Rosa María Palacios

En una sola semana renunció el Presidente del Poder Judicial, el Ministro de Justicia y todos los consejeros del CNM fueron removidos por el Congreso a pedido del Presidente de la República. Para unas autoridades reacias a la reforma y un Congreso con mayoría opositora no es un mal comienzo. Pero, ¿Qué sigue ahora? Dos caminos se abren. Uno es el sancionador y otro el reformador. Corren paralelos, pero ambos están imbricados.

Sin sanción, prevalece la impunidad. Esta ha sido la norma en el Perú. En casos visibles, donde los victimarios son autoridades de alto perfil, nuestros mecanismos de justicia se basan en la dilación, el uso arbitrario de la prisión preventiva y la absolución por prescripción. Al final, salvo algunas escaramuzas circenses, la prisión es breve y la impunidad, perpetua. Es por ello que, si los reformadores quieren que la población recupere la confianza en el sistema de justicia – en algún lejano día -tiene que producirse procesos oportunos. No se trata de ajusticiamientos, ni linchamientos mediáticos donde se mezcla la legitima indignación ciudadana con el cobro de viejas deudas políticas. Nada más alejado de la justicia.

De los audios escuchados queda claro que el hoy preso, ex Presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, ha traficado influencias y ha vendido puestos a través de sus contactos en el CNM. Pero, “ningún hombre es una isla” y por tanto es imposible que sus acciones, aspiraciones y cobranzas se realicen por sí y ante sí. Sus cómplices, de los que hay claros indicios en los audios, tiene que ser procesados. A algunos les toca pasar por acusación constitucional previamente, a otros la justicia los procesa sin este paso. ¿Puede Walter Ríos ser colaborador eficaz? Ha dicho que quiere que salgan todos los audios para se escuche a todos los que le pidieron favores. ¿Pueden comenzar a saltar los vínculos políticos del Apra y el fujimorismo con la administración pública? Ya hay varios indicios. Ahí veremos hasta donde llegará el brazo sancionador y sus reales límites.

Por ello, la corriente reformadora tiene una tarea gigantesca. La justicia debe ser predecible, es decir con resultados iguales para casos iguales. Oportuna, es decir, resolver el conflicto cuando este se presente. Accesible, es decir que los costos sean bajos e iguales para todos o, en todo caso, diferenciados por capacidad económica de las partes, pero jamás fuera de unos costos púbicos. Entendible para todos, para que, aun cuando no te den la razón o solo parte de ella, se pueda entender el resultado en un lenguaje llano. La justicia debe ser legal y debe ser justa. Esto, tal vez, sea lo más complicado en cualquier administración judicial.

¿Cómo se logra esto? Oralidad, inmediatez, celeridad, tecnología, equipos capaces de investigar. Jueces y fiscales competentes e íntegros. No es magia. Nada hay que inventar. En el mundo entero existen sistemas de justicia que si funcionan, que si son respetados. Países donde ser juez es un honor y motivo de admiración social. Jueces que son protegidos y queridos por sus comunidades. ¿Pasa eso en el Perú? Aquí el juez quiere pompa y privilegio. Favores para repartir y para cobrar. Mucha medalla de hojalata, mucha cinta roja blanca y nada de dignidad.

Sin embargo, no hay reforma sin ciudadanía. Si el Congreso aprobó con 118 votos (todos los presentes) la remoción de todos los consejeros no fue porque tuvo un súbito interés en la justicia. Dos factores concurrieron. El temor a ser disueltos y una ciudadanía que se manifestó, harta, en todo el país, contra un sistema que desprecia. Es tiempo de que ese impulso ciudadano no se apague. Vienen horas y horas de audios. Otras luchas nos van a convocar a todos. Hagamos un alto para celebrar una buena limpieza y luego a preguntarnos, ¿quién sigue?

Columna publicada el domingo 22 de julio del 2018 en el diario La República