Rosa María Palacios

Hoy hice algo que nunca había hecho en mi vida. Defendí, frente a una Sala Penal, a un muchacho de 19 años que, estoy segura, es un inocente injustamente encarcelado en Lurigancho que va ya por 17 meses adentro. Mi propósito era pedir un aplazamiento de la audiencia para que sus nuevos abogados – eficaces y gratuitos – pudieran leer el expediente y organizar su defensa. Gracias al sentido de equidad de los jueces, lo logré.

Sin embargo, la experiencia me permitió ingresar por unas horas a un mundo que conocemos por la televisión pero que es lejano y ajeno. Nuestra ansiedad social por luchar contra el flagelo del robo, el asalto, la extorsión, el secuestro o el homicidio nos ha llevado a poner una presión brutal sobre la policía y la fiscalía al punto de forzar el encarcelamiento de jóvenes con expedientes, con gran franqueza, bien endebles.

Los jueces, a quienes de veraz compadezco, tienen que decidir sobre la vida futura de jovencitos que llevan uno o dos años en cárcel en casos en donde ni siquiera se presentan o existen agraviados, ni mucho menos policía que tenga el tiempo de ir a testificar. ¡Qué difícil debe ser juez! Y no les digo fiscal. Eso es peor porque tienen que sustentar la acusación con un relato incompleto, luego de años de ocurridos los hechos.

La Sala a la que asistí se ubica dentro del Penal de Lurigancho. La verdad, es una gran idea organizar el juzgamiento en las cárceles. Ahorra mucho tiempo y elimina peligrosos traslados. Pero ahí, sentados detrás de la reja se agrupaba un coro de misa. O eso parecían. Tal vez un equipo de fulbito de sábado. O mis alumnos. No conozco cada uno de los dramas de estos muchachitos,  pero se ven tan marcados por la cárcel y a la vez tan jóvenes que tienes de ser de piedra para no conmoverte. Esas miradas de confusión (¿entenderán las complejidades del proceso penal?) y de desesperanza (¿como sobreviven en el ambiente hostil de un penal hacinado) me impactaron aunque supongo que otros, que habitan ese mundo en el día a día, ya ni las ven.

Escuche a un muchacho analfabeto, sin siquiera DNI, contar que no tenía domicilio. Era pescador en Chorillos y dormía en la playa. Lo acusaban de narcotráfico. Pedía 8 años el Ministerio Público. Confesó consumir pasta dos veces por semana (en la cárcel, obvio). Estuvo viendo, desde la calle, un allanamiento en una casa donde micro comercializaban droga y se lo llevaron preso. No era su casa y nunca vivió ahí. La Fiscalía no ofreció pruebas de los contrario. Esta en Lurigancho desde el 2015 como primario. Parecía tener algún retardo mental o tal vez, eran los estragos de la adicción. La verdad creo que era inimputable. Lo miraba y pensaba en el dinero del Estado que costaba este disparate. Este sujeto no tenía porque tener prisión preventiva. Era evidente que la cárcel solo había agravado su adicción. El muchacho necesitaba rehabilitación y educación primaria, no una condena con hechos tan poco sustentados. No se cual sera el futuro de este solitario indigente adicto, pero no creo que Lurigancho deba ser su destino.

Si no mandaran a prisión a todos los procesados, casi como regla, las cárceles serían otras y los costos para todos, más bajos. Eso es culpa de jueces y fiscales que – por las dudas – meten a todos a la reja. Eso como si tuvieras que «pasar unos meses por aquí» para que después salgas libre porque te absuelven. Según me dijo Luis Pérez Guadalupe el 10% de presos salen en libertad antes de un año. Es decir, nunca debieron ingresar. Es una cifra enorme si se considera que el sistema tiene casi 70,000 internos.

La prisión preventiva solo puede usarse para los procesados que son un peligro para la sociedad: reincidentes, confesos, bandas criminales pero no para un joven de 18 años que haciendo mototaxi le hizo una carrera – sin saberlo – a dos asaltantes que huyeron  cuando la policía los intervino. La policía necesitaba un «triunfo» y se lo llevaron a él acusándolo de ser parte de una banda. Le imputan el robo de un celular. ¿Saben cuanto pide la fiscalía? 29 años de prisión.

El padre Hubert Lanssiers decía que «hundir a una persona en una cloaca con la esperanza de limpiarla constituye un procedimiento interesante pero poco eficaz. Sin embargo, eso es más o menos lo que se hace». El sacerdote que intentó humanizar los penales murió el 2006 y poco ha cambiado.

Les dejó esta otra frase suya: «¿Cuántos metros cúbicos tendrá la celda de un inocente? ¿Una docena? Es asombroso como un espacio tan reducido pueda contener tanta pena».