Rosa María Palacios

Marcelo Odebrecht declaró a los fiscales peruanos que él no inventó el esquema de corrupción que indigna al mundo y condena hoy a políticos latinoamericanos. Ellos sólo perfeccionaron un sistema que tenía décadas en marcha. La coima por obra pública dejó de ser un asunto “un proveedor – un funcionario” para convertirse en un cartel organizado frente a Estados que permitían que los precios se eleven a cambio de repartir la coima entre funcionarios y políticos. Lo que antes se hacía en pequeña escala – el Perú fue un país muy pobre y con pocas obras de gran infraestructura hasta hace quince años – se convirtió en un planificado esquema de mega coimas en mega proyectos. Nadie se quejó. Funcionarios, políticos, empresa y sociedad – sí, también hay culpa – aceptaron obras que traían progreso al costo que fuera. Todos ganaban. Desde el empresario corrupto hasta el beneficiario final.

¿Todos ganaban? Falso. El Estado derivó dinero de impuestos para pagar esta enorme cuenta. No sabemos con exactitud el tamaño del robo, pero si hoy estamos empezando a sumar lo que este esquema de sobrevaluación le costó en dinero fiscal al Perú no es por una acción local. Seguirían haciendo exactamente lo mismo empresas “honorables” y políticos “decentes” sino fuera porque el sistema judicial de Brasil funcionó. Sin ellos, nada se hubiera sabido. Si hoy Odebrecht, Barata y tantos otros hablan es porque los fiscales brasileños los supieron poner contra la pared. Y es sólo el comienzo.

La fiscalía peruana no ha empezado por los delitos de corrupción sino por la infiltración de intereses privados en las campañas electorales. Parece, después de la confesión de Barata y de las aclaraciones de sus abogados, que será sencillo probar que Odebrecht puso dinero a candidatos el 2006, 2011 y 2013. Lo difícil será probar que ese hecho constituye delito de lavado de activos. Sin embargo, más allá del castigo penal, la indignación popular debe canalizarse en acción: urge legislación sobre financiamiento de partidos políticos que va desde esquemas de financiamiento prohibido, sanciones penales y perdidas de inscripción. Nada de eso tenemos. Sin una ONPE fortalecida institucionalmente será difícil combatir este flagelo.

¿Por qué no usar las elecciones regionales y municipales del 2018 como ensayo de una nueva legislación? Todavía hay tiempo. Si no se hace, después de este escándalo, se probará que los políticos beneficiados de este esquema de donaciones no sólo mienten. Quieren seguir manteniendo el modo de vida que han tenido por décadas. Cabe recordar que solo desde el 2003 tienen la obligación de informar. Condición necesaria pero no suficiente para evitar que organizaciones criminales terminen dirigiendo la política peruana.

¿Y los casos de corrupción? Van a paso de tortuga. El caso de Alejandro Toledo esta redondo y el de Susana Villarán muy avanzado.  Estamos hablando de cohecho, colusión y – en el caso de Toledo – de lavado de activos.  La banda del MTC es, a todas luces, un caso incompleto. No están todos los que son ni son todos los que están. Es evidente que los casos que se acercan a Alan García tienen un tratamiento favorable y escandaloso por parte de una fiscalía acusada por años de ser servil al aprismo. Si se quiere sacar el mote de encima, Hamilton Castro debe actuar a otra velocidad.

La ciudadanía ve a los Humala presos – ya serán pronto 8 meses – por exactamente lo mismo que todos los demás imputados por Barata. ¿Por qué a ellos sí y a los otros no? Porque no tienen a nadie que los proteja, tan simple como eso. ¿Eso es justo? No lo es. ¿Es legal? Formalmente sí, pero es evidente que ha habido una lectura desprolija e interesada de los hechos efectuada por un juez canero como Richard Concepción, además del terror de sus jueces superiores a contradecir a una opinión pública que pedía sangre. Si el Tribunal Constitucional corrige este abuso será difícil que los demás imputados sufran una prisión preventiva. Es curioso. Los políticos que aplaudían la prisión de los Humala ahora enmudecieron.

¿Qué viene ahora? En el corto plazo es probable que el Presidente Kuczynski se vea severamente afectado. Negarlo todo, después de haber mentido en el caso del indulto de Fujimori, no lo ayuda en nada. Mejor sería seguir el ejemplo de Roque Benavides y decir la verdad.  La palabra del Presidente está severamente devaluada y si se prueba la donación, sus opositores en el Congreso tendrán un motivo más para pedir su vacancia. Su situación vuelve a un estado crítico si el partido de Acuña decide sacar ventaja – no están vinculados a Odebrecht y de está salen limpios – y le da sus votos a la vacancia para dar la una imagen de combate a la corrupción que hoy no tienen.

Columna publicada el domingo 4 de marzo del 2018 en el diario La República