Rosa María Palacios

En medio de una crisis sanitaria brutal que en el Perú ya cobra más de 10,000 vidas “oficiales” y, probablemente, unas 30,000 muertes reales, una crisis moral nos impacta la otra mejilla. Es la crisis de la mentira como única bandera política. Una mentira gozosa, por cierto. Elegida y aplaudida. A veces disimulada y, a veces, como hoy, reventando en la cara de los ingenuos ciudadanos.

En esto, hay que decirlo, hay culpa compartida. Porque vaya que la sociedad peruana se tragó el cuento electoral, hoy amargo, del compromiso de los partidos electos con la reforma política. El resultado de la última penosa madrugada de pleno parlamentario da cuenta del desastre. Es como si usted, ya todos vacunados y sanos, decidiera hacer una fiesta celebratoria e invitara a todo el barrio, sin distinción. Llegan muchos y no faltan los marginales que se roban los adornos, acosan a las mujeres o, ebrios, destruyen el baño. Les pide amablemente que se retiren y llega la policía porque la cosa se desborda. En lugar de partir, ahí mismo los forajidos exigen una votación. Ofrecen de todo al barrio. Y, por supuesto, al grito de ¡se quedan!, ganan la elección y, con toda tranquilidad, lo continúan asaltando, esta vez, con total impunidad. La fiesta es la democracia, los asaltantes son los políticos, su casa es el Congreso y el dueño somos los ciudadanos.

Por supuesto, siempre habrá una minoría honorable entre electores y elegidos. Cuando esa minoría es mayoría, la democracia funciona. Mientras eso no sucede, el poder es asaltado por grupos de interés viles como aquel que busca licenciar universidades de pésima calidad o ese otro que consigue prebendas para su clientela. Se puede esperar cierta conducta de Fuerza Popular o de Frente Amplio. Pero, ¿no sabían los electores de Podemos que el señor Luna tiene una universidad no licenciada y que evitar la ruina de su negocio particular es su punto único de agenda? ¿Y le creyeron a su candidato Urresti cuando dijo que no iban a intervenir en temas universitarios? ¿No fueron acaso APP y AP los partidos que suspendieron en la presidencia a Martin Vizcarra el pasado 30 de setiembre? ¿No fueron ellos los que hicieron juramentar a Mercedes Araoz de forma espuria? ¿No tiene UPP ex convictos electos? Entonces, ¿cómo iban a votar por la eliminación de la inmunidad parlamentaria o a favor de que los delincuentes sentenciados no postulen al Congreso? ¿Cómo van a defender la reforma universitaria?

Con tristeza, hay que añadir que la mentira no es patrimonio parlamentario. El Ejecutivo ha caído en esa práctica para esconder serios errores de gestión que hasta hoy no se corrigen y siguen costando vidas. Se miente sobre el número de fallecidos, sobre la nula capacidad de atención primaria (clave del éxito en todas partes) y la escasez hospitalaria, sobre las medidas contraproducentes que solo aglomeran gente y expanden el contagio. Pero lo que es peor, se aplica el manual básico del psicosocial para mentir sobre atenciones que no existen. Hasta hoy, nadie sin seguro privado ha sido atendido gratis en una clínica privada sin referencia. ¿No era urgente? ¿No había un plazo de 48 horas para expropiar clínicas el pasado 24 de junio? El SIS ha contratado 55 camas privadas a nivel nacional (15 en Lima) y solo las usará “si las requiere” mientras muere gente en la puerta de los hospitales.

La clientela se traga los cuentazos entre aplausos. ¡Ay del que diga que el Rey esta calato! Pero llegará el día, espero no muy lejano, que una minoría de honorables ciudadanos entenderá que un derecho no es un favor y que los mentirosos, en la política, no son un mal necesario. Si esos pocos, hacen ver la verdad al resto, aunque cueste todo, seremos una República.

Publicado en el diario La República el domingo 5 de julio del 2020