Todo es gracia
Ser periodista es el mejor trabajo del mundo. No me quejo. Puedes conocer muchos mundos, sin salir del tuyo. Atisbar lo mejor y lo peor de los seres humanos. Entrar a profundidades secretas. Ver la gloria y la caída. Procurar hacer el bien, cosa que algunas veces puede ser un éxito y en muchas otras un notorio fracaso. No siempre los buenos ganan y los malos la pagan. La vida no es lo que debe ser. Nunca lo fue. Tratamos (yo y otros buenos colegas) todos los días de mantener la injusticia a raya, de darle voz a los invisibles, de ofrecer no uno sino muchos ángulos de un mismo problema. A veces, anticipamos desenlaces o garabateamos soluciones. A veces, funcionan.
Tuve la suerte de entrar al periodismo a los 35 años. Para esta profesión, viejísima. Venía de otra carrera. El derecho (y las humanidades de base) ha sido una herramienta poderosísima para diferenciar mi trabajo. Admiro a los que cubren política sin estas muletas. Sin ellas yo estaría perdida. Decía que tenía la suerte de haber entrado muy tarde en la vida a esa antigua cabina de RPP en la Avenida Cuba, y unos meses antes a reemplazar (yo creía que sólo por dos semanas) a Pedro Salinas. Aprendí rápido y a costa de mil errores porque me rodearon los mejores. Algún talento tenía porque me fue bien, muy rápido. Pero a los 35, tus cables a tierra son sólidos. Si eso me hubiera pasado a los 18, otra hubiera sido la historia.
Recuerdo mi capacidad para ser indiferente a la presión política (que la hubo, pero esa es otra historia) pero no recuerdo en esos primeros años muchos insultos. No había redes sociales. En el 2004, cuando tenía programa propio en América TV, los ataques crecieron. Llegaban por correo electrónico al programa. Tenía un file de manila que decía “amenazas”. Las imprimía y las dejaba ahí, porque siempre he creído que perro que ladra no muerde. El 2010 y el 2011 (hasta que me botaron) las cosas se pusieron un poco feas y Laura Puertas insistió en que tuviera guardaespaldas. No me dejó espacio para negarme.
Twitter entró a mi vida el 2010. Para estándares de notoriedad, ha sido un éxito. Ya pase de los tres millones setecientos mil seguidores. Pero, para estándares de sanidad mental, el manicomio más tóxico. Mientras tanto, he pasado por muchos medios y aventuras periodísticas. Me botaron de RPP, de ATV (por razones políticas como en América) y hasta de Exitosa (por tener la osadía de reclamar que se pague puntualmente). Escribí para varios periódicos y estoy aquí, en esta página, desde el 2015. En el programa Sin Guion desde el 2017 y en Radio Santa Rosa desde el verano del 2016. Hoy por hoy, todo es multiplataforma, así que el contenido se multiplica. Trabajas más, con equipos muy pequeños. Pero de eso, tampoco me quejo.
He visto, en los últimos años, desmoronarse emocionalmente a colegas, hombres y mujeres, talentosos y queridos. Sometidos a una toxicidad sin límites en redes sociales. Terapias, psiquiatras, pastillas. La presión puede ser brutal. Corrección: es brutal. No es humana. Me pasaron una nube de palabras de ataques contra mí y otras colegas mujeres. El ataque al cuerpo es la especialidad de la cloaca. 50 fulanos te organizan un ataque anónimo por meses. Los apuntalan sus patrocinadores que suelen ser políticos venidos a menos con negocios riesgosos y algunos alquilados con firma, que no fallan. Uno que otro confundido y un par por ahí desesperados por ser mi colgajo como si ser aspirante a enemigo, hace que alguien los mire.
¿No te cansas? ¿No te hartas?, me preguntan. ¿Cómo haces? La verdad, esto funciona como con mi viejo file de amenazas. Son fantasmas. Anónimos troles de granja. No les concedo ni forma humana. Bloqueo en masa y ya está. Pero cuando escala, como cuando te visita las pestilencia física y virtual, cosa que sucede cuando tienes que poner tu nombre al lado de defender la vida, la verdad, la democracia, la libertad o cualquier manifestación del bien común y te topas con los intereses particulares de la peste política que sufrimos, ¿saben que siento? Me sube como un orgullo feliz que va desde los pies a la cabeza. Me siento realmente bien con esos maravillosos insultos, esas benditas diatribas que me hacen volar por encima de Lima. Con la autoestima al tope, me río mucho. Agradezco a Dios por el horrendo temor que causo en un conjunto de imbéciles por decir la verdad y me reafirmo: Ser periodista es el mejor trabajo del mundo. Me ha hecho inmune al odio ajeno. Ese es mi super poder. Hasta eso lo agradezco.
Columna publicada el domingo 14 de mayo del año 2023 en el diario La República
Nada que caviares inexistentes, consultorias inventdas, ni que ocho ¼titos. La Mafia DBA/MAC/IBA se ha convertido en una dictadura y no lo esconde. Además, Keiko Fujimori es la que está mu, pero muy desesperada ya que la justicia la tiene en capilla a ella, su exmarido, sus personas de confianza y sus asesores más cercanos. La periodista Rosa María Palacios se sumó a los cuestionamientos contra el proyecto de la bancada de Renovación Popular, liderada por el masón, montesinista y exalmirante Jorge Montoya. Esta iniciativa plantea denunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) con la finalidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pierda su autoridad sobre el Estado peruano con respecto a las acciones de la justicia peruana que podrían violar los derechos humanos. En este sentido, la conductora de “Sin guion” señaló que existe una “ignorancia” en materia legal entre los integrantes de Renovación Popular, quienes respaldaron este proyecto que propone la denuncia del Pacto de San José, que fue ratificado por el Perú el 28 de julio de 1978 y que entró en plena vigencia al recuperarse la democracia dos años después. “En otras circunstancias, semejante alarde de ignorancia supina en materia legal no merecería más que unas sonrisas piadosas y un archivo de misericordia. Digamos, para que no le note el fascismo que no admite que los seres humanos en una democracia no somos súbditos de un proyecto autoritario y que la vida de todos los peruanos vale lo mismo, exactamente lo mismo frente a una bala asesina que sale de un arma puesta en manos del Estado para cuidar, no para matar”, se lee en su columna. Cabe resaltar que la presentación del proyecto ocurre en un momento en el cual Perú ha sido señalado por presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en contra del Gobierno de Dina Boluarte. Estos eventos resultaron en la pérdida de vidas y la afectación de muchas personas, tal como ha sido documentado en los informes tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como en los de Amnistía Internacional. Ante ello, Rosa María Palacios agregó que el proyecto llega con una amenaza a la presidenta Dina Boluarte: “De acuerdo con el verbo florido del congresista Montoya, al menos, reconoce que constitucionalmente solo la presidenta puede denunciar un tratado, pero añade que, si ella no obedece una ley del Congreso, entonces pueden inhabilitarla por infracción a la Constitución. La amenaza va incluida: Te vacamos”. En esta línea, el nuevo defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, rechazó el proyecto de Jorge Montoya y la presión ejercida sobre el Ejecutivo para denunciar a la CADH: “No es correcto alejarse de los parámetros de la instancia jurisdiccional supranacional porque ningún peruano está exento del abuso de poder y, por eso, tenemos una instancia supranacional que revisa esos excesos y que resuelve esos excesos con objetividad”.
Hay animales que denuncian que los condenados por tribunales militares o sin rostro fueron indultados por la CorteIDH. ¡PURAS MENTIRAS! La Comisión Ad Hoc que se ocupó de todos esos casos la creó Alberto Fujimori. Más de la mitad de tales indultos llevan su firma. Sí, así es, llevan estampada precisamente la rúbrica del mismo Alberto Fujimori. Así que están argumentado puras cojudeces.
Hagamos el siguiente ejercicio: el 2026 hartos de Dina Boluarte y sin más opciones, un tirano de izquierda radical toma el poder. Arresta porque le da la gana, como hhace el dictador nicaragüense Daniel Ortega, a todos los dirigentes de Renovación Nacional ¿seguirá la Renovación Medieval de Porky López y Luis Giampietri diciendo que la Convención Americana no sirve para nada? No, pues. El montesinismo infiltrado en ese partido desde el saque ya tan extremista y corrupto, hecho evidente por la propuesta de este proyecto de ley tan pro-dictatorial y la presencia de elementos militares y masónicos como lo son Jorge Montoya y José Cueto, le está haciendo mucho daño al Perú y la política nacional.
Claro, Keiko Fujimori, sin duda fiel a su herencia dinastica, siempre propuso el retiro del Estado peruano de la Convencion Americana y la CIDH hasta que a ella le convino apelar a esa entidad suprenacional con un caso personal en defensa de sus derechos humanos (https://sputniknews.lat/20181215/keiko-fujimori-acude-cidh-para-garantizar-derechos-1084155747.html). Es mas, Keiko Fujimori ha acudido a la Convencion Americana mas de una vez. Esto confirma la miopia hipocrita de la ultra derecha que tiende a la prepotencia, corrupcion, violencia e inconstitucionalidad para conseguir llegar al poder cuando se da cuenta que legitimamente es incapaz de ganar una eleccion.
No, La Pestilencia es el que es en un grupo subversivo lleno de terroristas. Terroristas raros porque son cholos radicales pero a la misma vez fungen de fascistas, racistas (contra su propia raza y casta social) y fraudistas (sobre fraudes electorales inexistentes aunque no dicen ni pio de los vastos y graves actos de corrupcion de sus jefes, financistas y patrocinadores politicos).
Esto ya es el colmo de los colmos. El Congrezoo trata con guantes de seda a parlamentarios corruptos que merecen la más severa sanción por recortarle sueldos a trabajadores de sus despachos. En vez de castigarlos, los blinda. ¡Esto es inaceptable!
¡POBESHITA!
¡Que pena da!
¡Que tal injusticia! No tiene nombre.
¿Y para que quiere Keiko Fujimori salir del Peru? ¿Para fugarse como hicieron su padre y sus tios y tias ahora que las papas queman y ya comienza el juicio de tan solo uno de sus juicios penales?
Otra cosa, troll, demuestra que PPK y Susana Villaran han salido del Peru durante el largo periodo de años que sus procesos judiciales han durado. No ha sucedido. Tan llano, facil y simple como eso. Ese es el hecho real y contundente. Esa es la realidad. El resto son mentiras.
Si, pues. Keiko Fujimori esta prohibida de salir del Peru porque se sospecha su fuga, dados sus antecedentes de comportamiento ante la ley y la justicia. Ella ha puesto todos los impedimentos posibles para que sus procesos judiciales no avancen. Inclusive, ha mentido descaradamente innumerables veces y todo eso ha sido comprobado en un cuadro de inconducta procesal que merma su credibilidad. Eso no tiene nada que ver con el invento ese de «los caviares», ni que ocho cuartos. Keiko Fujimori ya controla el TC y el MP, ahora quiere copar el PJ y la JNJ para completar la torta y asi evitar ser condenada por sus crimenes, como corresponde. Eso es todo. No hay otra excusa, motivo o razon. Ese es el plan que ya esta en plena ejecucion ante nuestras narices.
Y asi quiere que le den permiso para que sala del pais. Que abusiva que es Keiko Fujimori, la verdad.
https://larepublica.pe/carlincatura/2023/06/04/carlincatura-de-hoy-domingo-4-de-junio-de-2023-369900
OJO, no vaya a ser que esta crisis del Dengue crezca, como todo indica que va a suceder, y el troll de la Mafia UDBA/MAC/EIBA se vea obligado a llamar a Dina Boluarte y Alberto Otarola genocidas, ah. Cuidadito nomas. Digo, ¿no? Porque me imegino esta nueva pandemia se va a medir con la misma vara como cuando Martin Vizcarra y Francisco Sagasti enfrentaron a la del COVID 19, ¿no?
Por siaca nomas paso el yara.
A lo que a llegado este CONGREZOO y el partido de Porky López Aliaga. ¡Es realmente increíble! Bajo la excusa de «salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano», la bancada de Renovación Popular, liderada por el masón montesinista Jorge Montoya, presentó un proyecto de ley que busca denunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) . De esta manera, este viejo lesbiano pretende que la Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) no tenga competencia sobre las acciones del Estado peruano en torno a las acciones de la justicia peruana que podrían violar los derechos humanos. La presentación de esta iniciativa legislativa se da en un contexto en el que el Perú viene enfrentando acusaciones de violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, lo que dejó decenas de muertos y cientos de heridos. Las cuales han sido recogidas en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Amnistía Internacional. Ambos documentos concluyeron que, durante las manifestaciones en Arequipa, Ayacucho, Puno y otras regiones del Perú, se cometieron «ejecuciones extrajudiciales». «En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales», se lee en el documento de la CIDH. Si el texto presentado se aprueba, Dina Boluarte deberá entregar, en un plazo de 30 días calendarios, la denuncia contra la CADH ante el Congreso de La República. Si la jefa de Estado desestima la denuncia, tendrá que remitir al Parlamento un informe sobre «las razones que le asisten para considerar que es inoportuna e inconveniente la denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Mininter informó que ofreció una recompensa de 150 mil soles por información relevante que contribuya con la captura de César Hinostroza Pariachi quien se encuentra investigado por el delito de cohecho activo genérico en la modalidad de organización criminal por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.
El programa de recompensas del Ministerio del Interior oficializó la fuerte suma de dinero para lograr con el paradero de César Hinostroza. La iniciativa del Mininter se da luego de que el exjuez de la Corte Suprema César Hinostroza se fugó de España. En 2022, el Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional de España no pudo localizar al investigado en la dirección de Madrid donde venía residiendo, cuando llegaron para hacer cumplir la orden de búsqueda, ubicación, captura y detención con fines de extradición al Perú.
No sé si Hinostroza sea «caviar», «cabro», «señorito» o «loca», como lo pondría el troll de la Mafia, pero la diferencia es que el tal Fernandini enfrentó su proceso judicial, dio la cara y cayó en manos de la justicia, en comparación con este caso de un magistrado supremo que se fugó del Perú para irse a España y de ahí se volvió a fugar, después de que este miserable dijera ante cámaras de TV que había encontrado a Jesús y denunciara que era completamente inocente, que era un perseguido político, fuera de asegurara de que nunca se fugó del Perú a pesar de que habían imágenes de él coimeando a un funcionario de migraciones para salir por el terminal de Tumbes.
Esa es la diferencia. He ahí lo que marca la gran distinción entre la verdad de los hechos tal y como sucedieron de la mentira malintencionada, el insulto denigrante y el chisme de callejón sin fundamento fáctico.
¿Ya hicieron la denuncia pertinente ante la Interpol y la Europol? Porque hacer anuncios aqui en el Peru y la bicoca de 150 soles, no significa nada y puede ser uh engañamuchachos nada mas. ¿Como pudo escaparse Cesar Hinostroza de la policia española? ¿Coimeo a alguna autoridad española? Casi nada se sabe sobre ese caso y nadie del periodismo local reporta nada sobre el.
Bajo la mismisma vara que tu le aplicas a PPK y Mauricio Fernandini, ¿por que Keiko Fujimori, Mark Villanella, Vicente Silva Checa, Ana Herz, Adriana Tarazona, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Pier Figari, Luciana Leon y Jorge del Castillo no estan metidos en el Lurigancho? Ellos cometieron peores y mas crimenes que Fernandini, ¿por que no han sido encanados?
El juez Víctor Zúñiga Urday impuso impedimento de salidad del país a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, su exesposo Mark Villanela y otros seis dirigentes y/o colaboradores del referido partido político, Vicente Silva Checa, Ana Herz, Adriana Tarazona, Jaime Yhosiyama, José Chlimper y Pier Figari, por 36 meses con miras al desarrollo del próximo juicio público contra ellos por delito de lavado de activos.
El 16 Juzgado Penal Unipersonal de Lima abrió un nuevo proceso penal contra el cabecilla del grupo violentista ‘La Resistencia’, Juan José Muñico Gonzales, también conocido como Jota Maelo, por actos de difamación en contra del Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Jota Maelo ya fue notificado en forma válida, según se consigna en la resolución, y fue citado para declarar el 2 de agosto, a las 8:30 a.m. El pasado 2 de febrero, el equipo del IDL presentó una segunda querella contra esta persona por nuevos actos de difamación realizados tanto a través de las redes sociales como en manifestaciones públicas. Los hechos corresponden al mes de enero, cuando Muñico Gonzales lanzó agravios en contra de la CNDDHH, a través de su cuenta personal en la red social Twitter. Difundió, por ejemplo, un diseño manipulado del logotipo institucional de dicha organización para pretender vincularlo con el terrorismo. Más directo, el 16 de enero calificó a la CNDDHH como una organización “filoterruca” y a los días lanzó más insultos.
Hablando de asesorías indebidas, excesivas e injustificadas (pero las de verdad, no las de mentirillas), el CONGREZOO —el del presupuesto histórico de S/928,2 millones en 2023 y criticado por sus gastos exhorbitantes— desembolsó al menos S/75.000 para la contratación de personal para el funcionamiento de la Comisión Especial de selección de candidatas o candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. El proceso finalizó —el 18 de mayo— con la elección de Josué Gutiérrez, exabogado de Vladimir Cerrón, como nueva cabeza de la defensoría.
El proceso de elección no estuvo exento de cuestionamientos debido a que se realizó sin concurso público, a las críticas contra algunos candidatos y al problema judicial generado por una acción de amparo interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de la defensoría del pueblo para detener el proceso. Logró hacerlo en dos oportunidades, pero para la tercera comisión se impuso la decisión del Tribunal Constitucional, frente a la demanda competencial planteada por el CONGREZOO, de anular las resoluciones emitidas que paralizaban el proceso y rechazó cualquier intromisión judicial en decisiones del Legislativo.
En la práctica se crearon tres comisiones. La primera fue creada en el 2022 y fue presidida por la expresidenta del CONGREZOO de la Republica, María del Carmen Alva. Se tuvo que suspender por decisión judicial. Meses después, en el mismo año, Freddy Díaz Monago —actualmente desaforado y bajo prisión preventiva— fue presentado como presidente de la segunda comisión encargada para la elección del defensor del Pueblo, pero debido a sus problemas legales fue separado del cargo y asumió Idelso García Correa. Finalmente, el Pleno no alcanzó los 87 votos necesarios para elegir a algunos de los candidatos propuestos.
Fuentes del CONGREZOO informaron a este medio que para las dos primeras comisiones no se contrató personal de confianza para su funcionamiento, pese a que la segunda sí cumplió con todo el calendario programado. Se habría empleado a trabajadores del servicio parlamentario que ya formaban parte de la planilla del Poder Legislativo.
Diferente fue la historia con la tercera comisión, la cual también estuvo presidida por Idelso García Correa. Este grupo de trabajo presentó un cronograma de actividades por etapas que fue desde el 5 de febrero hasta el 9 de mayo del 2023. Para esta ocasión, sí se contrató personal por un valor que supera los S/75.000 —de acuerdo a información a la que se accedió— en pago de remuneraciones. A pedido del parlamentario de APP se contrató apoyo de asesores, técnicos y auxiliares.
En total se contrató a seis personas: tres asesores II con escala remunerativa nivel 8 (S/8.212 a S/8.957), un técnico de nivel 5 (S/4.659 a S/5.649) y dos auxiliares de nivel 2 (S/2.786 a S/2.988). Tomando como referencia el monto más bajo, se gastó como mínimo S/74.393 por los meses de febrero (S/23.869 en sueldos), marzo (S/26.655) y abril (S/23.869).
https://larepublica.pe/heduardicidios/2023/05/30/heduardicidio-de-hoy-martes-30-de-mayo-de-2023-1613430
Estos son los 9 mocheros: https://larepublica.pe/carlincatura/2023/05/31/carlincatura-de-hoy-miercoles-31-de-mayo-de-2023-1908391
https://larepublica.pe/carlincatura/2023/05/30/carlincatura-de-hoy-martes-30-de-mayo-de-2023-2044290
En marzo y abril, la Comisión de Justicia del Congreso recibió los informes técnicos y señaló que el proyecto de ley no era viable. Sin esperar esas respuestas, elaboraron el dictamen que fue aprobado por el Pleno y promulgado por el Ejecutivo. La polémica norma que modifica la suspensión de los plazos de prescripción, promulgada el viernes último por el Ejecutivo, fue aprobada por el Pleno del Congreso pese a que la Fiscalía y el Poder Judicial opinaron que la ley no era viable. Sin consideración de las observaciones técnicas, la ley 31751 que modifica los plazos de la suspensión de la prescripción limitándola a no más de un año podría traer consecuencias negativas para la persecución del delito, sobre todo los de naturaleza más compleja. La ley aprobada, que es producto de la adaptación de numerosos dictámenes desde el 2016 en adelante, no ha tomado en cuenta las opiniones técnicas solicitadas al Ministerio Público y el Poder Judicial en 2022. Dichos informes fueron enviados en marzo y abril.
Por un lado, la Jefatura de Gabinete de Asesores del Poder Judicial, a cargo de Pedro Miguel Angulo, concluyó en el informe n° 000032-2023-GA-P-PJ que el proyecto era inviable. Esto debido a que el órgano judicial considera que, por ejemplo, en los casos donde se requiere la prerrogativa parlamentaria para que la Fiscalía investigue, el órgano estaría sin la posibilidad de llevar a cabo un debido proceso. En ese sentido, se advierte que debería regresar a debate “para un mayor análisis y elaboración (de propuesta legislativa)”.
El Ministerio Público concluyó lo mismo. El órgano fiscal sostiene que no resulta viable “al pretender considerar que el plazo del proceso penal debe contabilizarse cuando no resulta posible que el sistema de justicia pueda realizar acciones de investigación”. Lo anterior hace referencia a todas aquellas diligencias seguidas a altos funcionarios de entidades públicas, las cuales, por su naturaleza jurídica compleja, deben esperar ciertas acciones extrapenales tales como la espera de pronunciamientos que puede desencadenar, por ejemplo, un antejuicio político que está contemplado en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú. De esa manera, enfatizan que si esos tipos de tiempo que duren los procesos extrapenales son considerados para el plazo prescriptorio del proceso penal “podría generar la prescripción de la acción penal, generando impunidad de los delitos, sin siquiera darle la oportunidad al sistema de justicia de realizar acciones de investigación”.Sin esperar estas respuestas, el 1 de marzo la comisión aprobó el dictamen con los votos de los legisladores de Perú Libre, por supuesto, Fuerza Popular y Acción Popular. Ese mismo texto fue aprobado el 11 de mayo en el Pleno con el respaldo de las bancadas de derecha e izquierda conservadoras, y enviada la autógrafa el 19 de mayo pasado. El Ejecutivo la promulgó siete días después, con inusual celeridad.
Ah, ya. ¡Que astutos, ah! Unos genios, sin duda. Se las saben todas. Ademas son impredecibles. Vamos a ver donde y como termina toda esta payasada.
YUCATAZO DE EL CONGRESO
mientras se distraían con la elección del defensor del pueblo
el congreso lanza un zarpazo mortal
esta ley (dizque impunidad) era mas trascendente que la elección del defensor del pueblo
lo siento, te distrajiste y perdiste
«El 9 de Mayo, el Pleno aprobó ley hecha a medida de la industria de fórmulas infantiles, por las que se les excluye de llevar octógonos de advertencia de que esos productos tienen un exceso de azúcar» – Elmer Huerta
La captura de la Defensoría del Pueblo por la Mafia fascista de la UDBA/MAC/EIBA está consumada formalmente. El exabogado de Vladimir Cerrón Josué Gutiérrez juró como nuevo defensor del pueblo. En su primer discurso dijo que “la Defensoría no puede ser tienda de un partido político”. Sin embargo, eso no le impidió agradecer a los partidos que lo pusieron en el cargo. “Debo reconocer la participación activa en la política de Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Somos Perú, Renovación Popular, Acción Popular y otros partidos. Mi gratitud con distintas bancadas como el Bloque Magisterial y Perú Bicentenario”, manifestó.
Pero no es el único que va a iniciar procesos. Su asunción en el Congreso es el comienzo de toda una estrategia que apunta a copar la JNJ, el último cupo del Tribunal Constitucional y amedrentar a los organismos electorales como el JNE y la ONPE.
El JNJ
Gutiérrez, por el cargo que ostenta, en teoría, el próximo año presidirá la Comisión Especial que dirige el concurso público para los nuevos miembros de la JNJ, institución encargada de nombrar y destituir a jueces y fiscales. Los líderes de los partidos políticos que eligieron a Gutiérrez como defensor tienen investigaciones fiscales pendientes. Gutiérrez ha asegurado que habrá autonomía en su manejo del concurso público para la JNJ. Sin embargo, en los Pasos Perdidos aguardan que cumpla todo lo planteado durante las negociaciones con las bancadas. Caso contrario, será una carta prescindible. En el Congreso hay un proyecto de ley, impulsado por Alejandro Muñante, de Renovación Popular, que plantea que el presidente de la Comisión Especial de la JNJ esté bajo el liderazgo del presidente del TC. El actual titular del TC es el magistrado Francisco Morales Saravia, pero su mandato vence el próximo año. El 2024 será clave para el sistema judicial porque también se iniciará el concurso público para la JNJ. La Comisión Especial que elegirá a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia está integrada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; el presidente del TC, Francisco Morales; la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el contralor Nelson Shack; y un representante de las universidades públicas y otro de las privadas. Pero con Morales con el mandato vencido y con un Congreso interesado en modificar la composición de esa comisión, la presidencia puede caer en manos ajenas al defensor.
El TC otra vez en juego
La elección de Gutiérrez guarda relación con la del TC. El magistrado Augusto Ferrero tiene el mandato vencido desde enero. El Congreso le busca un reemplazo. Para inicios de abril, Gutiérrez no era el favorito para la Defensoría. Lo era el abogado y juez Pedro Cartolín, candidato invitado por Podemos Perú, partido del investigado por lavado de activos José Luna Gálvez, el ex socio y cómplice criminal de Porky López Aliaga. Cuando la Comisión Especial a cargo de elegir a los candidatos aptos para la Defensoría definió su terna de finalistas, Cartolín terminó en primer lugar, Gutiérrez en segundo y Jorge Rioja tercero. Pero días después, de manera inexplicable, Cartolín renunció. De esa forma, el partido de Luna Gálvez se quedó sin candidato y el camino estaba servido para Gutiérrez.
Dos días después de que esa comisión envió su informe y la lista de los finalistas, con Gutiérrez y Rioja en la fórmula, al presidente del Congreso, José Williams, se instaló otro importante grupo de trabajo: la Comisión Especial a cargo del concurso público para elegir a los magistrados del TC. Esta comisión necesitaba un presidente. El fujimontesinismo, mediante el congresista Arturo Alegría, recomendó a José Elías Ávalos, de Podemos Perú. Esta sugerencia fue avalada por sus colegas Roselli Amuruz, de Avanza País, y José Jerí, de Somos Perú. El fujimorismo había apoyado que Gutiérrez sea finalista en el proceso de elección del defensor y a su vez había conseguido que el partido de José Luna Gálvez presida la comisión que definirá los postulantes para reemplazar al magistrado Augusto Ferrero. Alegría, quien votó a favor de Gutiérrez como finalista, recomendó a Elías Ávalos como presidente de la Comisión Especial para el nuevo TC. Trascendió que el plan del partido de Keiko Fujimori, en vista que había fracasado la postulación de la exministra de Justicia, Delia Muñoz, a la Defensoría, era promoverla al tribunal. Muñoz, en diálogo con Epicentro TV, rechazó esa versión.
Dos Tercios Aliados
Para elegir a un magistrado del TC se necesitan 87 votos. Gutiérrez fue electo defensor con 88. Bastaría con los votos de los aliados del fujicerronismo para que el Congreso imponga un reemplazo de Ferrero. Pero, además, con esa misma cantidad de votos, el Congreso puede aprobar las leyes que les plazca, entre ellas, una para cambiar la composición de la JNJ y también modificar la Constitución para que los representantes del JNE y la ONPE sean pasibles de denuncias constitucionales. En el Congreso hay seis proyectos de ley –de Acción Popular, APP y Avanza País– para que la Constitución permita someter a los jefes electorales al proceso de antejuicio político. De esa forma, buscan condicionar la autonomía de estas instituciones cuando dirijan las próximas elecciones. Pero no conformes con ello, estos mismos aliados elegirán en julio una nueva Mesa Directiva del Congreso acorde a sus necesidades.
Josué Gutiérrez recibió en su despacho a fascistas criollos agrupados en ‘La Pestilencia’ en su primer día como defensor del pueblo. Josué Gutiérrez recibió a un brazo del grupo fascista ‘La Pestilencia’, con quienes dialogó, como si se tratara de interlocutores válidos para la institución pública que representa y para la vigencia de valores democráticos, que es el objetivo máximo del cargo que está ocupando. Esa reunión fue tras la gritería de ese grupo frente a la Defensoría, con las consabidas consignas y las agresiones verbales, en este caso a la propia institución, de la que señalaron que se trata de un “nido de caviares”, quienes, por tanto, debían ser eliminados de la nómina laboral.
Abrir las puertas a un conjunto de malvivientes, que han hecho de la violencia una forma de ganarse el pan, es descabellado, máxime por su pobre perfil profesional sin especialización en derechos humanos y además por la forma de ser elegido, únicamente debido al pacto oprobioso entre Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori. Lo único que corresponde en el caso del señor Josué Gutiérrez es reclamar que deje rápido el cargo, sin hacer más daño a la institución.
Dialogar con agresores que tienen no una sino 100 denuncias de autoridades, periodistas, artistas, políticos, a quienes ha tratado de atemorizar, vejar, afectar sus derechos a la privacidad y a la seguridad personal, ha transmitido un mensaje lamentable.
Gutiérrez perjudica a la Defensoría, daña su independencia y su misión de garante de las libertades y derechos democráticos. Él quiere destruir la institución, ya que es parte de una precaria alianza entre los extremos radicales de la derecha y la izquierda, unidas por una ambición común de control y cooptación de las instituciones públicas.
La falta de conocimiento sobre la Defensoría es ostensible al ponerse ayer a recorrer las riberas de los ríos, buscando afectados por las inundaciones y el dengue. También hacer mofa del alto perfil que demanda ese cargo al abrirle las puertas a los antivalores de la sociedad peruana, para darles legitimidad y representación, es sumamente grave.
Hay que mantener una extrema vigilancia sobre el peligro que se cierne sobre la Defensoría. Su rol no puede desdibujarse ni ponerse al servicio de un grupo que linda con lo delincuencial. La ciudadanía no debe permitir que una institución creada para su defensa frente a los abusos del poder sirva ahora para fines tan subalternos. Josué Gutiérrez no debería permanecer un día más en el cargo.
Y después claman que defienden a la familia, la niñez, los valores familiares y no se cuántas mentirarazas más. Hasta con este tema relacionado a la nutrición alimenticia de nuestros bebés quieren imponer su visión dictatorial y así mantener a la ciudadanía desinformada, atrazada, subdesarrolada y sumisa a sus intereses corruptos.
La ley de alimentación saludable vigente señala que todos los alimentos procesados deben llevar octógonos cuando alcancen o superen los niveles de azúcar, sodio y grasas saturadas; a su vez, diversos estudios han comprobado que las fórmulas para bebés y suplementos lácteos tienen altas cantidades de azúcar. A pesar de esto, el Congreso de la República, de forma inadvertida, aprobó en el Pleno que estos productos no lleven dichas advertencias. En la autógrafa, el artículo 2 sobre la elaboración y comercialización de los alimentos de regímenes especiales especifica que «no resulta aplicable las normas que regulan el etiquetado y publicidad de alimentos industriales o naturales que no sean estrictamente alimentos de regímenes especiales».
El abogado especializado en derecho al consumidor, Jaime Delgado, ha denunciado que el lobby farmacéutico estaría detrás de esta medida, pues ya en agosto de 2021 la Corte Suprema había declarado la nulidad del reglamento que favorecía a las fórmulas de leche, que las excluía del alcance de los octógonos, a razón de una acción popular presentada por el Ministerio Público.
«Ya el Ministerio de Salud, acatando esa sentencia judicial, había prepublicado esta norma que próximamente debería entrar en vigencia. En medio de todo esto, nos sorprende el Congreso con una ley, producto del lobby tremendo de la industria farmacéutica, excluyendo nuevamente a las fórmulas de la colocación de los octógonos, privándonos del derecho de la información, a gozar de una buena salud y no darles pura azúcar a nuestros bebés», señaló Delgado.
La propuesta que lleva por nombre «Ley que regula la elaboración y comercialización de los alimentos de regímenes especiales para poblaciones vulnerables» fue aprobada por unanimidad en el Pleno del 27 de abril de este año y fue enviada al Ejecutivo para su promulgación el 9 de mayo. Por tanto, el próximo martes 30 se vence el plazo para que se observe o se publique de forma oficial.
Los 10 partidos políticos que lograron representación parlamentaria reciben 14 millones de soles al año para su funcionamiento. El Congreso aumentó su presupuesto en 928 millones de soles a pesar de baja popularidad ante la población. Esta cifra elevada representa un 43% más en comparación a lo registrado en el 2021 cuando los actuales legisladores asumieron sus curules: S/ 649,6 millones. La representación parlamentaria del Perú es la cuarta más cara de la región. Además, el Perú está por delante de Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Paraguay, las Guyanas y toda Centroamérica y todo el Caribe, solo detrás de Brasil, México y Argentina. Cada legislador demandará 7,1 millones de soles anuales.
¿Quién es, entonces, el verdadero e indiscutible “caviar” aquí?
¿Quiénes son los que viven “de la teta” del Estado?
∡∴Semana para el olvido∴∡
Este cuestionamiento se suma a lo ocurrido la semana pasada. En primer término, el Pleno eligió el miércoles por 88 votos a ∡∴Josué Gutiérrez∴∡ como nuevo defensor del pueblo a pesar de sus cuestionables antecedentes: ser abogado de ∡∴Vladimir Cerrón∴∡, sentenciado por corrupción, y porque habría participado en la elaboración de la llamada ‘∡∴Ley Mordaza∴∡’ que eleva las penas para los delitos de difamación y calumnia en un intento burdo de callar a la prensa libre que se atreve a investigarlos, así como ventilar sus trapitos sucios en público. En segundo término, el jueves pasado se discutió el informe final de la ∡∴Subcomisión de Acusaciones Constitucionales∴∡ que recomendaba acusar y suspender a los congresistas ∡∴Raúl Doroteo∴∡, ∡∴Elvis Vergara∴∡, ∡∴Jorge Flores∴∡ y ∡∴Darwin Espinoza∴∡ (∡∴Acción Popular∴∡) -denominado también como el grupo de ‘∡∴Los Niños∴∡’- por haber cometido los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal. A pesar de las evidencias, el Pleno archivó las acusaciones contra los mencionados legisladores. Luego, los parlamentarios quisieron ratificar en una segunda votación la ‘∡∴Ley Mordaza∴∡’, pero ante la falta de consenso se resolverá hoy 25 de mayo.
Finalmente, la Comisión de Constitución y Reglamento, liderada por el legislador ∡∴Hernando Guerra García∴∡ (∡∴Fuerza Popular∴∡), aprobó el dictamen para que la presidenta ∡∴Dina Boluarte∴∡ pueda despachar de manera remota desde el extranjero cuando tenga que salir del país para algún evento internacional. Sin embargo, el detalle está en que ∡∴Boluarte∴∡ tendrá que acudir al Parlamento a rendir cuentas de sus actividades en el exterior.
Patricia Chirinos presentó una denuncia constitucional contra miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Por otro lado, tras ser desmentido, uno de los operadores de la infame La Resistencia presentó una queja contra José Pérez ante la Fiscalía. El abogado Luis Pacheco acusó sin pruebas a Pérez y otros dos fiscales del Equipo Especial Lava Jato por «entregar un video a Gustavo Gorriti», lo cual es una mentiraza, a consecuencia de lo cual no hay prueba alguna, pues.
Esá desesperada la Mafia, no hay caso.
¡Que estupidos que son estos mafiosos!
Estan mal de la cabeza.
En un comunicado muy contemporizador, la JNJ le solicitó al Congreso que al proceder en el caso de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, lo haga teniendo en cuenta que “las imputaciones guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal”. Este llamado de atención respecto a la necesidad de no politizar a la justicia, porque se corre el riesgo de afectar la institucionalidad y la independencia que deben primar en la actividad de jueces y fiscales, surge por la denuncia constitucional que pesa sobre la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y que tendrá que votarse mañana, jueves 25, según anuncia el Congreso de la República.
La acusación por infracción constitucional y el planteamiento de una inhabilitación de cinco años contra la fiscal suprema se basan en la imputación del delito de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales en torno a las investigaciones al expresidente Pedro Castillo.
Zoraida Ávalos ha solicitado con carácter urgente la convocatoria a una reunión de fiscales supremos, con la finalidad de emitir un comunicado institucional que establezca la defensa de la ex fiscal de la Nación, ante lo que ella considera una “venganza política” que está buscando un sector del Congreso. Ávalos ha señalado que durante su gestión se logró investigar a dos ex jefes de Estado y que no es cierto que haya existido ninguna acción fiscal destinada a proteger o garantizar impunidad para nadie.
La ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos estuvo a cargo del Ministerio Público del 2019 al 2022 y tuvo bajo su responsabilidad algunos casos de gran impacto mediático, como los ocurridos durante la pandemia, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo.
Pese a la tibieza del pronunciamiento, es rescatable que se fijen los parámetros de actuación de las instituciones. La JNJ ha puesto en claro que es su función evaluar y sancionar a jueces y fiscales, así como le corresponde elegirlos y separarlos del cargo. Plantear o proponer sanciones a fiscales o jueces por razones políticas desde el Congreso afectaría el Estado de derecho, la autonomía e independencia de la justicia y el equilibro de poderes.
Sí, pues. Fuera de no tener autoridad constitucional para exigir esta ridiculés, tampoco tiene la autoridad moral. Acaban de blindar a «Los Niños» e hicieron lo mismo con Jorge del Castillo, Héctor Becerril y Luciana León, todos involucrados en casos de corrupción agravada en flagrancia. La Mafia quería una fiscal arrastrada que se les agache y eso no sucedió con Ávalos. Entonces, quieren vengarse porque así es como se comportan los mafiosos: ellos quieren hacer lo que les da la gana y que además los obedezcan y aparte los aplaudan.
Y pensar que en el Perú, la Mafia UDBA/MAC/EIBA quiere implantar una Ley Mordaza para frenar la libre expresión para que así su corrupción e incompetencia pase desapercibida. Aquí un ejemplo que cuán atrasado sería aceptar tal barrabazada inconstitucional.
Sam Altman, CEO de la empresa estadounidense Open AI, acaba de brindar una conferencia en Madrid (España) donde habló sobre inteligencia artificial. Aunque muchos pensarían que el creador de ChatGPT diría solo cosas positivas de las IA, lo cierto es que sabe lo peligrosas que pueden llegar a ser, por lo manifestó estar a favor de su regularización. Aquí los detalles.
Durante su intervención, Sam Altman aseguró que «la inteligencia artificial es tan peligrosa como las armas nucleares». Por ese motivo, está conforme con que se cree una agencia internacional que supervise la utilización de esta tecnología, es decir, un organismo similar a la OIEA que vela por el uso de energía nuclear con fines pacíficos. Según detalla Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, aunque el fundador de ChatGPT afirmó estar a favor de que creen una organización para regularizar el uso de la inteligencia artificial, resaltó que esta no debe aplicarse en exceso a las pequeñas compañías que están iniciando, ya que eso las afectaría de forma negativa. «No regular en exceso a las pequeñas empresas es bueno porque la colaboración de código abierto es vital, y la regulación la ahogará. La regulación debería venir por nosotros (OpenAI). Ahí es donde la sociedad tiene interés en garantizar que los modelos no causen grandes daños», sostuvo.
En otra parte de su intervención, Sam Altman consideró que la inteligencia artificial es la tecnología más avanzada del mundo y que, lo que puede hacer en este momento, es solo el comienzo. «Deberíamos envidiar lo que la gente del futuro podrá experimentar. La abundancia y la liberación de la creatividad humana serán inspiradoras», recalcó.
En otras palabras, de acuerdo a lo que nos dice la vision de este genio, Sam Altman, a quien tenemos que regular es al Ejecutivo y al Congreso, en vez de a la prensa libre. Esa estrategia es,tan ridicula como tomar el desayuno antes de acostarse para asi poder levantarse mas tarde al dia siguiente. No tiene ningun sentido. Ellos, los mafiosos y corruptos, quieren ser los protagonistas de una historia falsa, los narradores de dicha farsa y los sancionadores de quienes desvarian de los detalles mentirosos que ellos inventaron y quieren imponernos. La Mafia esta poniendo el parche antes que aparezca la herida y salte el pus. Su pus.
El nuevo defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, aceptó que se desempeñó como asesor de la bancada de Perú Libre en el Congreso de la República pese a que negó —días atrás— haber realizado dichas labores para la bancada de Vladimir Cerrón. Su puesto desde octubre del 2021 hasta agosto del 2022 consta en el portal de Transparencia del Parlamento, en el cual se señala que se le pagó como un trabajador de nivel salarial 10 con una remuneración aproximada de S/12.204.
“Ya lo ha sacado otro medio, están muy rigurosos con mis expresiones y está bien. En el 2021, me invita la bancada de Perú Libre a ser coordinador de su bancada y yo con todo gusto asumí la responsabilidad porque es una tarea democrática. Ya en el 2022, yo migro al Congreso de la República como institución y paso al área técnica, departamento de comisiones. Desde ahí he brindado servicios propiamente a la Comisión de Justicia y colaboración a la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal, el primero una labor más a decisiones política y, lo segundo, más técnico”, declaró.
Hablando de asesorias caras, inservibles e injustificadas, Josue Gutierrez, el nuevo Defensor del Pueblo cobró más de 140.000 soles como asesor de Perú Libre en el Congreso.
¡Provecho! Que rico papeo a costa del bolsillo de los peruanos.
Eso no es culpa de los caviares, ¿no? ¿O ahora van a salir con que resulta que Gutierrez es caviar?
¿La no reeleccion fue una propuesta de Fernando Tuesta? Vaya. No cesas de cagarla con tus mentiras, troll. Tuesta, para que tu sepas, no solo nunca propuso prohibir la reelencion, sino que esta totalmente en favor de ella y siempre lo ha estado. Es mas, acaba de publicar un libro mas de su vasta obra en la cual, como ya lo ha hecho antes, inclusive escribe una vez mas en favor de la reeleccion y propone la extension del Congreso porque, argumenta, entre otros factores y razones, la representatividad parlamentaria es demasiado baja comparativamente a la poblacion total del Peru. Se que tu no lees y cuando lo haces, no entiendes ni un reverendo pepino de todas maneras, lo mismo es el caso con tus patrones y dueños, razon por la cual se merecen el apodo de ultra derecha bruta y achorada, pero mentir como estas haciendo y todavia culpar a esa falsedad por la calidad tan baja de congresistas, a sabiendas que la culpa de ese resultado desastrozo de malgasto de recursos del Estado en representantes no solo incapaces, sino que corruptazos recae sobre los lideres de los partidos de la UDBA a cuenta de que eligen a dedo a quienes van a ser sus vasallos congresales ya es demasiado cinismo para soportar. Estas batiendo un record de caradureza. De la misma manera que te eligieron a ti, sin duda, seleccionan parlamentarios, defensores del pueblo, jueces del TC, ministros, asesores, miembros de La Pestilencia, periodistas tipo la Beto Ortiz y Philip Butters, etc. Para cumplir con los requisitos para hacer tu chamba de troll no se necesita escribir bien (queda claro por que), ser muy erudito, culto y/o educado (ditto), ni tener un solo apice de sentido comun (dos dedos de frentw, no tienes, pues), sino simple y llanamente ser un vendido y un hampon que tiene la capacidad de seguir un guion repetitivo, escaso, y muy, pero muy limitado, mas lleno, repleto de falsedades. Eso es todo. Mas no hay. No hay que buscarle cinco pies al gato cuando solo tiene cuatro y, a veces, hasta menos que eso.
Comencemos por desratizar al Congreso y al Ejecutivo. Hay que iniciar la purga por las cabezas; aunque eso signifique que tu te quedes sin chamba, troll. Nuevamente, que se vayan todos YA, antes de que todo el Peru se vaya a la mierda por completo. Estamos en caida libre. Lo poco que genera la economia, se lo comen todito estos corruptos con sus salarios y bonos millonarios, mochandole el sueldo a sus empleados, licitaciones amarradas, asesorias carisimas sin beneficio alguno, malversando los fondos del Estado, vendiendo sus votos congresales como si fueran ambulantes para colmo en perjuicio del pueblo, dandole cargos publicos a bandoleros como todos ellos y blindando corruptos que solo en el 2022 se tiraron 24,5 mil millones de soles, costo altisimo que dividido entre todos los peruanos (34,5 millones) asciende a mas de 710 soles por cabeza. En mi familia somos 6, yo quiero mis 4.200 soles de vuelta. Los necesito para pagar el colegio del menor de mis hijos, la universidad de la penultima y alimentarlos a ellos 2 y al resto como se debe. Sin ningun lujo, ah. Con estos precios uno hace lo que puede, carajo. Sopita con huesito mas sus verduritas y menestras con ensalada y su arrocito mas. Eso si, gracias a la mano de mi mujer (el amor de mi vida), todo va bien servido, como Dios manda en una mesa peruana. Para pescado alcanza solo un par de veces por semana, pollo los domingos y carne no vemos muy seguido. A no ser que sea para los chicos que aun estan creciendo y desarrollando sus neuronas. ¿A quien le paso la boleta o la factura, si prefieren?
Los 10 partidos políticos que lograron representación parlamentaria reciben 14 millones de soles al año para su funcionamiento. El Congreso aumentó su presupuesto en 928 millones de soles a pesar de baja popularidad ante la población. Esta cifra elevada representa un 43% más en comparación a lo registrado en el 2021 cuando los actuales legisladores asumieron sus curules: S/ 649,6 millones. La representación parlamentaria del Perú es la cuarta más cara de la región. Además, el Perú está por delante de Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Panamá, Paraguay y toda Centroamérica y el Caribe, solo detrás de Brasil, México y Argentina. Cada legislador demandará 7,1 millones de soles anuales.
¿Quién es el verdadero e indiscutible «caviar» aquí?
¿Quiénes son los que viven «de la teta» del Estado?
Semana para el olvido
Este cuestionamiento se suma a lo ocurrido esta semana.
En primer término, el Pleno eligió el miércoles por 88 votos a Josué Gutiérrez como nuevo defensor del pueblo a pesar de sus cuestionables antecedentes: ser abogado de Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción, y porque habría participado en la elaboración de la llamada ‘Ley mordaza’ que eleva las penas para los delitos de difamación y calumnia. En segundo término, el jueves pasado se discutió el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendaba acusar y suspender a los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza (Acción Popular) -denominado también como el grupo de ‘Los niños’- por haber cometido los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal. A pesar de las evidencias, el Pleno archivó las acusaciones contra los mencionados legisladores.
Luego, los parlamentarios quisieron ratificar en una segunda votación la ‘Ley Mordaza’, pero ante la falta de consenso se resolverá este jueves 25 de mayo.
Finalmente, la Comisión de Constitución y Reglamento, liderada por el legislador Hernando Guerra García (Fuerza Popular), aprobó el dictamen para que la presidenta Dina Boluarte pueda despachar de manera remota desde el extranjero cuando tenga que salir del país para algún evento internacional. Sin embargo, el detalle está en que Boluarte Zegarra tendrá que acudir al Parlamento a rendir cuentas de sus actividades en el exterior.
El Contralor General de la República, Nelson Shack, cifró un mal que suele acaparar las portadas de los medios de prensa prácticamente cada semana y que los peruanos consideramos con frecuencia el principal problema del Perú en cuanta medición se haga al respecto (hace un año, por ejemplo, una encuesta de El Comercio-Ipsos reveló que el 54% de la ciudadanía lo consideraba la tara mayor de este país): la corrupción. Según la institución que Shack preside, en todo el 2022, este flagelo le costó al país la friolera de S/24.419 millones. Una cantidad de dinero que alcanzaría, según el contralor, para construir “dos autopistas centrales”.
Por supuesto, las cifras tienen la particularidad de ser frías y de no reflejar el sufrimiento que traen con ellas. Pero no olvidemos que detrás de cada sol que termina engrosando los bolsillos de funcionarios inescrupulosos están esos hospitales incompletos que dejarán de atender a pacientes en estado crítico (y que hoy, con varias regiones del país sufriendo el azote del dengue, pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte de un enfermo), esos colegios que se caen a pedazos esperando por unas obras de remodelación que se licitan, pero que nunca se terminan, o esas obras de contención de desbordes o de huaicos que, de haber sido concluidas, podrían haber evitado que un peruano perdiera su vivienda, sus enseres o su vida misma por las lluvias de inicios de año. Las consecuencias de la corrupción suelen ser devastadoras, especialmente para los sectores más vulnerables de la población, y, por lo mismo, la identificación y sanción de los responsables se vuelve una labor imperiosa para el Estado Peruano.
Estos últimos, por cierto, están presentes en los tres niveles de gobierno, aunque no todos con el mismo grado de responsabilidad, como veremos a continuación. Según Shack, del monto total de dinero succionado por la corrupción el año pasado, “el 44% corresponde al gobierno nacional, el 33% a los gobiernos regionales y el 23% a los gobiernos locales”. Y es respecto del primero donde el contralor halla un responsable mayúsculo: “el gobierno nacional [Ejecutivo, Poder Judicial y Congreso, entre otros] perdió S/10.697 millones por corrupción [en el 2022]. El 90% de ese gasto público se concentra en el Poder Ejecutivo”.
La cifra refuerza la percepción generada por el cúmulo de evidencias recopiladas por el Ministerio Público en la investigación que sigue contra el exmandatario y dos de sus exministros de que Pedro Castillo llegó al gobierno para esquilmar al Estado desde el día uno. No es casualidad que desde su primera semana en el cargo saltaran las alarmas por la colocación en puestos claves de su administración de personas que claramente no cumplían con los requisitos mínimos para ser designados en ellos. Los nombramientos de Geiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda, de Juan Silva en el de Transportes y Comunicaciones, y de Hugo Chávez Arévalo en Petro-Perú, entre otros, parecen haber tenido como finalidad convertir estos sectores en botines para los familiares y allegados del golpista.
Resulta elocuente, en ese sentido, que en todo el 2022 la institución que preside Shack haya identificado a 2.530 funcionarios del Ejecutivo castillista comprometidos en informes de control con responsabilidad entre administrativa, civil y penal. Como hemos dicho anteriormente, la sola designación de una persona en un cargo para el que no reúne los requisitos necesarios ya es en sí mismo un acto de corrupción (pues se usa el dinero de los contribuyentes para pagarle el salario a alguien que no lo merece), pero todo apunta a que la administración anterior masificó esta práctica a fin de tener funcionarios incompetentes, pero leales para poder asaltar el erario sin resistencias internas.
De entre todas las responsabilidades que tiene la administración de Dina Boluarte y el Congreso, identificar y expulsar a estos funcionarios debe ser pues una de las prioridades. Lamentablemente, no se ha visto nada de este esfuerzo. ¡NADA!
Al cierre de esta nota, la captura de la Defensoría del Pueblo estaba consumada formalmente. Pasadas las 5 de la tarde, en la sala Raúl Porras Barrenechea, del Palacio Legislativo, ante la mirada de sus aliados, el exabogado de Vladimir Cerrón Josué Gutiérrez juró como nuevo defensor del Pueblo. En su primer discurso dijo que “la Defensoría no puede ser tienda de un partido político”. Sin embargo, eso no le impidió agradecer a los partidos que lo pusieron en el cargo. “Debo reconocer la participación activa en la política de Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Somos Perú, Renovación Popular, Acción Popular y otros partidos. Mi gratitud con distintas bancadas como el Bloque Magisterial y Perú Bicentenario”, manifestó.
Pero no es el único que va a iniciar procesos. Su asunción en el Congreso es el comienzo de toda una estrategia que apunta a copar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el último cupo del Tribunal Constitucional y amedrentar a los organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El JNJ
Gutiérrez, por el cargo que ostenta, en teoría, el próximo año presidirá la Comisión Especial que dirige el concurso público para los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución encargada de nombrar y destituir a jueces y fiscales. Los líderes de los partidos políticos que eligieron a Gutiérrez como defensor tienen investigaciones fiscales pendientes. Gutiérrez ha asegurado que habrá autonomía en su manejo del concurso público para la JNJ. Sin embargo, en los Pasos Perdidos aguardan que cumpla todo lo planteado durante las negociaciones con las bancadas. Caso contrario, será una carta prescindible. En el Congreso hay un proyecto de ley, impulsado por Alejandro Muñante, de Renovación Popular, que plantea que el presidente de la Comisión Especial de la JNJ esté bajo el liderazgo del presidente del Tribunal Constitucional (TC). El actual titular del TC es el magistrado Francisco Morales Saravia, pero su mandato vence el próximo año. El 2024 será clave para el sistema judicial porque también se iniciará el concurso público para la JNJ. La Comisión Especial que elegirá a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia está integrada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; el presidente del TC, Francisco Morales; la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el contralor Nelson Shack; y un representante de las universidades públicas y otro de las privadas. Pero con Morales con el mandato vencido y con un Congreso interesado en modificar la composición de esa comisión, la presidencia puede caer en manos ajenas al defensor.
El TC otra vez en juego
La elección de Gutiérrez guarda relación con la del Tribunal Constitucional. El magistrado Augusto Ferrero tiene el mandato vencido desde enero. El Congreso le busca un reemplazo.
Para inicios de abril, Gutiérrez no era el favorito para la Defensoría. Lo era el abogado y juez Pedro Cartolín, candidato invitado por Podemos Perú, partido del investigado por lavado de activos José Luna Gálvez. Cuando la Comisión Especial a cargo de elegir a los candidatos aptos para la Defensoría definió su terna de finalistas, Cartolín terminó en primer lugar, Gutiérrez en segundo y Jorge Rioja tercero. Pero días después, de manera inexplicable, Cartolín renunció. De esa forma, el partido de Luna Gálvez se quedó sin candidato y el camino estaba servido para Gutiérrez.
Dos días después de que esa comisión envió su informe y la lista de los finalistas, con Gutiérrez y Rioja en la fórmula, al presidente del Congreso, José Williams, se instaló otro importante grupo de trabajo: la Comisión Especial a cargo del concurso público para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Esta comisión necesitaba un presidente. El fujimontesinismo, mediante el congresista Arturo Alegría, recomendó a José Elías Ávalos, de Podemos Perú. Esta sugerencia fue avalada por sus colegas Roselli Amuruz, de Avanza País, y José Jerí, de Somos Perú. El fujimorismo había apoyado que Gutiérrez sea finalista en el proceso de elección del defensor y a su vez había conseguido que el partido de José Luna Gálvez presida la comisión que definirá los postulantes para reemplazar al magistrado Augusto Ferrero. Alegría, quien votó a favor de Gutiérrez como finalista, recomendó a Elías Ávalos como presidente de la Comisión Especial para el nuevo TC. Trascendió que el plan del partido de Keiko Fujimori, en vista que había fracasado la postulación de la exministra de Justicia, Delia Muñoz, a la Defensoría, era promoverla al tribunal. Muñoz, en diálogo con Epicentro TV, rechazó esa versión.
Dos Tercios Aliados
Para elegir a un magistrado del TC se necesitan 87 votos. Gutiérrez fue electo defensor con 88. Bastaría con los votos de los aliados del fujicerronismo para que el Congreso imponga un reemplazo de Ferrero. Pero, además, con esa misma cantidad de votos, el Congreso puede aprobar las leyes que les plazca, entre ellas, una para cambiar la composición de la JNJ y también modificar la Constitución para que los representantes del JNE y la ONPE sean pasibles de denuncias constitucionales. En el Congreso hay seis proyectos de ley –de Acción Popular, APP y Avanza País– para que la Constitución permita someter a los jefes electorales al proceso de antejuicio político. De esa forma, buscan condicionar la autonomía de estas instituciones cuando dirijan las próximas elecciones. Pero no conformes con ello, estos mismos aliados elegirán en julio una nueva Mesa Directiva del Congreso acorde a sus necesidades.