La decisión de Keiko Fujimori
La derrota de la defensa de Keiko Fujimori en la Corte Suprema es un golpe duro de asimilar para ella. En una justicia tan impredecible como la peruana pocos se atrevían a afirmar que la corte fallaría de forma unánime contra la excarcelación inmediata. De lo que sabemos hoy, ninguno de los 5 vocales creyó que la prisión preventiva de Fujimori se hubiera impuesto de forma arbitraria sin respetar el debido proceso. La discordia se produce porque 2 vocales consideran que Fujimori debe quedarse 36 meses en prisión y 3 vocales sostienen que 18 meses son suficientes para garantizar la actividad probatoria de la fiscalía. Se necesitan 4 votos para formar resolución. Se llamará a otro vocal, uno por uno, hasta que se formen 4 votos en algún sentido. Esto puede tardar meses.
En este contexto la defensa de Fujimori tiene como último auxilio el habeas corpus interpuesto ante el Tribunal Constitucional. En esta instancia podría tener la misma suerte de Ollanta Humala y su esposa. Pero hay un problema. La Corte Suprema ni siquiera quiso admitir la casación de los Humala. Lo que fue una manifiesta arbitrariedad resulto una ventaja para ellos. Porque una cosa es enmendarle la plana a un juez de investigación preparatoria y a una sala superior y otra, muy diferente, fundamentar un habeas corpus en contra de la opinión de 5 supremos. No digo que no sea posible, pero es mucho más difícil hacerlo. Si la Suprema hubiera quedado 3 a 2 por la excarcelación, habría alguna señal de detención arbitraria. Pero no la hay.
La fiscalía ha sido eficaz en probar actos de amedrentamiento a testigos del pitufeo, cosa que no existía en el caso de los Humala. Tener un partido que ha desplegado acción y una corte de ayayeros ha sido la desgracia de Fujimori. Se les dijo muchas veces y no entendieron que por el camino de la presión política (desde tener “sus” fiscales supremos protegidos hasta el hampa troll) sólo iban a lograr más carcelería para su líder. No entendieron. Sus actos sólo prueban que pueden usar el poder político para obstruir la investigación y esa es, exactamente, la razón por la que Fujimori permanece presa.
¿Entenderán hoy? El caso de Fujimori y sus coprocesados puede salvarse en un futuro juicio por lavado, pero tal vez no, a estas alturas, por obstrucción de la justicia. ¿No es hora de cambiar de estrategia? Por eso, la reforma constitucional para adelantar elecciones les cae del cielo. Para el 2021, Fujimori puede tener ya una sentencia de primera instancia. Si el Congreso vota en esta segunda legislatura la reforma constitucional que impide a condenados presentarse, puede que ya no pueda postular. Pero, ¿para abril del 2020? Imposible que este sentenciada. Es ahora o nunca.
Hoy la ley permite postular a Presidencia y al Congreso de forma simultánea. Fujimori, en caída electoral, aún preserva una bolsa de votos que le pueden permitir pasar la valla y conseguir inmunidad parlamentaria y, por tanto, libertad mientras dure su proceso. Pero si insiste en la senda del “joder por joder” a la que ha sometido al país por 3 años y nos lleva a elecciones el 2021 (con un Presidente que ya no quiere estar) no creo que le alcancen los votos siquiera para salvar la inscripción. De ella depende.
Columna publicada el domingo 11 de agosto del año 2019 en el diario La República
De acuerdo con la resolución de la Sala Penal Permanente, Keiko Fujimori mintió al decir que no estaba enterada del origen del financiamiento para su postulación presidencial.
Para empezar, los vocales supremos acordaron que la instancia anterior a la Corte Suprema pudo establecer que la fuente del dinero no era legal, por lo que resolvió correctamente a favor del pedido de los fiscales del Equipo Especial del Caso Lava Jato, de imponer la detención preventiva para Keiko Fujimori con la finalidad de no interferir u obstaculizar la investigación del caso.
“La Sala Superior cumplió con precisar y analizar los elementos de convicción válidamente incorporados que acreditarían la procedencia ilícita del dinero de parte de la empresa Odebrecht”, señalaron los vocales supremos Hugo Príncipe Trujillo, Jorge Castañeda Espinoza, Zavina Chávez Mella, Iván Sequeiros Vargas e Iris Pacheco Huancas, por lo que rechazaron la pretensión de la defensa de declarar nula la detención de Keiko Fujimori. “Los hechos determinan que la investigada, por el lugar que ocupaba en la agrupación política, tenía conocimiento de las actividades que se desarrollaban (en el partido). También tenía conocimiento de la procedencia del dinero para financiar la campaña electoral”, precisaron los vocales supremos. Los elementos de convicción a los que se refieren los vocales supremos –señalados por el fiscal José Domingo Pérez– son: los documentos presentados por el representante de Odebrecht sobre las dos entregas de US$ 500 mil, cada una para la campaña presidencial fujimorista; las confesiones del exoperador de la empresa brasileña en el Perú Jorge Barata; la declaración del expresidente de Odebrecht Marcelo Bahía Odebrecht, quien autorizó la entrega de US$ 1 millón; la manifestación del exdirector de Odebrecht en América Latina Luiz Mamerí; y el testimonio del exejecutivo de Odebrecht Fernando Migliaccio Da Silva.
La defensa de Keiko Fujimori cuestionó agresivamente que la Sala Superior excluyera algunos enunciados y elementos de convicción contra su patrocinada, lo que representaría una infracción a la garantía procesal. Empero, los vocales respondieron que la prisión preventiva contra la excandidata presidencial se dictó sobre la base de “fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula a la imputada como autora de este”, esto es, el lavado de activos.
La economía se enfría, reduciéndose la perspectiva de crecimiento por falta de inversión, pero las empresas tienen dificultad para defender sus proyectos por su grave pérdida de reputación debido a su propia corrupción, mientras los sectores que dicen proteger a los pobres demuestran un desprecio olímpico por la inversión que genera crecimiento y empleo, en parte por ignorancia, en parte por ideologización.
El telón de fondo es el enfrentamiento entre un Congreso grasivamente delirante, corrupto y mediocre que va a archivar la propuesta de reforma política y judicial pues embate contra el Gobierno solo para defender sus prebendas y proteger a quienes lo protegen a los corruptos de sus partidos (incluso ellos mismos); y un presidente de la república que plantea un adelanto electoral que puede ser solución para un callejón sin salida.
El desenlace en el que no habría reforma política y judicial, ni avance económico, es el riesgo creciente de que esta crisis acabe mal, en el drama de un país que, sin tener que ser así, se quema cada día por la indolencia irresponsable de quienes debieran conducirlo.
El peor desenlace posible, entre todos los que se abren por la crisis política causada por la prepotencia aprokeikista y el temor vizcarrista, es aquel que pasa por la renuncia presidencial. De ocurrir semejante escenario, se le otorgaría un triunfo político, ya ni siquiera al partido aprofujimorista que casi gana las elecciones el 2016, sino a la facción ultraconservadora que de la mano con Keiko Fujimori ha destruido el centrismo de los 90 y lo ha convertido en el movimiento antirrepublicano que es hoy día. Este es, el sueño lúbrico del aprokeikismo y de cierta derecha histérica por el affaire Tía María, liderada por algunos gremios empresariales que parecen imbuidos de una psicología millennial, “inocente” respecto de las crisis verdaderas que antaño hemos pasado, o que muestran, ya sin desenfado, un corazón naranja.
No puede olvidarse que lo que está en juego es si se permite o no que una ultraderecha elitista, autoritaria, mercantilista y reaccionaria haga de las suyas en el Perú. Un grupo que no ganó el derecho a gobernar porque la mayoría no lo quiso, se zurró en ello y quiso aprovechar sus votos inflados en el Congreso para destruir a Pedro Pablo Kuczynski (sin importarle su docilidad) y ahora quiere hacer lo propio con Vizcarra, a quien quiso tener de monigote y que al no poderlo hacer le declaró también la guerra. Dos años de un cogobierno entre Mercedes Aráoz (ya con un precedente aprista a cuestas) y el ala dura del aprokeikismo serían fatales para el Perú. No solo por lo espúreo de su eventual origen sino porque claramente no representa ningún sentir mayoritario del país y embalsaría aún más la furia ciudadana respecto del statu quo y su innegable corrupción.
El camino político más sensato es el adelanto de elecciones. Que se ponga simbólico final a la transición post Fujimori y que el país construya una nueva etapa afianzando lo que de bueno se ha hecho en estas dos últimas décadas, a pesar de la corrupción. Es una salida que, además, racionalmente conviene a todos, salvo a los agoreros del cambio radical, para quienes sería tremendamente fértil que la crisis se prolongue dos años más porque se quedarán sin trabajo y ese sueldo que todos sabemos que no se merecen y los corruptos que quieren dinamitar a como dé lugar que los investiguen para mantenerse impunes, no devolver ni un centavo de lo que nos robaron, seguir robando/corrumpiendo y controlando al país en un estado catatónico de atraso, pobreza, subdesarrollo e ignorancia sobre nuestra verdadera historia.
Visitas con segunda
Las fuentes de La República señalaron que el fiscal José Domingo Pérez Gómez requerirá formalmente al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el registro de visitas que ha recibido Keiko Fujimori en el anexo del penal de Chorrillos. Para la autoridad que investiga el presunto lavado de activos en el financiamiento de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016, las reuniones que ha sostenido la excandidata en el presidio con varios miembros de su bancada confirman que mantiene el control de la organización política. Pérez no descarta que Keiko Fujimori pudo haber usado su influencia sobre los congresistas que formaron parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quienes luego de que se entrevistaron con ella en el anexo del penal de Chorrillos, votaron a favor de que no sea denunciado el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry.Como es de público conocimiento, Chávarry no solo ha cuestionado la actuación de los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato que investiga a la excandidata de Fuerza Popular, sino también destituyó de sus cargos a los fiscales Rafael Vela Barba y José Pérez Gómez. La decisión de Chávarry beneficiaba claramente a Keiko Fujimori.
Sustentándose en el registro de visitas que recibió Keiko Fujimori en el transcurso de 2019, La República demostró que legisladores fujimoristas se entrevistaron en el presidio con la lideresa de Fuerza Popular y luego votaron en rechazo a las denuncias que afectaban a Chávarry, e inclusive a congresistas fujimoristas, como puede comprobarse en el recuadro adjunto. «Estamos recogiendo la información de La República para llevarla a la investigación penal. Esto obliga a ver otra arista de investigación sobre el caso», indicaron las fuentes.
Sin embargo, es necesario que antes se pronuncie el juez Víctor Zúñiga Urday, ante quien el fiscal José Pérez solicitó que se incorpore en el caso a Fuerza Popular como persona jurídica, dentro de los alcances de las normas de lavado de activos y crimen organizado. Pérez argumenta que los imputados -Keiko Fujimori y la cúpula- usaron la estructura partidaria para captar dinero ilícito y lavarlo con la finalidad de financiar las campañas presidenciales. «Lo primero es que el juez de investigación preparatoria admite la solicitud de la incorporación al proceso del partido Fuerza Popular como organización criminal», mencionaron las fuentes.
«La hipótesis de la Fiscalía de Lavado de Activos es que Keiko Fujimori utilizó a Fuerza Popular como parte de una estrategia para blindar a funcionarios que eran afines a sus intereses. Por esa razón se le califica como una organización criminal, debido a que tiene una estructura para dichos fines», apuntaron. Con el propósito de asegurar el control de la bancada fujimorista, sus integrantes visitaban frecuentemente a la lideresa Keiko Fujimori, especialmente días antes de votaciones claves, como lo demuestra el cuadro publicado en esta páginas. Por si fuera poco, congresistas de la bancada de Fuerza Popular denunciados ante la Comisión de Ética -controlada por los fujimoristas en alianza con los legisladores apristas-, sostuvieron encuentros en la prisión con Keiko Fujimori el día de la votación. Este es el caso, por ejemplo, de Úrsula Letona Pereyra, quien el 21 de mayo tuvo una reunión en Chorrillos con Keiko Fujimori, el mismo día en que la Comisión de Ética archivó su caso.
Según el congresista fujimorista Carlos Tubino, “nosotros no vamos a buscar a Keiko para pedirle directivas y sobre todo directivas políticas. Vamos a darle fortaleza por el momento que le toca vivir”. La Fiscalía piensa otra cosa.
De acuerdo con fuentes relacionadas con la investigación del Equipo Especial Lava Jato, la constructora brasileña usó a las compañías “offshore” del empresario peruano Gonzalo Monteverde Busellau para transferir dinero a la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Monteverde se encuentra prófugo. Hasta donde se conocía, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata había declarado que entregó US$ 1 millón a la campaña de Keiko Fujimori. Medio millón lo proporcionó Barata en efectivo a Jaime Yoshiyama Tanaka. Y en una segunda ocasión de nuevo a Yoshiyama y también a Augusto Bedoya Cámere. Pero no se sabía con precisión cómo había llegado el millón de dólares al Perú. Según fuentes fidedignas, Barata ha confirmado que el US$ 1 millón arribó al país mediante el “doleiro” Gonzalo Monteverde Busellau, quien usó las cuentas de sus empresas de fachada para lavar los fondos para que llegaran a manos de los responsables de la campaña de Keiko Fujimori. En 2010 y 2011, el jefe de la campaña presidencial fue Jaime Yoshiyama Tanaka, y el gerente general de la misma José Chlimper Ackerman. Chlimper, justamente, fue la persona que le entregó US$ 210 mil en efectivo al gerente de Radio Programas del Perú, Hugo Delgado Nachtigall. La Fiscalía sospecha que ese dinero sería parte de lo que proporcionó Odebrecht.
«El dinero fue transferido por Odebrecht a la ‘offshore’ Select Engineerg Consulting and Service (constituida en Islas Vírgenes Británicas), y luego esta empresa la transfirió a Credicorp Bank de Panamá, a nombre de la empresa Construmaq de propiedad de Gonzalo Monteverde. Las empresas de Gonzalo Monteverde, como Construmaq y Cementerios Centrales, recibieron aproximadamente US$ 29 millones de Odebrecht para los pagos de sobornos y apoyo a las campañas electorales. El dinero salió del Departamento de Operaciones Estructuradas, que Odebrecht usaba para el pago de coimas», indicaron las fuentes. La defensa de Keiko Fujimori, durante la sustentación de la casación ante la Corte Suprema, ratificó que la excandidata jamás recibió dinero de Odebrecht y que no mantuvo vínculos con Jorge Barata. Las fuentes del Equipo Especial del caso Lava Jato cuestionaron la argumentación.
La clave de la operación es que Jorge Barata reconoció que fue Jaime Yoshiyama quien pidió el dinero, en dos ocasiones US$ 500 mil, para la primera y segunda vuelta. Barata fue autorizado por Marcelo Odebrecht, el Departamento de Operaciones Estructuradas recibió el mandato y transfirió los fondos a las empresas de Gonzalo Monteverde y este luego suministró en efectivo el dinero a Barata, quien luego lo entregó a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. “Obviamente, como en los casos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y otros investigados, al no existir un documento firmado por ellos en el que señalan haber recibido el dinero, en su defensa responden que no hay pruebas. Pero el dinero era dirigido hacia ellos, porque Odebrecht lo entrega previa solicitud. Y está acreditado, mediante documentos que ha entregado Barata, que Odebrecht usó al empresario Gonzalo Monteverde para transferirle el dinero que le requerían, y que este fungió como ‘doleiro’. Los documentos prueban las transferencias de dinero a Monteverde, quien luego proporcionaba el dinero a Barata y este, como ha confesado, lo entregó a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya”, explicaron las fuentes de este diario que tienen conocimiento de la investigación.
-De Ángel Páez.
El reportero de investigación del diario Clarín Daniel Santoro es conocido especialmente en el Perú porque destapó el contrabando de armamento del gobierno de Argentina a Ecuador en plena guerra del Cenepa, en 1995, una operación secreta que contó con la complicidad del asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos. Además de obtener el premio Rey de España, entre otros, logró el enjuiciamiento y condena del expresidente Carlos Menem y varios miembros de su gabinete, un logro significativo para un periodista que por sus publicaciones afrontó numerosas amenazas.
Con más de 25 de años de trayectoria, maestro de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano –que constituyera Gabriel García Márquez–, autor de uno de los mejores manuales de Técnicas de Investigación Periodística, Daniel Santoro es de los pocos que siempre están donde no lo invitan, que es donde las papas queman. Aparte de publicar cotidianamente los avances de sus investigaciones, por lo general relacionadas con la corrupción gubernamental, el crimen organizado, los servicios secretos, el espionaje, el tráfico de drogas y otras especialidades para nada culinarias, se ha dado tiempo para escribir una docena de libros sobre los casos en los que logró grandes revelaciones, como La trama secreta de las relaciones del narcotráfico con la política, SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) y la Aduana desde CFK (Cristina Fernández de Kirchner) hasta Macri (2017) y El Mecanismo: la corrupción kirchnerista: contratos energéticos, delatores y Odebrecht (2018). Será por eso que ni kirchneristas ni macristas lo quieren.
Para abordar este tipo de casos, un reportero de investigación muchas veces debe descender a los infiernos en busca de fuentes, y en ese trajín uno tropieza con toda clase de gentuza que no desperdicia la oportunidad del contacto con el periodista para su propio beneficio. El juez Alejo Ramos Padilla, de evidentes vinculaciones con el kirchnerismo, que odia el periodismo que expone la corrupción, especialmente si está relacionada con figuras políticas de su simpatía, abrió proceso contra Daniel Santoro por su relación con una fuente que es acusada de extorsionar a empresarios y políticos. Nadie que conoce la trayectoria de Santoro dudaría de su integridad. Pero este magistrado pretende sancionarlo por denunciar al kirchnerismo. Este juez no entiende que entrevistar al diablo no significa que el periodista también lo es. Aunque el periodista siempre sabe más por diablo.
La fiscalía investiga al excongresista Joaquín Ramírez por lavado de activos e incluye en la carpeta a Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, y a la Universidad Alas Peruanas (UAP), según Cuarto Poder. Por transacciones con sus subsidiarias, la Sunedu ha pedido la vacancia del rector de la Universidad San Martín de Porres (USMP), José Antonio Chang, quien ha ejercido el cargo por más de 18 años. La casa de estudios estuvo estrechamente ligada al expresidente Alan García durante la última etapa de su vida.
Estos son apenas dos ejemplos de una relación que, desde los años 70, ha sido tan estrecha como productiva: universidades y figuras políticas. Para José Alejandro Godoy, politólogo y catedrático de la Universidad del Pacífico, este vínculo se debe a la conjunción de dos factores: el prestigio asociado al trabajo académico y la oportunidad de hacer clientelismo dentro de las universidades. “Estar en el rubro educativo te da ciertos réditos de imagen personal, prestigio, y te permite ir haciendo una base otorgando becas, expandiendo oportunidades para jóvenes, entregando auspicios deportivos, etc”, explica Godoy. A ese binomio se le suman otros dos factores clave: el aprendizaje acelerado sobre estrategia política que implica moverse en la estructura universitaria y —en el caso de las universidades con fines de lucro— la holgura financiera que permite el negocio educativo.
Los seis casos aquí detallados tienen, cada uno, características particulares que los inclinan hacia elementos distintos de esa ecuación —el prestigio, el clientelismo, la estrategia o los fondos—, pero con un denominador en común: todos son figuras políticas que alcanzaron relevancia nacional apalancados en su actividad universitaria.
*Abimael Guzmán y la San Cristóbal de Huamanga*
El más antiguo de la lista es un caso sui generis. No se trata de un partido político, sino de una agrupación terrorista, pero las raíces de su proyecto ideológico se remontan a la instrumentalización de los claustros universitarios. “[El de Abimael Guzmán] es un modelo mucho más sofisticado de vinculación con el alumno”, dice Godoy. Y con consecuencias, además, mucho más funestas.
“De esta forma, una conjugación de circunstancias muy concretas posibilitó que la universidad convirtiera su peso económico e ideológico en fuerza política. Porque a impulso de los sectores más politizados, especialmente de la ‘fracción roja’ que dirigía Abimael Guzmán, la mayoría de participantes coincidió en que la lucha trascendía los marcos de la universidad”, escribió sobre la revuelta el antropólogo Carlos Iván Degregori. “Pese a la represión hacia el movimiento de Huanta, los sucesos de junio del 69 fueron la prueba de fuego que convenció al sector de Bandera Roja liderado por [Abimael] Guzmán, de iniciar un camino propio”, dice, por su parte, el informe final de la CVR. Guzmán, arequipeño y profesor de filosofía en la UNSCH, se dedicaría a partir de entonces al clientelismo dentro de la universidad. En los setenta, Guzmán se convirtió en director de personal y tomó control de las direcciones de Bienestar Estudiantil y de Ayuda y Becas, copando los aspectos más importantes del alumno ayacuchano: las ayudas económicas. Luego, obtuvo poder sobre los PAGPA, grupos de práctica de los alumnos de educación que —adoctrinados por él—dictaban clases a planteles de secundaria. Finalmente, controló el Frente Estudiantil Revolucionario, el FER.
Para Degregori, Sendero Luminoso nació, de manera innegable, en la UNSCH: “del encuentro entre una élite intelectual provinciana mestiza y una juventud universitaria también provinciana, andina y mestiza”, dice. En mayo de 1980, Sendero realizó —bajo un bosque de banderas rojas— su último mitin en la UNSCH antes de empezar la lucha armada. Es preciso aclarar que lo relatado no tiene ninguna vinculación con la situación actual de la UNSCH, y que sus alumnos, por el contrario, sufren constantemente los problemas derivados de la estigmatización que causó ese periodo.
*Alberto Fujimori, la Universidad Agraria y la Wisconsin*
La biografía política de Alberto Fujimori tiene dos puntos de quiebre: el día que decidió que pelearía por ser rector de la Universidad Agraria de La Molina y el que decidió —junto a su esposa, Susana Higuchi— abrir la academia preuniversitaria Wisconsin. Ambos momentos le abrieron caminos de aprendizaje distintos y contribuyeron a que el hasta entonces silencioso ingeniero japonés se convirtiera en presidente del Perú. “La experiencia en la Agraria le permite tener un conocimiento sobre cómo hacer política. Muchas de las formas de hacer política que tuvo después tienen mucho que ver con ese paso como rector”, explica Godoy. La capacidad estratégica que adquirió Fujimori en su pugna por el rectorado —generando alianzas y vaticinando traiciones—, fue un elemento central en el resto de su carrera política, explica. Luego lograría la presidencia de la Asamblea Nacional de Rectores. “La política en la universidad tiene sus propias reglas y, como siempre, las más importantes no están escritas. Se tarda años en aprender los trucos y las estrategias de la candidatura académica, que aparentemente guarda las formas, pero que hace uso de todas las celadas de la política común”, escribe Luis Jochamowitz en su libro Ciudadano Fujimori. En ese libro, Jochamowitz también relata la importancia que tuvo el segundo emprendimiento educativo de Fujimori. Con la agudización de la crisis económica, a finales de los ochenta, el matrimonio Fujimori-Higuchi tuvo que buscar alternativas fuera del rubro inmobiliario para financiar sus aspiraciones presidenciales. Decidió, entonces, formar la Academia Wisconsin. Al principio, sin embargo, las clases de matemáticas se dictaban casi vacías. “Intentaron el recurso de la publicidad, redactaron unos avisos que aparecían en El Comercio, pero no dieron resultado”, cuenta Jochamowitz. Hasta que se les encendió el foco: Fujimori decidió poner en los avisos unas letras pequeñas que decían “Higuchi-Fujimori, Directores”. “El efecto fue inmediato […]. Los padres de familia llegaban con sus hijos a rastras y al ver que los directores eran “japoneses de verdad”, los matriculaban sin dudar un instante. La Academia Wisconsin resultó otro buen negocio y la experiencia debió enseñarle algo”, cuenta Jochamowitz. Más allá de financiar parte de su austera campaña, cuando Fujimori se lanzó a la presidencia con Cambio 90, no sólo empezó rodeándose de profesores y exalumnos de la Agraria, sino que empuñó un lema que ponía en práctica lo aprendido con Wisconsin: “honradez, tecnología y trabajo”. Todas virtudes asociadas con un japonés.
*César Acuña y la Corporación Vallejo*
Cuando uno piensa en carreras políticas —e, incluso, partidos políticos, como Alianza para el Progreso (APP)— construidas sobre fortunas universitarias; uno piensa en César Acuña. Pero Acuña no sólo es el prototipo que da vida a esta lista, sino que marca un cambio de orientación en las formas. “Lo novedoso es que ahora los proyectos [políticos] se arman en torno a una universidad privada, y la mayoría de veces con fines de lucro”, dice Godoy. Reacios, quizás, a tener que enfrentar las pugnas propias de una universidad pública, un grupo de empresarios con aspiraciones políticas prefirió tomar el camino más corto. Es el caso de César Acuña, a cuya corporación hoy pertenecen la Universidad César Vallejo (UCV), la Autónoma del Perú y la Señor de Sipán. Mediante una estrategia de precios bajos y expansión agresiva, la UCV ha llegado a convertirse, en los últimos años, en la segunda universidad con más alumnos del país: 106.216, entre pregrado y posgrado. Mientras, César Acuña ha sido congresista, alcalde de Trujillo, gobernador regional de La Libertad y candidato a la presidencia. Aunque no ganó, hoy su partido tiene la segunda bancada más numerosa del Parlamento con 10 congresistas.
Estos éxitos políticos se han apalancado principalmente en la fortuna generada por su negocio educativo. En el 2016, Acuña declaró al Jurado Nacional de Elecciones ingresos anuales por S/56 millones, y su vocero, Isaac Mekler, dijo que provenían de las utilidades que la UCV le pagaba. Ese año, declaró más gastos de campaña que todos los demás candidatos: S/23,6 millones. Y cinco años antes había sido multado por recibir “aportes en exceso”. No se trató de un comportamiento aislado. El uso del emporio universitario —y la fortuna generada a partir de este— ha sido una constante en la carrera política de César Acuña. En el 2016, fue retirado de la carrera electoral por entrega de dádivas, mientras que paneles con su rostro y el logo de la universidad eran acusados de ser publicidad política encubierta. Sólo en el 2014, la UCV había pagado S/37 millones en dividendos a sus tres accionistas, que eran Acuña y sus familiares, y los tres años previos había repartido más de S/32 millones. En el 2014, además, la UCV había registrado préstamos a sus ejecutivos por S/7.7 millones e, incluso, registró una partida de “préstamos a APP”.
Con el inicio del licenciamiento universitario, ese vínculo tuvo que dejar de ser tan explícito. La Sunedu exigió a la UCV que repartiera sólo el 30% de sus utilidades y que eliminara los préstamos a ejecutivos. “Hasta hace un tiempo podía haber préstamos a accionistas y eso era un tema de ellos. Ahora ya no hay más. Lo que se tenía con APP se saneó”, declaró la gerenta general de la UCV, Karina Cárdenas. Lo otro que se ha limitado es su política de becas, con la que se acusaba a Acuña de realizar clientelismo político. Ahora, la Sunedu le exige a la UCV que las becas sean entregadas midiendo indicadores de excelencia académica y necesidad económica. Sin embargo, la influencia de su organización política queda. Como reportó este Diario, Acuña habría hecho lobby para la elección del fiscal supremo Tomás Gálvez, según delaciones del alcalde de Olmos, Willy Serrato. Cuando el Congreso debatió el informe para acusar a Gálvez por el caso Cuellos Blancos, Richard Acuña —el hijo de César— votó en contra.
*Pepe, Lucho y Telesup*
José Luna Gálvez inició la universidad Telesup como una academia preuniversitaria en el segundo piso de su casa familiar, en San Juan de Lurigancho. Es una historia de crecimiento acelerado cuyo patrón se repite a lo largo de esta lista. En el 2004, recibió la autorización provisional para operar como universidad. Desde mucho antes, sin embargo, Luna había intentado figurar en política. Su cuna —hoy olvidada— fue el apra. A finales de los noventa, Luna había ganado capital político dentro del partido e intentó postular a la alcaldía de Lima. Pero el aprismo histórico lo bloqueó. Carlos Roca fue el candidato municipal en 1998 y Luna su candidato a teniente alcalde. La lista no ganó, pero Luna sí obtuvo un sillón en el concejo metropolitano. Ya por entonces —contó Roca a este Diario—, el empresario utilizaba las becas para hacer clientelismo dentro del apra. Cuando Luna se cansó de las trabas que le ponía el aprismo, fundó Solidaridad Nacional. Allí cruzó caminos con su mellizo político, César Acuña, y con quien luego sería alcalde de Lima durante doce años: Luis Castaneda Lossio. En el periodo parlamentario 2011-2016 se hizo famoso por una promesa que su fortuna le permitía: cobrar S/1 de su sueldo como congresista. Casi al final del periodo, fue suspendido 30 días por pagarle a asesores fantasma. La relación entre Luna y Castañeda fue —como la de las universidades y la política— cercana durante mucho tiempo. No solo eran aliados políticos, sino que Castañeda figuraba como profesor de posgrado en la universidad Telesup. La relación, sin embargo, se rompió tras el fracaso electoral de Solidaridad Nacional en el 2016. Luna decidió entonces crear su propio partido, para —como en su universidad— no tener que pelear el liderazgo con nadie. Así nació Podemos Perú. La vida de Podemos Perú tampoco ha estado exenta de cuestionamientos. Durante la última elección municipal, cuando postuló como candidato a Daniel Urresti, Cuarto Poder descubrió que su inscripción se había realizado utilizando firmas falsas. A raíz de ello, en julio el CNM le abrió un procedimiento disciplinario al entonces jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, que hoy está suspendido de sus funciones. Finalmente, el 30 de mayo pasado Luna recibió de la Sunedu la noticia que Acuña, su ex compañero de bancada, nunca llegó a recibir. Telesup deberá dejar de operar porque no logró acreditar ninguna de las ocho condiciones básicas evaluadas en el licenciamiento. Además, la Sunedu reportó que cinco de sus filiales “no están en condiciones financieras para brindar el servicio educativo” y que la infraestructura de sus locales no cumple “con los estándares mínimos de seguridad”.
*Alan García y la San Martín de Porres*
La San Martín es una universidad privada asociativa. Es decir, su actividad no tiene fines de lucro y su gobierno le corresponde a toda la comunidad universitaria. Sin embargo, en la práctica, es controlada desde hace 23 años por una misma persona: José Antonio Chang. “Cuando él deja la universidad para ser ministro, deja a su gente de confianza encargada de la universidad. No hay un cambio dirigencial o disputas por el poder”, explica Godoy. Durante su periodo como ministro de Educación y luego jefe del Gabinete (entre el 2006 y el 2011), Chang dejó a cargo de la USMP a Raúl Bao, su actual vicerrector. La política de gestión en la universidad se mantuvo y el final del gobierno de Alan García marcó el regreso de Chang al rectorado. Pero también implicó una relación mucho más estrecha entre la casa de estudios y el expresidente. Ya como rector, Chang volvió a contratar a García como director de Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la USMP -el cual dirigió hasta su muerte- y la universidad avaló el préstamo que obtuvo para comprar su casa en Miraflores. El congresista Javier Velásquez Quesquén defendió a su líder alegando que no veía nada de malo en el aval para la vivienda.
En las últimas semanas, la USMP ha sido multada con S/8,6 millones por la Sunedu y el órgano supervisor ha pedido la vacancia de su veterano rector. Esto por haber permitido que se realicen transacciones con subsidiarias que pierden dinero y que tienen a las autoridades de la universidad en puestos de dirección. Entre las subsidiarias financiadas por la universidad están el club de fútbol USMP, la aerolínea LC Perú —hoy en quiebra— y Tambo Hotel y Restaurante. Además, está la offshore Latin Lease Ltd, que aparece en la base de datos The Offshore Leaks Database, vinculada al caso Paradise Papers. Sunedu determinó que la USMP había colocado allí US$4,9 millones para obtener una rentabilidad de 12% y destinarla a financiar un programa de becas en Harvard. Sin embargo, la rentabilidad obtenida fue de apenas 4% y la universidad, según Sunedu, nunca evidenció que el dinero fuera finalmente destinado a las ayudas económicas para estudiantes.
*Keiko Fujimori y la Alas Peruanas*
La Universidad Alas Peruanas (UAP) ha estado, durante años, estrechamente vinculada a la carrera política de la familia Ramírez. Creada a fines de los noventa por Fidel Ramírez, son sus exalumnos el excongresista por Fuerza 2011 Joaquín Ramírez y el actual congresista por Fuerza Popular Osías Ramírez. Como reveló Cuarto Poder el domingo, todos ellos —Joaquín, Osías y la universidad— están siendo investigados por la fiscalía por presuntamente formar parte de una organización dedicada al lavado de activos. En la investigación también está involucrada Keiko Fujimori, a quien el testigo Jesús Francisco Vásquez acusó de haberle dado US$15 millones a Joaquín Ramírez para que los lavara mediante la cadena de grifos Cogeco. También están incluidos en la investigación los asesores de Fujimori, Pier Figari y Jaime Yoshiyama.
Según la tesis fiscal, Fujimori, Figari y Yoshiyama formarían uno de los tres grupos de la organización de lavado. En otro estarían los hermanos Joaquín y Osías Ramírez. El primero de estos tiene, a su vez, un negocio inmobiliario (como Alberto Fujimori con Construcciones Fuji). Este negocio inmobiliario sería parte del esquema de lavado e involucraría a la UAP.
La universidad, por ejemplo, aparece como compradora de un inmueble en la Av. Salaverry que fue luego vendido a Joaquín Ramírez. Seis meses después, este inmueble sería revendido por Ramírez a un monto cinco veces superior. Según la fiscalía, esta transacción intermedia “no se habría producido en la realidad”. La inmobiliaria de Ramírez, además, también cedió a Fuerza Popular su conocido local partidario de la calle Bucaré, en Surco.
En medio de este escándalo, la universidad con más alumnos del país (116.034) se enfrenta a un proceso de licenciamiento cuesta arriba. Hasta el 2018, había cerrado sedes, filiales y programas que comprometían a 5.600 alumnos. Pero con las acusaciones encima, seguir operando parece cada vez más improbable.
Estos apristas nunca van a comprender. No pueden ni con su propia corrupción. No la pueden controlar. ¿Cómo prentenden aparentar ser capaces de gobernar algo más grande, importante y superior como lo es todo el Perú? Simplemente están defecando fuera del inodoro, pues.
Mulder y Del Castillo deberían exigir su propia vacancia debido a la inmoralidad e incapacidad de mabos, su ldifunto líder y sus correligionarios partidarios más allegados. Y así dejar que las nuevas generaciones sigan su curso normal ya sin Alan García que los obstruya, ni su cédula criminal en el mapa que los basuree.
De lo que deberiamos estar hartos es de que el fujiaprismo acuse a Martin Vizcarra y muchos otros opositores, fiscales y periodistas de esto y de lo otro sin prueba alguna, ni al menos un indicio firme.
Al contrario, es inaudito que el hallazgo de 100 kilos de coca en la compañia LIMASA perteneciente a los Fujimori pase piola. Keiko Fujimori tuvo como Director de su campaña electoral al narcotraficante Joaquin Ramirez (https://larepublica.pe/politica/2019/08/12/keiko-fujimori-fiscalia-pide-que-se-levante-inmunidad-parlamentaria-de-osias-ramirez-joaquin-ramirez-fuerza-popular/). Eso si esta bien. Que pase por agua tibia. No obstante, al presidente Martin Vizcarra si ella pudiera, lo colgaria en plena la Plaza de Armas solo porque quien fuera su premier, Cesar Villanueva, recibio una coima cuando ambos ni siquiera se conocian, no que este ampay a Villanueva no merezca todo nuestro repudio, por supuesto. De la misma forma, sin ir muy lejos, a Gustavo Gorriti el aprofujimorismo lo ha acusado de formar parte del entorno de Choledo/Maiman/Odebrecht que creo ese aparato que se ha demostrado recibio US$40 millones en sobornos y los lavo via Ecoteva. ¡¿¡Gorriti metido en una cutra de este calibre!?! Es que, la verdad…no se pasen. Ahi no termina la cuenta, Jorge del Castillo acuso al esposo de RMP de haber pagado para que la empresa Business Track (que el bien sabia pertenenecia al VP aprista, Luis Giampietri) lo chuponee a el y se destape asi el escandalo Petroaudios porque la empresa Petrotech (en donde laboraba el marido de RMP) queria ganar la licitacion que se le otorgo ilegalmente a Discover Petroleum/ Fortunato Canaan. Si, asi de malditos son. ¡Que bestia!, ¿no?
Denuncias falsas y calumniosas como las descritas deberian ser penadas con todo el peso de la ley. Hacen mucho daño a las victimas, asi como a nuestra sociedad que se ha acostumbrado a no diferenciar (ni valorar) entre la verdad y la mentira. Para dar un ejemplo practico de ese impacto tan negativo, nadie puede negar de que el PJ no necesita aumentrar su carga procesal, contribuyendo asi a empeorar su ya reconocida lentitud administrativa con ese tipo de juicios/basura.
Esa es la famosa escopeta de dos cañones de la que el apra tanto ha abusado y que su complice criminal plus aliado politico, el fujimontesinismo, tan bien le ha aprendido a su mentor.
Luego quieren que le tengamos misericordia a Alan Garcia y los Fujimori. Primero que reconozcan el perjuicio causado a todo el pais, nos devuelvan todo lo que nos han robado, se arrepientan de todos y cada uno de sus delitos y despues ya veremos.
Si, pero hay que tener bien en cuenta de que Keiko Fujimori es mas arrogante, subjetiva y emocional que inteligente. Acuerdense que se tiro en contra de su propio hermano y el indulto de su propio padre, solo porque ella no metio el gol, ni el gol fue como y sucedio cuando ella lo habia exigido. Asi que cualquier resultado se puede esperar porque ella tomo las decisiones antes descritas cuando en goce de plena libertad, ahora que esta encerrada en Santa Monica quien sabe con que distorsiones de la realidad salga. No se, habria que descifrarle como papilla para bebe la gran-super-mega-recontra chance que tiene frente a sus narices y ahcerla reaccionar antes de perderla ya que queda claro que no la ve ni con telescopio.
Keiko Fujimori ha demostrado no poseer ninguna vision hacia el futuro para el Peru, eso por falta de neuronas, sus muy malos habitos eticos de comportamiento personal y las muy malas juntas que ha tenido durante toda su vida y le gusta conservar. Sin embargo, su mayor defecto es no haber demostrado tener la lucidez, claridad mental y madurez para reconocer lo que mas le conviene a ella, su familia y su partido dentro de la coyuntura apropiada. Es por ello que su conducta es totalmente incomprensible, asi como irracional. Hasta, disloca, se podria decir.
Claro, Keiko Fujimori jodio para deshacerse de PPK. Jodio, jodio y jodio. Al final, cuando PPK renuncio el mismo; es decir, no lo hizo por nada que Keiko Fujimori y/o sus congresistas, trolls, zombies y ayayeros hayan contribuido, se vio ante un Martin Vizcarra que no se subyugo a ella.
¿Ese era su Plan B? Lo cierto es si tenia un Plan A, no le ligo y si tenia un Plan B, tampoco le ligo. Entonces, ¿en que estaba Keiko Fujimori? En nada. Parece mentira, pero el keikoalanismo hace 8 años esta totalmente en nada, mas que joder por joder y eso incluye tirarse al Peru abajo con tal de que su corrupcion siga operando intacta, sus corruptos se mantengan impunes, estos conserven toda su riqueza ilicita y la manguerita de sus coimas siga rindiendo frutos.
Por eso el progreso firme del caso Lava Jato es clave.
Se siguen pasando las semans y los meses y no hay progreso…
Seguimos sorprendidos acerca de que al PNP y el MinInter no hayan arrestado a los siguientes fugados: Mariela Huerta Minaya, Rubén Moreno, Gonzalo Monteverde y su esposa María Isabel Carmona Bernasconi, Vladimir Cerrón, Walter Aduviri, Edwin “Gazolinazo” Donayre (de seguro en alguna parte de Ayacucho o ya fuera del pais), Christian Motte Ramírez Gastón –¿Se acuerdan de este narco-aprista con nexos colombianos, que es donde debe estar escondido en Colombia porque se fugó con su socio colombiano Aníbal Zapata Avalos?–, Jorge Salinas Coaguila, Carlos Ángeles Figueroa, Marcionila Cardoso Pardo, Felix Moreno –subalterno de Luis Giampietri y Alex Kouri dentro de la turbia esfera del partido “Chim Pum Callao”– y Marcelino Meneses –quien viajó el 24 de julio a Estados Unidos—.
¿Cuál es la demora? ¿Por qué no se ha recurrido al apoyo del Interpol? ¿Cómo pudieron escaparse? ¿Están esperando que nos olvidemos de ellos?
Mete a Miki Torres, la dizque señora K, en esa bolsa ya que esta comprendido en el caso LimaSA. No solo eso, 39 veces ha ido a visitar a Keiko Fujimori en Santa Monica. Sobre coordinacion politica entre ambos debe haber muy poco, si acaso algo. Mas bien, la situacion judicial de Keiko Fujimori (y la de Torres) ha empeorado. Ellos eso lo saben. Y lo saben bien. Su nexo con el narcoclan Ramirez ha quedado probado con el destape de las multiples transacciones de lavado de dinero. Ahi hay carne suficiente para condenar a Keiko Fujimori y sus hermanos por mucho tiempo.
Lo estan digiriendo. Una vez que se enfrenten a su realidad y la acepten como tal, se van a dar cuenta de que a Keiko Fujimori le conviene cerrar el Congreso, adelantar las elecciones e ir a una re-eleccion para ser elegida congresista y asi adquirir inmunidad y no ri a prision. El problema es que eso no le conviene a varios congresistas, particularmente del ala alanista del partido fujiaprista, porque ellos no van a ser re-elegidos y tendran que enfrentar a la justicia por sus varios crimenes y van a quedarse en la calle y sin sueldo, Mulder y Del Castillo en primera plana, casualmente los mas belicosos en favor de vacar al Presidente Vizcarra y entornillarse en sus cargos contradiciendo la voluntad del pueblo (y de la casa del pueblo tambien) que los quiere extirpar del Estado por corruptos.