonifique por su servicio como licenciado de las Fuerzas Armadas cuando solo había hecho la secundaria en un colegio militar. El Comité de Selección rectificó el puntaje antes de la juramentación. Falconí perdió en todas las instancias, como es obvio hasta para un practicante de primer año de derecho. Hasta que llego al TC y se le abrió el cielo. ¿Saben cual es la enloquecida justificación del TC? Que ya se había publicado el cuadro de méritos y por tanto Falconi “ya estaba nombrado” y eso no se podía rectificar. ¿Importa que mintió? En absoluto. Por supuesto, este TC no es caviar. Salvando el voto de Manuel Monteagudo, que no se prestó a este escándalo.

Si los abogados políticos (importa poco su capacidad para defender una causa cuando importan más sus “contactos” “no caviares”) necesitan poder, los congresistas necesitan impunidad. Esa la canjeaban por sus votos con Patricia Benavides. Suspendida ella, están ahora en camino al proceso penal. La fiscal Delia Espinoza ha abierto proceso contra 14 de ellos. ¿Tienen conflicto de interés en la votación para inhabilitar a la JNJ? Por supuesto. Pero la vergüenza es algo que perdieron hace mucho. Mochasueldos Unidos, jamás serán vencidos.

Aquí cabe hacer una reflexión sobre el sentido del Antejuicio tal como está establecido en los artículos 99 y 100 de la Constitución. Se suponía que el Congreso debía garantizar que el sistema judicial no persiguiera políticamente a nadie. Este contrapeso está pensado para garantizar un debido proceso y despolitizar el sistema de justicia. Con los años, su uso es una calamidad nacional. Hoy, sirve para proteger delincuentes amigos de la mayoría parlamentaria que se forme y para perseguir políticamente a sus enemigos o a quienes no están dispuestos a corromperse. ¿Qué va a pasar cuando la fiscal Delia Espinoza concluya su investigación y decida acusar a esos 14 congresistas? Se los puedo anticipar: la subcomisión de acusaciones constitucionales archiva todo. Si no archivan (caso de Becerril, Merino, Alarcón), modifican los tipos penales para irse por los de pena mas baja y más próximo a prescribir (caso de Luciana León). Esto es un asco. Por esa razón, la institución del antejuicio debe abolirse como la de la inmunidad y todos enfrentar la justicia como lo hacemos todos los ciudadanos.

¿Qué hacer mientras tanto? La ventaja de la democracia es la alternancia en el poder. Nada garantiza que lo que venga sea mejor, pero puede ser diferente. No podemos votar (porque algún castigo merece) por partidos políticos que hoy tienen representación parlamentaria. Son 10 partidos que el pueblo debe repudiar para dar la única lección que podemos darles. Y a los que quedan fuera, comprometerlos. De aquí, hasta abril del 2026 #PorEstosNo

Columna publicada el 3 de marzo del año 2024 en el diario La República