Como ayudar a Keiko Fujimori
El viernes 5 de julio se esperaba, con gran expectativa, el desarrollo de la audiencia ante la Corte Suprema donde se debatiría el recurso de casación de Keiko Fujimori. Estando en juego su libertad, su partido, Fuerza Popular, desplegó sus redes sociales con los hashtags #JusticiaSinOdio y #KeikoLibertad. Todo el jueves y con furia desde el viernes, la granja de trolls estuvo activa o al menos mi cuenta de twitter así lo registró. Los insultos, como signo distintivo de su defensa pública, son pan de cada día.
Para el jueves la defensa de Keiko Fujimori afrontaba un problema de imagen. Lo que era un apoyo, como un boomerang, destruía la credibilidad de su causa. El Fiscal Supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza había emitido un dictamen fiscal favorable a la excarcelación de Keiko Fujimori. ¿Esto es ilegal? En modo alguno, pero contradecir el criterio de las instancias fiscales inferiores requiere de adecuada sustentación y, lamentablemente para la defensa, la fundamentación de Rodríguez era un desastre. De lo que se ha podido leer, postula que no es sino hasta la etapa del juicio donde existe “grave sospecha” y que Fujimori es madre. Por ello, dice, no procede prisión preventiva. Una suma de falacias que no hace una sola verdad.
Al desastre de resolución se unió la biografía de Rodríguez. Desaprobado en los exámenes para ser fiscal supremo, ayudado a pasar por el destituido CNM, sindicado por la fiscalía del Callao como “cuello blanco”, protegido por Fuerza Popular en el Congreso, no había forma de que este fiscal fuera de ayuda alguna para que algo siquiera parecido a la justicia se aplicará a Keiko Fujimori. ¿Por qué aceptaron ese apoyo si les hace daño? Incomprensible estrategia salvo que la quieran presa.
Pero lo peor no fue eso. El dictamen fiscal no es, finalmente, vinculante. En la madrugada del viernes, apenas pocas horas antes de la audiencia, IDL Reporteros publicó las conversaciones entre el ex magistrado supremo César Hinostroza y sus colegas Jorge Castañeda y Manuel Quintanilla. ¿Consecuencias? Castañeda es uno de los 5 vocales que tenía que ver el caso. Este se inhibió, se suspendió la sesión (sin fecha para nueva audiencia) y Quintanilla renunció a su cargo de vocal supremo provisional y de juez superior titular de la Corte de Puno.
¿Por qué esa velocidad de renuncia? La verdad es que las conversaciones entre Hinostroza y Castañeda no revelan más que la coordinación de un encuentro que no tendría nada de sospechoso entre miembros de la misma corte. La llamada de Quintanilla si es más sabrosa. Es claro que hay algo, de conveniencia de Hinostroza (¿una resolución?) que solo pueden ver Castañeda y Quintanilla, “porque el número dos” no es “pata” de Hinostroza. Sin embargo, la prisa en la renuncia revela que hay más que lo conversado. ¿Qué se resolvió en esos días firmado por estos dos vocales supremos?
Jorge Castañeda es el tercer vocal supremo que se inhibe en este caso. El primero fue César San Martín, previniendo con razones fundadas la campaña que el fujimorismo haría en su contra. El segundo, hace poco, Aldo Figueroa. En el universo fujimorista primario de estos tres últimos años el mundo se divide en “estás conmigo o estás contra mí”. En ese esquema es imposible encontrar un juez imparcial. Va a ser muy difícil conformar una sala que no tenga la sospecha de algún grado de penetración fujimorista. Esto, contrario a lo que creen sus defensores políticos, que se desgañitan insultando a la prensa, sólo le hace daño a ella. A nadie más.
Columna publicada el domingo 7 de julio del año 2019 en el diario La República
Buena columna!! Saludos!!!!
El keikoalanismo pretende impedir el debate y aprobación de la ley que dispone la obligación de ofrecer medicamentos genéricos en farmacias y boticas de todo el país. Para frenar esta aprobación, la vocera fujimorista Alejandra Aramayo se ha dirigido al Gobierno para solicitar la instalación de una “mesa técnica” para debatir la propuesta del Ejecutivo, a pesar de que el proyecto de ley presentado por este se encuentra en el Congreso desde el 20 de junio pasado.
Uno de los argumentos que esgrime para frenar o retrasar la expedición de una norma que haga realidad la existencia y venta de medicamentos genéricos, con un costo más bajo que los de marca, es el modelo económico que no permite el control de precios –lo que nadie ha planteado– y la calidad de las medicinas.
Esta pretensión es concurrente con dos proyectos de ley presentados por el keikoalanismo, que prohíbe opciones distintas a las prescripciones médicas que suelen recetar fármacos de marca, disponiendo que solo se pueden ofrecer genéricos si son bioequivalentes, es decir, si previamente se ha probado que puedan ser intercambiadas por las de marca.
Según las normas del sector Salud, el requisito de la bioequivalencia, exigido por los grandes laboratorios y los importadores de medicinas, no puede ser aplicable a todos los medicamentos. Es más, según el Colegio Químico Farmacéutico de Lima, solo corresponde como excepción y no como regla general en el caso de fármacos de riesgo terapéutico alto. En cambio, la propuesta del Gobierno no se encadena a la bioequivalencia, y propone que, en un plazo de 90 días posteriores a la promulgación de la ley, el Ministerio de Salud publique una lista de medicinas esenciales que deben expenderse en todo el país.
Es conocida la facilidad con la que determinados intereses permean al fujimorismo. Ahora, al avanzar el debate público de la ley propuesta por el Ejecutivo, se hace evidente cómo encuentran cabida en el Congreso las presiones, en el mismo sentido que las dos veces anteriores en que se intentó legislar para proteger los derechos de los consumidores a acceder a medicinas genéricas. En esas oportunidades, como ahora, estas presiones se disfrazan de un discurso de calidad y ordenamiento del mercado –se dijo lo mismo cuando se intentó frenar los octógonos–, a sabiendas de que las normas, por ejemplo, el Reglamento de la Ley N°29459, ya requieren que la producción de los medicamentos genéricos, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sigan un procedimiento de manufactura y equivalencia curativa.
Nadie ha inventado el nexo de la Vilcatoma y Goro. Goro, un asesino comprobado, aparte de condenado, mismo lo dijo al momento de ser arrestado, lo cual quedo grabado. Ahora que Vilcatoma aprenda a enfrentar lo que es ser victima de «falsos» testamentos y no se altere tanto al momento de que la prensa la apabulle con preguntas.
Bien hecho.
Se lo merecia.
Le han dado una dosis de su propia medicina.
Ahora le toca chantarsela y comerse su propio sapo verde.
Ahora faltan por ubicar y arrestar a Mariela Huerta Minaya, Gonzalo Monteverde y su esposa María Isabel Carmona Bernasconi, Edwin Donayre, Christian Motte Ramirez Gaston, Jorge Salinas Coaguila, Carlos Ángeles Figueroa, Marcionila Cardoso Pardo y Felix Moreno, todos fugados de la justicia de manera mas que sorprendente. ¿Cuando van a involucrar a la Interpol en esta busqueda?
¿O la verdad es que no estan buscando a nadie? Motte tiene años de haverse fugado. Donayre no puede ser muy dificil de escontar. Vamos…
Cuando era trasladado a la Dirincri, el sicario Rubén Moreno ‘Goro’ señaló a la prensa que una señora con apellido Vilcatoma fue la encargada de tramitar su libertad. Asimismo, declaró que él mismo se sorprendió de que ella se encargara de esa gestión irregular. Agregó que las investigaciones darán luces del caso.
“La señora Vilcatoma me ha mandado los abogados […] Yo mismo me he sorprendido […] (Ella) ha tramitado mi libertad […] Ya en las investigaciones se va a saber», manifestó Rubén Moreno ‘Goro’.
Vale recordar que la parlamentaria de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma (que sería a quien se refiere ‘Goro’ ) recomendó que César Álvarez fuera trasladado al penal de Challapalca a 4800 msnm. De acuerdo a ella, el ex gobernador regional de Áncash estuvo a cargo de la fuga del criminal, que se encontraba no habido desde junio.
Este sábado 13 por la tarde, ‘Goro’ fue encontrado en una vivienda de Los Olivos por la policía. De acuerdo a Canal N se encontraba en el segundo piso en compañía de su pareja y de su suegra. A la vez, se supo que tenía pensado irse al norte del país.
Por otro lado, de acuerdo a Fiorella Nolasco, hija de Ezequiel Nolasco (que fue asesinado por órdenes de ‘Goro’ en 2014), “ha habido toda una colusión entre funcionarios de justicia que supuestamente deberían estár para dar seguridad a la ciudadanía”.
A su turno, Yeni Vilcatoma negó en RPP que haya ayudado al sicario. “La primera vez que tuve contacto con él fue en 2012, cuando fui fiscal […] y no ingresó al despacho a asesinar a Ezequiel Nolasco porque pedí apoyo. Nunca lo he tenido cara a cara”, dijo.
Ahora faltan por agarrar a Mariela Huerta Minaya, Gonzalo Monteverde y su esposa María Isabel Carmona Bernasconi, Edwin Donayre, Christian Motte, Jorge Salinas Coaguila, Carlos Ángeles Figueroa, Marcionila Cardoso Pardo y Felix Moreno, todos fugados de la justicia de manera más que sorprendente.
Alerta. Congresistas Letona, Sarmiento y Aramayo buscan favorecer a las empresas que controlan el mercado farmacéutico con iniciativas contrarias a las expectativas de los ciudadanos. Ojalá Keiko Fujimori se quede en la cárcel y no salga nunca de ahí, la verdad.
Dos proyectos de ley de Fuerza Popular, uno de Úrsula Letona (N° 3743) y otro de Freddy Sarmiento (N° 3692), pretenden detener la propuesta del Ejecutivo para que boticas y farmacias ofrezcan obligatoriamente un stock de medicamentos genéricos en todo el país.
Ellos plantearon el 2018 prohibir dar opciones distintas a las prescripciones médicas, que suelen recetar fármacos de marcas privadas, dificultando el acceso a medicamentos más baratos. Los proyectos coinciden en que solo deben ofrecer genéricos si son bioequivalentes. Es decir, si pasaron por un test y probaron que puedan ser intercambiadas por las de marcas, reduciendo el margen de elección para los consumidores.
Las iniciativas colisionan con el proyecto del Ejecutivo presentado el 20 de junio, que busca hacer más accesibles los medicamentos mediante el aumento de la disponibilidad de los genéricos, sin la exigencia de la bioequivalencia. Además, plantea un plazo de 90 días posteriores a la promulgación de la ley para que el Minsa publique una lista de medicinas esenciales que deben disponerse en todo el Perú.
Por su parte, la propuesta del Ejecutivo acoge dos dictámenes de las comisiones de Defensa del Consumidor y de Salud que, en setiembre del 2017 y noviembre del 2018, omitieron la bioequivalencia como requisito para la venta de genéricos. Sin embargo, los fujimoristas pretenden imponerla, favoreciendo a las corporaciones farmacéuticas.
Según un estudio de la organización Oxfam, de marzo del 2019, la tableta de 500 mg de Azitromicina vale en genérico S/ 1,99, pero en boticas se vende a S/ 12,10, lo que representa una diferencia de 511%. Según el decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamoza, “no todos los medicamentos deben demostrar que son bioequivalentes”. La prueba solo debe realizarse con fármacos de riesgo terapéutico alto. Se intentó obtener los descargos de Úrsula Letona por las desventajas de su iniciativa, pero -para variar- alegó que estaba con descanso médico y no podía responder. Freddy Sarmiento tampoco contestó.
Sumándose a la oposición, la fujimorista Alejandra Aramayo envió una carta al presidente Martín Vizcarra el 2 de julio, cuestionando la calidad de los genéricos y pidiendo debatir el tema antes de la aprobación de la norma. La misiva, con copia a la Confiep, lleva las firmas de sus colegas Segundo Tapia, Gladys Andrade, Joaquín Dipas, entre otros. Aramayo tampoco contestó las llamadas.
El 25 y 26 de junio, tanto la Sociedad de Comercio Exterior (Comex) como la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE) también remitieron cartas a Vizcarra recomendando evaluar los genéricos.
Ratas inmundas. Solo para eso viven; para traicionar a su pueblo y vender a su patria a mafiosos como ellos. No es posible que jueguen con las medicinas de los peruanos favoreciendo a los que ya son ricos y ademas tienen un monopolio.
La mafia fujiaprista y sus complices Los Cuellos Blancos no descansan.
La juez suprema provisional, Zavina Chávez Mella, también fue cuestionada por la Procuraduría para casos de Lavado de Activos ¿La razón? Haber integrado la Segunda Sala Suprema Penal Transitoria que presidía el prófugo exmagistrado César Hinostroza. Sin embargo, los integrantes de la Sala Suprema Penal Permanente decidieron ratificarla en la misma resolución que confirmaba al juez Aldo Figueroa, quien terminó inhibiéndose.
La decisión se adoptó al sostener que no hay duda de su imparcialidad ya que ella también suscribió el pedido de extradición contra el exmagistrado. Pero lo que también hizo la jueza Zavina Chávez Mella, fue solicitar que Enrique Cubillas Boy, quien fue brazo derecho y secretario de confianza de Hinostroza Pariachi, pase a su despacho y sea designado como su asesor de confianza. El traslado se dio en pleno auge de la difusión de los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto, según consta la resolución Nro 334-2018-P-PJ del 10 de setiembre del 2018. Jueces supremos consultados por este diario confirmaron que las propuestas del personal de confianza las hacen los mismos magistrados. «Los proponen bajo su responsabilidad», indicaron.
El Poder Judicial aceptó de forma oficial la renuncia del suspendido vocal superior Ricardo Chang Racuay, quien tiene 12 meses de prisión preventiva por su presunto vínculo con Los Cuellos Blancos del Puerto.
El 7 de mayo, el entonces suspendido juez Ricardo Chang, del Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, fue detenido por efectivos de la Policía Nacional tras la orden dictada por el juzgado supremo de investigación preparatoria en el marco del caso Cuellos Blancos del Puerto.
Según un audio del 16 de abril del 2018 entre el exjuez César Hinostroza y el empresario Mario Mendoza, el primero habría intervenido en la ratificación de Chang en el proceso del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
La resolución 070-2019-P-CE-PJ, que lleva la firma del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, detalla que Chang Racuay formuló su renuncia al cargo de juez especializado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.
«Es menester precisar que el señor Ricardo Chang Racuay se encuentra con medida cautelar de suspensión preventiva y tiene proceso penal iniciado en su contra; por lo que, la aceptación de la renuncia que ha presentado en ningún modo significa eximirlo de cualquier responsabilidad que se determine en el ámbito disciplinario o penal, que son materia de investigación en el Poder Judicial o en otro órgano del Estado», precisa el documento.
Aceptada la renuncia formal del juez, el Poder Judicial detalla que procederá a notificar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que se ha quedado una plaza vacante en la Corte Superior de Justicia de Lima.
La administración de justicia se está manejando con un nivel anárquico terrible. La confusión que esta causando en la población es grave y el Ejecutivo no la enfrenta con la osadía, ni el rigor necesarios, muy a pesar de que tiene todo para ganar si así lo hiciera. La JNJ se debe implantar lo más pronto y sólidamente posible. Sin ningún miembro cuestionable, sino con lo más elevado posible en conocimiento, experiencia y conducta funcional, procesal y personal. La imagen del Peru y de la administración de justicia están en juego. Así que es hoy el momento de contribuir a la patria con la solidez requerida.
Alan Garcia se suicido precisamente porque no era inocente, dejate de decir estupideces. No seas tan ridiculo. Es imposible cambiarle la cara a ese acto tan crudo que el decidio cometer. Alan Garcia sabia mejor que nadie que tan culpable era, de que crimenes y por esa razon de volo los sesos. Se corrio. Arrugo. Y hoy esta bajo tierra, por decision propia, porque no quiso enfrentar su realidad
Pasando a exponer temas importantes y fácticos, la mismísima excusa fue usada por Alan García parar pedir el ya célebre asilo que le fue negado por seis nacionaes – una oficialmente y otras cinco bajo consulta oculta.
El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, negó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pueda ser considerada como una «presa política», como lo afirma Fuerza Popular, y enfatizó que la resolución que dispuso su prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos “no tuvo influencia política”.
“[¿Keiko Fujimori es una presa política?] No, no es una presa política porque el Poder Judicial, cuando dictó su detención, no tuvo influencia política, fue en una resolución dictada de acuerdo con la ley en el expediente”, aseveró a la prensa.
El último lunes la agrupación fujimorista reiteró su decisión de acudir a la comunidad internacional para denunciar la situación que atraviesa Keiko Fujimori en el marco del caso Odebrecht, a quien consideran una “presa política”.
La decisión fue tomada luego que no se revisara el recurso de casación interpuesto por la defensa de la lideresa tras la inhibición del juez supremo a cargo del caso.
José Luis Lecaros sostuvo también que ayer la Corte Suprema evaluó, en audiencia pública, los criterios que resuelven los pedidos de prisión preventiva. Agregó que tras un segundo pleno, los acuerdos de los magistrados supremos podrían estar publicados en unos 15 días.
“Ayer fue la audiencia pública [del pleno casatorio] en que abogados y todas las personas interesadas han dado su parecer. Creo que los primeros días de agosto se estarán reuniendo nuevamente el pleno de magistrados supremos para tomar decisiones correspondientes que estarían publicadas unos 15 días después”, expresó.
El titular del Poder Judicial precisó que estos acuerdos marcarán un precedente en la evaluación de los pedidos de prisión preventiva y deberán ser respetados por todos los jueces del país.
“Los acuerdos casatorios que se tomen en este pleno son vinculantes para todos los jueces de la República”, dijo.
Debio decir la verdad, no obstruir sus investigaciones y el progreso del pais y no robar, siendo una lider politica. Mas lo cierto es que de politica no tiene nada, sino mucho de corrupta, obstruccionista, antidemocratica y mentirosa. Keiko Fujimori no es una persona respectable por donde se la vea.
Piden reconsiderar delito de organización criminal contra fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Galvez. Pedro Chávarry pide reprogramar la sesión. Fuerza Popular (keiskismo) y el apra (alanismo)se oponen a reconsiderar las acusaciones. El pleno del Congreso decidirá también sobre los dictámenes de la reforma política.
Rosa María:
¿Por que los fiscales encargados del caso Lava Jato no le han preguntado a todos y cada uno de los delatores de Odebrecht cuantos millones de dolares en coimas, prebendas y demas han recibido cada uno de los ex presidentes y sus funcionarios de alto y medio mando en cada proyecto de obra publica o de cualquier otro rubro otorgado a su empresa desde 1979?
¿Que esperan para dar ese paso? ¿Quien o que les impide darlo? ¿Por qué no preguntarlo asi de simple y directo? ¿No hubiera dado más claridad fiscal el método paralelo que busca una visión de todo el bosque completo en vez de únicamente ir saltando de arbolito en arbolito a ver que fruta sale de cada uno, dependiendo más exclusivamente de la buena voluntad de los delatores que parece sueltan la verdad en dosis tamaño cucharita y de lo que se vaya descubriendo por puchos? Los delatores están obligados a decir la verdad en ambos casos bajo el compromiso legal sujeto al acuerdo vigente, ¿o no?
Debido a la reaccion del aprotroll queda clarisimo que la pregunta de Neto dio justo en el mero blanco.
Yo sospecho que es por eso que no se ha preguntado todavia. No hay explicacion logica que justifique que no se haya planteado algo asi. Todo da la impression de que los deltroes, en especial Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, estan esperando a que los fiscales escarven y hallen algo y solo si son cuestionados al respecto recien dicen algo. No antes y, si se trata de sus mas fieles amigotes, no mucho tampoco. Hay contradicciones entre las delaciones que son inexplicables bajo cualquier rigor.
Por ejemplo, ¿alguien puede creer que Odebrecht le dio mas dinero en aprotes de campaña y/o coimas a la Villaran que a Castañeda o a Humala en una eleccion que a Keiko Fujimori o a Alan Garcia en dos elecciones y a Alberto Fujimori en cuatro elecciones. Esa no me la como ni con manjarblanco encima, aun con el convencimiento de que Humala (y todos los demas ex-presidentes) merece ser condenado con todito el peso de la ley por corrupto.