Rosa María Palacios

 

Cada vez que del país se ve sacudido por un mega proceso de develamiento de corrupción pública se despliega una estrategia de contra ataque, de inmediato, ejecutada por los mismos corruptos que intentan descalificar a todo aquel que los señale. Pasa hoy, del mismo modo en que cayó el fujimorismo el año 2000; jueces, fiscales, procuradores, políticos honestos (que los hay), periodistas y hasta religiosos, son objeto de campañas calumniosas que no son fruto del azar o de la maldad espontanea del público. Son diseñadas para salpicar a todos con la misma cochinada. El ánimo es el de “homologar” conductas que son diametralmente distintas, sumándose, sin ningún matiz, como iguales, Hoy, con redes sociales que otorgan la ventaja del anonimato viralizado, es muy fácil destruir honras en minutos, o al menos dejar una sombra sobre reputaciones que se creían integras.

El daño de los que esto hacen, o sus encargados, no es poco. Nuestra cultura, llena de contradicciones, es tolerante a la corrupción (“roba, pero hace obra”) pero al mismo tiempo desconfiada (“todos roban”). Lo primero es una inmoralidad, lo segundo una mentira. Ni todos son ladrones, ni hay ladrón respetable. Pero, más allá de las descalificaciones concretas y las molestias que esto pueda generar a cada uno, lo que queda es un clima donde la desconfianza y el desafecto a la política es cada vez más profundo. ¿Peligroso? Por supuesto. Es en ese ambiente donde las democracias caen, acusadas de blandas, y surgen los autoritarismos, la “mano dura” reclamada por la sociedad y, a la larga, el fin de las libertades.

Por eso, es urgente separar hechos de rumores. La tarea hoy del periodismo es esa. ¿Qué podemos afirmar en concreto respecto a la materia penal de los casos investigados relacionados con las empresas constructoras brasileras en el Perú?

Toledo ya es, prácticamente, un caso cerrado. La fiscalía ha podido probar que cuentas que pertenecen a su amigo Maiman recibieron sobornos tanto de Camargo Correa como de Odebrecht mientras se ejecutaba IRSA Sur. Esos pagos cierran el círculo de la investigación de Ecoteva, empresa creada en Costa Rica para ocultar la verdadera propiedad de estos fondos, usando como segunda testaferra a una anciana, suegra de Alejandro Toledo. Las propiedades incautadas a Toledo pueden pasar a remate para pagar, eventualmente, parte de la reparación civil, pero lo que es impostergable es que él y sus cómplices afronten un juicio con todas las garantías del debido proceso y se le asigne la pena que corresponda. Postergar más esta causa debilita la institucionalidad.

Lo segundo, que es un hecho que, en el MTC durante el gobierno aprista, se constituyó una banda criminal que tenía como objeto obtener sobornos de Odebrecht para sí, o para terceros, en la concesión de los dos tramos de la Línea 1 del Metro de Lima. Luyo y Navarro presos, son peces chicos pero arrepentidos y algo podrán contar. Cuba, ex vice Ministro, y Huerta están prófugos. Los hechos indican que estos cuatro trabajaron concertadamente, recibieron encargos específicos del Ministro Cornejo y fueron condecorados por él. A medida que avanza la investigación se sabrá cuan arriba se puede llegar, pero que estos son culpables, lo son. Dos confesos y dos fugados son hechos, no rumores. La cúpula aprista pretende presentarlos como ajenos al gobierno y al partido, responsabilizando de todo a Cornejo.

Mientras que, por el momento, estos son los hechos, el plan “todos somos corruptos” se encuentra en ejecución y sus principales promotores son fujimoristas y apristas. Los primeros, porque quieren homologar a sus adversarios con su Presidente preso. Los segundos, porque están convencidos de que “los pecados de los otros te hacen santo”. A estas alturas de su larga vida política, ambos grupos son como el pueblo español decía de los Borbones: “nada olvidaron y nada aprendieron”.

Columna publicada el domingo 29 de enero del 2017 en el diario La República