Rosa María Palacios

Keiko Fujimori está en libertad, pero esta semana ha sido tan mala para su causa que puede volver a prisión. Se han conocido, aun parcialmente, los testimonios de dos personajes claves para determinar la relación de la lideresa de Fuerza Popular con César Hinostroza y Pedro Gonzalo Chavarry. Por un lado, el ex Presidente del Congreso, Daniel Salaverry y, de otro, el empresario Antonio Camayo.

Si pudiéramos resumir en una línea el impacto de estos testimonios basta con decir que donde antes había fundada sospecha, hoy hay certeza plena. Keiko Fujimori no es la persona confundida y desinformada por asesores oportunistas (que los hay) que no tiene idea de qué sucede con las finanzas de su organización política o con las investigaciones que se le siguen por las presuntas irregularidades que fueron emergiendo tras largos años de muy malas cuentas. Por el contrario, los testimonios de Jorge Yoshiyama y Daniel Salaverry son concurrentes. No solo muestran a la líder de una organización no solo plenamente informada, sino dando órdenes directas para la ejecución de una estrategia que apunta a una sola dirección: el encubrimiento.

Si no hubiera explotado el caso de los “cuellos blancos” es muy probable que la Sala Penal de la Corte Suprema que presidía César Hinostroza (e integraban cuatro vocales provisionales) le hubiera dado el ansiado archivamiento.  Fujimori necesitaba que la sala de Hinostroza admitiera su recurso de casación (cosa que llegó a suceder) y que ésta declarase que no podían continuar en investigación preliminar por exceso de plazo. Esto último no ocurrió por la suspensión y huida de Hinostroza, pero hoy los testimonios corroboran que las reuniones se realizaron para acordarlo. No solo es un colaborador protegido. Es el propio Antonio Camayo en su confesión ante la fiscalía.

Lo que hoy está claro es qué quería Hinostroza (apoyo político para ser Presidente de la Corte Suprema) y qué quería Fujimori el uno respecto de la otra. Lo que no está claro aún es qué es lo que esta última quería de Chavarry. La fiscalía suprema poco puede hacer directamente en su caso (ya se vio el intento vano del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez emitiendo un dictamen fiscal ante la Corte Suprema pidiendo la excarcelación) y es un escándalo (como sucedió) apartar a los fiscales del equipo especial. ¿Qué busca Fujimori entonces? El testimonio de Salaverry da algunas pistas más allá del encuentro en el automóvil y las palabras encriptadas que son dignas de una novela de espías, ¿quería Keiko Fujimori organizar una nueva vacancia esta vez contra Vizcarra y necesitaba un fiscal supremo para conducir la acusación? ¿Qué había en el sobre que nunca se entregó?

Toda esta triste historia pudo haber sido muy distinta. Todo lo que tenía que decir Keiko Fujimori era la verdad. La verdad sobre su control de toda la operación, del dinero que le dio Dionisio Romero, la campaña de apoyo de la Confiep, el reclutamiento de falsos aportantes y quienes los reclutaron y sus juegos sucios dentro de la fiscalía y el Poder Judicial. Como he explicado varias veces, para la fiscalía va a ser muy difícil probar lavado de activos con fondos de campaña.  Si hubiera dicho la verdad estaría libre de toda acusación (salvo nuevas investigaciones). Hoy, el caso de obstrucción está probado.

Escogió mentir y la verdad la alcanzó. Pero, todavía hay mucho que contar. Si tiene un buen consejero, que la aconseje de una vez. En pocos meses no le quedará nada que ofrecer.

Columna publicada el domingo 8 de diciembre del 2019 en el diario La República