Rosa María Palacios

Los peruanos decimos que nuestra política nunca es aburrida, pero, en estos días, corremos el riesgo del bostezo inminente. Estando sobre la mesa el debate de un adelanto de elecciones, asunto de por sí extraordinario, mereceríamos escuchar ideas de alguna profundidad sobre la conveniencia o inconveniencia política de ese particular mecanismo para destrabar un empate no resuelto en las elecciones el 2016.

Sin embargo, el panorama de las ideas anda un poco desolado. Primero van los negacionistas. Son pocos, pero son. Se preguntan (¿cándidos o cínicos?) “¿cuál obstrucción?”. Afirman, sin pestañear que la relación Ejecutivo – Legislativo es muy “normal”. Como si fuera normal en una democracia la renuncia del Presidente luego de dos intentos de vacancia, volarte un gabinete, censurar o forzar la renuncia de ministros, citarlos hasta el infinito o derogar decretos legislativos porque tienen la palabra “género”. ¿Acaso es normal pedir la confianza dos veces para un total de diez reformas porque al Congreso no le da la gana siquiera de debatirlas?

Luego desfilan los doctores Truquini (incluyan a los no abogados). Están en su derecho de no querer elecciones adelantadas, pero ¡que orfandad de argumentos! Repetir “inconstitucional” como un conjuro no hace inconstitucional a nada. Eso es brujería, no derecho. Trataron con la sola iniciativa y no pudieron. Luego pasaron a que es inconstitucional hacer confianza de una reforma constitucional. Pero, la realidad los desviste. En los últimos doce meses se han sometido a confianza un total de seis reformas constitucionales. Cuatro el 2018 y dos este año.  Si se concedió la confianza entonces, ¿cómo es que no se puede? Lo que el Presidente no ha hecho es disolver el Congreso. Esa es su exclusiva potestad. Pero todos los pasos anteriores a la disolución ya tienen precedente. Inclusive el adelanto de elecciones aprobado el año 2000. ¿Por qué se pudo? Porque la confianza es el mecanismo constitucional para destrabar una relación política imposible. Si se llega al extremo de disolver el Congreso, se le devuelve al pueblo el poder para que éste decida, como sucede en todas las democracias parlamentarias. De ahí se importó la institución de la confianza a la Constitución de 1993, para no volver al camino del golpe de Estado. Y como puede observarse, en 26 años de vigencia, hasta ahora, la amenaza ha funcionado.

Terminan los matoncitos. Son los que agitan la prisión para el Presidente. Desde la vocera del fujimorismo pasando por varios más del coro. Como está difícil eso de meter preso al Presidente por hacer uso de la Constitución (fue la primera opción) o por capitular en Tía María, han resucitado Chinchero para ver si a punta de repetir el nombre tres veces se convierte en Westfield. Pero, para desgracia de los vacadores, no lo es. Un par de documentos públicos en la computadora del gerente de una concesionaria no prueba que el Presidente sea corrupto. Tampoco huaquear expedientes en Moquegua como intentó el aún Fiscal Supremo Chavarry.

Si los enemigos del adelanto de elecciones quieren llegar al 2021, ¿no se les ocurre, por ejemplo, ofrecer una “pax política” de 24 meses? ¿Una agenda legislativa de reformas políticas/ que no sean deformadas como pasó con la bicameralidad o con la inmunidad parlamentaria? ¿Hacer suyas las propuestas de tres comisiones de alto nivel (Integridad, Justicia y Reforma Política) con trabajos completos y listos para su aprobación de forma integral? ¿Ejecutar algo de lo que le toca al Congreso del Plan de Competitividad? Eso es propuesta. Pero no la hay. Solo el joder por joder que tiene harto al país. Y conectar con ese hartazgo no es populismo.

Adelantar elecciones no es lo mejor que le puede pasar a una democracia. Pero cuando está enferma, se pueden aplicar los remedios constitucionales. Para eso se inventaron.

Columna publicada en el diario La República el domingo 1 de setiembre del año 2019 

(Negrita no se llegó a publicar por razones de espacio – editado por la autora)