Rosa María Palacios

Si algo bueno nos deja la semana es la promesa de una resolución futura del Tribunal Constitucional que, con suerte, hará docencia jurídica para explicar conceptos que ni los mismos congresistas entienden a tenor de la terrible sesión del viernes. El levantamiento de inmunidad (para delitos comunes), el antejuicio (para delitos cometidos en la función) y el juicio político (para inhabilitar, suspender o destituir en el Congreso por infracciones a la Constitución o por delitos en la función) son instituciones que se parecen, pero no son iguales. La incapacidad moral no responde a ninguna de las tres instituciones anteriores.

¿Quién es un “incapaz moral permanente”? Aquel que no puede discriminar entre el bien y el mal de manera perpetua. ¿Cómo hacer un examen que compruebe esta ausencia de toda conciencia ética? ¿Podría lograrse una aproximación a la verdad con un peritaje psiquiátrico? ¿Con un panel de teólogos y académicos en ética? Y digamos que solo sería una aproximación dado que la perpetuidad sería difícil de probar. Nuestro Código Penal establece como causa de inimputabilidad la “grave alteración de la conciencia”, pero esta no necesita ser permanente, bastando una alteración temporal. No es el caso del texto constitucional.

El único funcionario público sometido a este examen en nuestro orden jurídico es el Presidente de la República. Parece que los constituyentes creyeron que, si este rigor se aplicaba en otros niveles, el Estado terminaría desierto. En todo caso, dejaron al Congreso la tarea de declarar la incapacidad moral permanente del Presidente. No es un juicio penal y no es un juicio político. Tampoco es una revocatoria del mandato.  Es un juicio jurídico y moral.  ¿Se puede hacer sobre la base de dichos y opiniones? No lo creo. El TC tiene la tarea, esperemos que esté a la altura, de dotar de contenido a la institución.

Por ahora, preocupa lo que entienden la mayoría de congresistas por “decisión política”. Lo digo con temor porque los he escuchado durante doce espantosas horas. Para ellos es equivalente a “decisión arbitraria”. Lo político se asume como “no jurídico” y, en la ausencia del estado de derecho, una “decisión política” es hacer lo que te da la gana porque tienes los votos para hacerlo.  Grave y peligroso error. La democracia no es, y nunca ha sido, la dictadura de la mayoría para evadir las normas diseñadas para respetar a las minorías.

Quedan de estos diez días varias lecciones. La posibilidad de echar del poder a un gobernante débil es un sueño inmoral permanente. No se arma en un día una conspiración como la que hemos visto. En las derrotas no hay generales, pero en la preparación de esta batalla los hubo y en exceso. Descubiertos en un juego muy impopular retrocedieron los conjurados. Los costos en la campaña de este verano les serán altos. Nadie les quita el mote de golpistas. El único partido que no pierde nada es UPP porque lo de golpistas lo traen de origen. Pero PP, APP y AP, los promotores de la moción de vacancia, salen destruidos de ésta. Su retroceso de último minuto no quita lo hecho.

Vizcarra, sin partido y sin proyecto político, estará en Moquegua en un año esperando todos los juicios a los que los ex presidentes peruanos se someten ya como una tradición. Pero pasar de presidentes con coimas de millones de dólares de Lava Jato al contrato del animador de eventos del ministerio no va a dar para muchos titulares. El Presidente sale quiñado de esta, pero respira. Ojalá saque algunas lecciones sobre su manejo interno, su aislacionismo y su fracaso, ese sin duda, en manejar una epidemia que pudo tener, rodeándose mejor y dejando el enfoque punitivo, un resultado muy distinto. Si aprende algo, tal vez tengamos unos meses finales mejores. O tal vez, no.

Columna publicada el domingo 20 de setiembre del 2020 en el diario La República