Rosa María Palacios

Si una revisa la historia de nuestros últimos Presidentes de la República puede ver una efectiva aceleración en su encarcelamiento, aunque no necesariamente en su juzgamiento. Ollanta Humala ésta preso a menos de un año de dejar el mandato, batiendo un record. Entregarse voluntariamente, con su esposa y sin ser acusado por el Congreso, es otra marca internacional. Es cierto que Alan García fue el primer Presidente peruano acusado ante el Poder Judicial por el Congreso en octubre 1991, por enriquecimiento ilícito, pero nunca fue encarcelado ni menos enjuiciado ya que sus crímenes prescribieron mientras él vivía en París. Alberto Fujimori también fue acusado por el Congreso el 2001, pero no entró a cárcel hasta que se presentó en Chile el 2005. Y el prófugo Alejandro Toledo, que dejo de ser Presidente el 2006, recién el 2017 tiene orden de prisión preventiva y captura internacional.

No es un ramillete del cual enorgullecerse. Salvo la Presidencia temporal de Valentín Paniagua (que no fue escogido en votación nacional) todos los Presidentes del Perú en el periodo 1985-2016 tienen o han tenido procesos de corrupción. Si se añade a la lista Presidentes o Gobernadores Regionales, Alcaldes, Ministros, Congresistas y otros funcionarios, daría la impresión que al Estado peruano sólo se entra para enriquecerse. A veces de forma solitaria y a veces, en banda criminal.

Esta realidad ha generado dos sentimientos muy extendidos. Ambos nefastos para los ideales republicanos. El primero, es tolerar la corrupción y el delito en general, como un “mal necesario”, porque todos roban, entonces “el que roba pero hace obra” merece perdón cuando no total impunidad. Alberto Fujimori es un ejemplo, como lo fue en las últimas elecciones municipales, Luis Castañeda, de quién se advirtió claramente cuáles eran sus antecedentes. ¿Importó? No. Lo cierto es que elegimos a sabiendas. De igual modo con Alan García el 2006. Todas las pruebas de sus crímenes prescritos están en el libro de Pedro Cateriano, pero, astutamente se colocó como “el mal menor” desplazando a la “candidata de los ricos” (una mujer honesta, tantas veces castigada por el electorado) frente a la amenaza socialista que representó Humala en esas elecciones. ¿Sabíamos todos lo que había hecho García? Si. Igual ganó. ¿Y los Fujimori? El padre ésta preso por corrupción, secuestro y asesinato.  ¿Importa? ¡La hija saca 72 congresistas!

Lo segundo, es hoy la creencia extendida de que no hay excepciones a la regla. Por tanto, rendidos ante esa circunstancia, los elegimos a sabiendas de que son rateros y luego marchamos para que los metan a prisión a todos. ¿Qué pueblo loco hace eso? ¿No es mejor no elegirlos si saben los antecedentes? Cabe dejar constancia que la noche que Humala fue detenido lo que más circuló en las redes sociales, además de su nombre y el de su esposa, fue “Alan García” y “Keiko Fujimori”. Ambos finalistas de las dos últimas elecciones presidenciales. Es decir, “bien presos los Humala y ahora falta el resto”.

Los Humala se han ganado con ahínco la antipatía generalizada (me incluyó) pero, cuando eso sucede, se culpa por lo que se ha hecho y por lo que no se ha hecho. El chisme, el rumor y los cuentos sustituyen a la verdad y las pruebas resultan irrelevantes. Es natural que eso pase en la calle sedienta de sangre o en el almuerzo familiar de los domingos. Pero no puede pasar en una fiscalía o un juzgado. La gente sabe poco de leyes y acusa a los abogados de exculpar culpables. Es, exactamente, al contrario. Los que no están pagando hoy, son aquellos a los que por no seguírseles los procesos de manera estrictamente apegada a la ley han logrado su impunidad. Si el proceso a los Humala no es impecable – como lo fue el de Alberto Fujimori – saldrán bien librados. Los que celebran hoy sobre la base de sus antipatías se pueden llevar una amarga sorpresa en unos meses. Si resulta que recibir dinero en campaña, aun de una banda de sinvergüenzas, para gastarlo como se quiera, es lavado de activos para el fiscal y los jueces le terminan diciendo que eso no lo es (si leen la ley esa es la conducta de Maiman con Toledo, es decir él que esconde para otro; no la de Humala, García o Fujimori con el multidonante Odebrecht y sus socios) su desilusión será enorme porque los Humala saldrán libres de la mano de todos los candidatos. Todo por llevar mal un proceso que nació con una tipificación incorrecta y unos actos previos de tutela que son abiertamente arbitrarios y que abonaran en favor de los Humala como injustamente perseguidos.

El Presidente Kuczynski debería hacer algo más que lamentarse. Debe proponer de una vez la ley para penalizar el financiamiento de partidos políticos, ese hueco negro sobre el que los peruanos exigen con esquizofrenia, primero tolerancia y luego punición. Si no lo hace, no se librará de lo que parece ser el destino inmediato y cada vez más acelerado de los Presidentes peruanos: la cárcel, a plazo fijo o indeterminado.

Columna publicada el domingo 16 de Julio del 2017 en el diario La República