Rosa María Palacios

Keiko Fujimori es excarcelada luego de 13 meses prisión preventiva. Quienes anticiparon hace un año que saldría en cuatro meses, se equivocaron. Como he explicado, desde hace varios años y para todos los casos, es posible argumentar que el delito de lavado de activos no se configura por el mero hecho de recibir un aporte de campaña, aun cuando de forma ilícita se infrinja la ley de partidos políticos ocultando los montos e identidad de los aportantes. Sin embargo, no fue el fondo del asunto el que llevo a Fujimori a Santa Mónica. Lo fue, y con mucha prueba, los actos que su defensa política y jurídica desplegaron para evitar un proceso que resultó inevitable. Terminó presa por obstruir la actividad probatoria de un delito que tal vez no exista.
La resolución del Tribunal Constitucional está construida de la peor manera imaginable. Es evidente que los jueces han puesto por delante el resultado (excarcelación) y luego han buscado el argumento. Habrá tiempo para la autopsia correspondiente. Pero el papelón del magistrado Ramos será memorable. ¿Quién no tiene bancada, no puede obstruir la justicia? ¡Hagan su cola en Piedras Gordas que salen todos!
¿Qué encuentra Fujimori a su salida de prisión? Primero, una investigación fiscal que avanza peligrosamente para ella. Se ha probado, con su propio dicho, que mintió sistemáticamente respecto a conocer la recaudación de campaña, el “pitufeo” y el trato con los empresarios. Si se prueba que lo entregado por aportantes anónimos entró a su patrimonio y se enriqueció, se sumaran los delitos de defraudación tributaria, enriquecimiento ilícito (era congresista) y, ahora sí, lavado por ocultamiento.
Segundo, en el plano político, enfrenta la disolución del Congreso y de su propia bancada. A su padre, de nuevo en prisión (con ayuda de ella) y a su hermano Kenji “frio y distante” después del maltrato que le dispensó por el pecado de haber negociado el indulto de su propio padre. Sus más leales congresistas (al menos en público), como Rosa Bartra o Carlos Tubino, arrimados de su organización. Su intención de voto reducida a 10%, suficiente para pasar la valla electoral pero muy lejana de garantizar un ingreso a segunda vuelta el 2021. No regresarán los días de la primera vuelta del 2016; salvo un milagro que no se ve venir.
Tercero, el empresariado que la cortejó está furioso. De la Confiep que gritaba “golpe de estado” hace dos meses, no queda nada. Por susto y poco a poco (este CADE fue un pequeño avance) se van dando cuenta que han sido víctimas de su propio oportunismo y que apostaron no solo a perdedor, sino a una causa que les hará, a la corta o a la larga, un daño terrible. El desprestigio del empresariado como institución (al margen de méritos individuales) pone sobre la mesa la urgencia de cambios legislativos que resistieron exitosamente por décadas. Que nadie se sorprenda si vamos al control de tasas de interés, por ejemplo. Cualquier político astuto sabe que es mejor canalizar la furia del pueblo a través de legislación que de destrucción. Lo harán. El espejo de Chile está al lado.
Finalmente, Keiko Fujimori fue excarcelada y no la esperaban en la puerta de Santa Mónica ni 300 personas. Para una líder que se declaraba perseguida política, ese debe ser el peor de los castigos. La indiferencia que ella produce hoy en la gran mayoría la ha descartado, por siempre, como opción política. Con el mismo discurso de quien no aprendió nada ha pedido que “cesen los odios”. Tal vez deba reconsiderar.

Columna publicada el domingo 1 de diciembre del 2019 en el diario La República