Rosa María Palacios

Los hechos son simples. El Presidente de la República nombra a un Consejero Presidencial en asuntos de salud pública a días de llegar a Palacio. Se trata del  doctor Carlos Moreno, quién ha sido su gastroenterólogo personal y a quien conoce como su  médico. Moreno aparentó ante el futuro Presidente conocer mucho el sector público y tener ideas interesantes. Causando buena impresión, me cuentan, insistió en tener un nombramiento.  Descartado para Ministro, le dieron un cargo de Consejero.

Moreno, en teoría, acudiría a dar consejo al Presidente, ad honorem, cuando él lo llamará. En la práctica consiguió que le den oficina en Palacio de Gobierno y desde ahí organizó, según sus propias palabras un «negociazo», una «mina de oro» donde «ahora vas a ganar plata papá». Sus interlocutores lo grabaron y lo denunciaron, tal vez, espantados de los negocios de Moreno y asustados por estar inmersos en algún acto delictivo. Así, enviaron copia del audio a Fernando Zavala, al Arzobispo de Lima y a la periodista Graciela Villasis de Cuarto Poder. Moreno fue confrontado con su voz por el Ministro. Renunció. Se aceptó su renuncia, pero los audios revelaban la tentativa de actos delictivos. El Ministro pidió informe a asesoría jurídica de PCM. El viernes pasado, seis días después de la confrontación anunció que Moreno sería denunciado a la fiscalía por indicios de comisión de siete delitos. Moreno reclama haber sido editado.

¿Que lecciones en la lucha anticorrupción se pueden sacar de esta historia fatal para el gobierno de Kuczynski y el Arzopispado de Lima? Aquí van algunas elementales.

1. Chequear antecedentes. Parece increíble pero el doctor Carlos Moreno llegó a un puesto de enorme influencia sin que nadie se tomará la molestia de revisar su trayectoria. Una revisión tan simple como poner su nombre en google le hubiera dado alguna información de interés al gobierno. Y también a la prensa, que no notó nada (culpables, todos y yo también) Así, se habrían enterado que ya tenía una condena por delito doloso contra la administración pública. Si bien cumplió el tiempo de su pena (prisión suspendida) y de acuerdo a nuestro Código Penal los antecedentes desaparecen, no es posible que se admita el nombramiento de personas que cometieron delitos contra el Estado sin que esto sea al menos conocido y debatido públicamente. Aún no hay ley de «muerte civil», es decir la separación de por vida de servicio público de aquellos que delinquen contra el Estado. La propuesta fue de PPK en campaña. Sin embargo, se puede y se debe investigar las trayectorias. Se puede proponer al menos, un Registro de Condenados por delitos contra la administración pública que no oculte, con el tiempo esta información sustancial. De otro lado, la trayectoria política del doctor Moreno también era de cuidado. Ha trabajado como asesor del Ministerio de Salud en varios gobiernos, incluyendo el de Fujimori, pero lo más sorprendente es que fue presentado como parte del equipo de profesionales del Apra en la última campaña  electoral. En efecto, las imágenes son claras. ¡Este mismo verano era asesor de Alan García! Eso revela que el doctor quería llegar al poder como fuera. Y se le abrió una puerta impensada. Su querido paciente resultó elegido Presidente del Perú. Bingo. En esto el gobierno falló, pero tiene una oportunidad de hacer un gran cambio para que no vuelva a pasar.
2. Manejar una crisis: decir toda la verdad, con rigor y lo mas rápido posible. Ese es el consejo básico de manejo de crisis. Primero, identificarla. Segundo, actuar con serenidad pero con rapidez para acumular toda la información posible. Tercero, salir con el vocero autorizado antes que los medios. ¿Hizo eso el gobierno? A medias. El Ministro Zavala confrontó a Moreno con los audios y este renunció – según el médico, «indignado» por que se graba en Palacio- aceptándosele la renuncia y «agradeciendo por los servicios prestados» en Resolución Suprema, firmada por Zavala y el Presidente.  Mal. Error. Se le cesa. Se que es un formulismo pero estos símbolos existen para algún propósito. La resolución transmite una idea inicial de la molestia del gobierno. Eso, no se hizo. Pero lo que es peor, mientras asesoría jurídica de PCM elaboraba su informe, el Presidente, consultado por la prensa por esta renuncia señaló que se fue porque tenía «mucho trabajo». Mal. Otro error. ¿Por que no se informaron los hechos correctamente al Presidente? ¿Los conocía y no quiso hablar del asunto? Lamentablemente no salir con la verdad por delante y rápido genera la sensación de encubrimiento. Cierto es que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y que no se puede acusar sin pruebas, pero ¿tenía que demorar el informe seis días? ¿No pudieron resolver que debía denunciarse a fiscalía en 24 horas y mientras tanto retener la aceptación de la renuncia para darle la forma correcta? ¿Lo que apuro al Ministro Zavala fue enterarse que los mismos audios ya estaban en poder de Cuarto Poder y luego de otros medios? Esa duda la ha creado el no responder rápido. Creo que después de la salida del Ministro Zavala a dar explicaciones el viernes pasado, el manejo de la crisis ha sido excelente. El problema es que la falta de reflejos iniciales ya dejo la duda y ese error, en política, se paga.
3. ¿Por qué el SIS se presta para un «negociazo»? Esta es la madre del cordero. El Seguro Integral de Salud es un fondo administrado casi sin supervisión. En el origen, la idea tiene lógica. Se trata de subsidiar la demanda. Es decir de subsidiar al paciente, no al establecimiento de salud.  Así, cada prestación de salud tiene una tarifario que se aplica por el número de pacientes atendidos y eso constituye la transferencia que recibe el establecimiento. A más atenciones, más subsidio. Eso ha hecho que los incentivos por atraer pacientes crezcan . ¿Tiene sentido? Hay que considerar que hay millones de peruanos que no tienen acceso a la salud pública porque aun siendo gratuita tiene pequeños cobros, es lejana geográficamente o no se confía en ella por razones culturales. ¿Cómo hacemos que se acerquen? Ofreciendo un «seguro». En realidad no es ningún seguro porque las «primas» las paga el Estado. Es decir el servicio sigue siendo íntegramente subsidiado, pero quien esta inscrito en el SIS califica como pobre y por tanto no paga nada. Hasta ahí todo bien, salvo la sobrecarga de trabajo para el personal de salud. Sin embargo, el sistema de salud no tiene infraestructura propia suficiente para atender la nueva demanda. ¿Qué se les ocurrió?  Hacer convenios con establecimientos de salud privados que tengan mucha oferta y poca demanda. Ahí es donde entra el «negociazo» del doctor Moreno que quiso juntar las piezas de un rompecabezas donde se hacía rico sin poner un centavo. ¿Cómo? Conseguía infraestructura ociosa de la Iglesia Católica, colocaba médicos del hospital Loayza con el mismo tarifario del SIS pero que va directamente a sus bolsillos y ganaba en los servicios conexos que ofrecía en infraestructura ajena a muy bajo precio. ¿Qué ganaba la Iglesia? Nada, salvo poner en funcionamiento infraestructura y servir a los pacientes. ¿Qué ganaba la salud como servicio público? Nada. ¿Qué ganaba Moreno y sus compinches? El lo dijo: «una mina de oro».
4.  Los cargos sin marco legal abren la puerta a la corrupción. El cargo de Consejero Presidencial fue creado por Alejandro Toledo copiando el sistema de los Estados Unidos. Sin embargo, nunca se dio un marco regulatorio a este cargo. Este es un problema grave en la administración publica. Primero, porque en derecho público el funcionario solo puede hacer lo que la ley le manda. Nada más.  Es el principio inverso a la del ciudadano común. Cualquier cosa que haga fuera de su mandato específico es ilegal y puede ser hasta delictivo. Segundo, porque el terror en reforma del Estado son los funcionarios con objetivos «autoreferentes»,  es decir, como «nadie sabe que me toca hacer, me inventó mi mandato». La discrecionalidad entonces es infinita y eso es un peligro. El caso Moreno es una prueba de ello. Uso Palacio de Gobierno para impresionar a sus interlocutores, se jactó de contactos reales o simulados y hasta sorprendió a un Obispo. ¿Cómo pudo hacer eso? Porque su cargo no tiene límites. No hay un reglamento de Consejeros Presidenciales.
5.  ¿Qué queda después del escándalo?  Se abre la oportunidad para que varias reformas puedan ser impulsadas: a) Un sistema de verificación de trayectorias antes de un nombramiento. Basta con  formar un grupo de trabajo en PCM al que se le den 24 horas para investigar antecedentes en colaboración con otras instituciones del Estado, desde la UIF hasta el Ministerio Público y la Policía Nacional. b) Debatir la Ley de Muerte Civil para funcionarios condenados por delitos dolosos contra la administración pública. c) Crear un marco regulatorio para los Consejeros. d) Reformar el SIS. Ayer el ex  Ministro Oscar Ugarte señaló en entrevista a Ideeleradio que ya se había detectado problemas en el proceso de transferencia y en el mismo servicio que dirige el doctor Moreno en el Hospital Loayza, obteniendo subsidios con sobreprecio por parte del SIS. Ugarte asegura que esto fue informado. Si nadie hizo nada, hora de hacerlo.
6. ¿Todo el peso de la ley para Moreno? El problema es que la ley pesa poco. En el caso Petroaudios se declaró que la prueba ilícitamente obtenida no es prueba. Así todos los de los faenones salieron libres y mas limpios que pasados por lejía. Si ese precedente se aplica a este caso y a todos los que vengan con este material,  no hay forma de luchar contra la corrupción. El doctor Moreno puede respirar tranquilo. Por ahora. Pero esto tiene que cambiar. Si cambio para los vladivideos puede volver a cambiar.