Rosa María Palacios

El congresista Jorge Montoya propone, a través de un proyecto de ley apoyado por su bancada, Renovación Popular, la denuncia del Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por el Perú el 28 de julio de 1978 y que entró en plena vigencia al recuperarse la democracia dos años después.

Dado que es poco probable que lean las 8 páginas del PL 05216/2022 remitido a la Comisión de Constitución y Reglamento, les hago un breve resumen de su exposición de motivos. Se admite que Alberto Fujimori no pudo hacer una denuncia parcial del tratado (salir de la competencia de la Corte) por estar prohibido, por lo que no queda sino la denuncia integra. ¿Por qué? Porque es necesario “recuperar la soberanía judicial” y es “un hecho incontrastable la madurez institucional del Estado peruano” (les juró que estoy citando), señalando más adelante que no se requiere “ser tutelado jurisdiccionalmente por un órgano extranjero (sic) supranacional”. Añade preguntas retóricas como, “¿son útiles a la dignidad nacional los fallos de la Corte que favorecen a los grupos terroristas obligan al pago de reparaciones, a construir monumentos y pedidos de disculpas a favor de los enemigos de la democracia?”. De acuerdo con el verbo florido del congresista Montoya, al menos reconoce que constitucionalmente solo la presidenta puede denunciar un tratado, pero añade que, si ella no obedece una ley del congreso, entonces pueden inhabilitarla por infracción a la Constitución. La amenaza, va incluida: “te vacamos”.

En otras circunstancias, semejante alarde de ignorancia supina en material legal no merecería más que unas sonrisas piadosas y un archivo de misericordia. Digamos, para que no les note el fascismo que no admite que los seres humanos, en una democracia, no somos súbditos de un proyecto autoritario y que la vida de todos los peruanos vale lo mismo. Exactamente lo mismo frente a una bala asesina que sale de un arma puesta en manos del Estado para cuidar, no para matar. Para perseguir el delito, no para encubrir asesinatos. Pero estoy segura de que el proyecto del congresista Montoya será un exitazo. Me explico.

Hace unos días, Alberto Vergara se preguntaba: ¿qué pasó con las elites que no admiten la barbarie que vivimos?  De donde yo vengo, una porción mas que acomodada de la sociedad, que perdió mucho y todo por una dictadura militar socialista, se añoraba la democracia en mi infancia y juventud. Se luchaba por recuperar la libertad de expresión y no volver perderla. Se creía en la separación de poderes, en los contrapesos, en los limites que los ciudadanos poníamos al poder. En resumen, en la república liberal. Se creía en que teníamos derecho a tener todos los derechos que nos corresponden como seres humanos libres, no esclavos. ¿Qué pasó con la elite que creía que debía incorporar a millones de peruanos a los mercados mundiales a través de la infraestructura, la educación, la salud y la justicia que debían poner un piso mínimo de prosperidad para todos? ¿Qué paso con esa misma elite que se horrorizó al conocer la carnicería de Sendero Luminoso y la enloquecida represión del ejercito que acabó con tanto inocente? ¿Qué pasó con las elites que se hartaron de la corrupción de finales de los noventa, hartas de las mafias que lideraba Montesinos y Fujimori?

En los últimos años, grandes casos de corrupción, en esa infraestructura que debía traer prosperidad, han arrastrado a esas elites. Grandes empresarios que, en lugar de apostar por la transparencia electoral le metían dinero en maletines a las campañas amigas para, años después, denunciar fraudes inexistentes usando todo el aparato legal de esas mismas elites. La austeridad republicana se cambió por una frivolidad que hoy todo lo banaliza. Añadan miedo, culpa, resentimiento. Esas elites aspiran a la “fuga territorial”, al gran escape, pero es un irse sin poder irse, porque en ningún lugar del mundo estarán tan cómodos como en Perú. Si se vive con esa frustración, importa entonces poco 49 muertos con proyectil de arma de fuego de propiedad del Estado peruano, importa menos quien es presidenta “si podemos controlarla”, importa nada tener libertad de expresión porque un periodista se compra con un “alquiler” y una coimaza. Para contestar la pregunta de Alberto, el diagnóstico es ceguera moral colectiva y lamentablemente, no parece temporal.

Hace poco alguien me preguntó si sabía de dónde venía. Se perfectamente de dónde vengo, el problema es que extraño mucho ese lugar que hoy, va desapareciendo. No queda nada de esa república liberal con las que algunos de nuestros mejores ancestros soñaron. La sustituye la barbarie que no es otra cosa que la falta de libertad y de derechos y la entronización de un proyecto autoritario y mercantilista.

Columna publicada el domingo 4 de junio del año 2023 en el diario La República