Rosa María Palacios

Es difícil que una sentencia satisfaga a todas las partes. Lo máximo que podrá es satisfacer al vencedor y lo más probable es que deje de satisfacer, en  el integro de su pretensión, a todas las partes. Eso es natural en toda controversia.  Por ello,  el servicio de justicia nunca tendrá una apreciación positiva unánime. Sin embargo, ciertos aspectos de ella pueden ser universalmente valorados por todos como positivos. Celeridad y predictibilidad, por ejemplo. En un sistema judicial en donde me pueden o no dar la razón, pero lo harán en un plazo razonable y la sentencia será coherente con cientos de sentencias realizadas en el mismo sistema ¿puedo quejarme menos? Sospecho que si.

Lamentablemente, ni esos valores mínimos tiene el Poder Judicial peruano. Ni hay celeridad. ni hay predictibilidad. Lo que vemos en la justicia penal es a miles de reos sin sentencia (casi el 70% de los encarcelados) esperando por años y a un 30% con sentencia que termina siendo liberado ya no por un indulto o una conmutación de pena (como en tiempos de García)  sino por sentencias que en apelación son de un benignidad digna de las Hermanitas de la Caridad y no de un sistema de justicia punitivo. Digamos que para quien «la mueve» (aunque hay excepciones)  no hay prisión preventiva, cuando lo sentencian entra a la cárcel, pero no será por mucho tiempo. En apelación, sale.

Veamos los fallos del momento. Miguel Facundo Chinguel, condenado a 13 años. Pues resulta que no es culpable de asociación ilícita para delinquir, y por tanto se le reduce la condena. Es decir, según los jueces, él solito nomás conmutaba penas e indultaba indebidamente. Nadie fue su cómplice. Sus abogados han vuelto ha apelar para ver si lo logran exonerar del todo. ¿Por qué  no? Lo mas probable es que salga libre pronto y que en un futuro gobierno del Apra ocupe algún puesto de importancia dado que el ex Presidente García lo calificó de «hombre probo». ¿Recuerdan?  Y no, no creo que los 73 congresistas fujimoristas aprueben la ley de muerte civil para sentenciados por delitos contra la administración pública. Bien difícil, ¿no? Nada menos que la actual Presidenta de la Comisión de Presupuesto fue sentenciada por enriquecimiento ilícito y el Presidente de la Comisión de Educación tiene una denuncia por plagio. Así, que nada de «muerte civil» o «imprescriptibilidad de delitos de corrupción». No, por lo menos en cinco años, olvídense.

¿A alguien sorprende el fallo de la Corte Suprema sobre diarios chichas? A nadie. Y ahí si habría que felicitar al vocal Villa Stein por su predictibilidad. Su simpatía por el fujimorismo y la calidad de insultos que depara a los que luchan contra la corrupción – pueden ver su cuenta de twitter, yo tuve que bloquearlo, luego de recibir varios desatinos, porque no quiero contribuir a la falta de decoro de un magistrado. ¿Existe esa norma que les pedía decoro a los jueces  en la Ley Orgánica del Poder Judicial? Leyendo a Villa Stein  supongo que la han derogado, en fin –  no podían sino tener el resultado de la exoneración de Alberto Fujimori, el hombre que según estos jueces, no sabía nada de nada, sobre el aparato que se montó para reelegirlo utilizando, entre otros medios, a la prensa chicha que colgaba a la vista de todo el país. Lo curioso es que los compinches del caso ya purgaron sus penas, pero el beneficiario del delito ¡sale limpio!

Es verdad que la sentencia Villa Stein es una victoria pírrica  para Fujimori dado que ya ha cumplido 10 años de los 25 años de condena impuesta por los Casos La Cantuta, Barrios Altos y el secuestro agravado de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Le faltan 15 años. Las condenas por corrupción – en las que se allanó – fueron de 7 años y ya están cumplidas. Es decir, este fallo no lo saca de la Diroes, pero queda la marca ¿no? ¿Cuál marca? La de la impunidad que era la que había estado ausente en todo el proceso anticorrupción post fujimorismo.

Las sentencias sobre «lesiones leves» aplicadas con escándalo a tremendos salvajes (disculpen pero no se como llamar a un hombre que secuestra y desfigura a su pareja u a otro que desnudo, arrastra por el piso a una mujer, ante cámaras) movilizaron a miles de mujeres, yo entre ellas, a las calles a gritar por justicia. Yo estuve cuando la multitud le gritaba a los vocales supremos «Poder Judicial, vergüenza nacional». ¿No escuchan? ¿No entienden que están,con estos fallos, en su peor hora? ¿No se dan cuenta que para la mayoría de peruanos la sanción es para el pobre y la impunidad para el que tiene poder, sea un hombre, un ex funcionario o un ex Presidente?

Para terminar, la vía constitucional, no va mejor. ¿Qué clase de acción de amparo es una que va a cumplir 3 años sin moverse de primera instancia? Leyó bien. La acción diseñada para administrar justicia con celeridad por tratarse de derechos fundamentales, esa misma. En noviembre serán 3 largos años esperando una sentencia sobre acaparamiento de prensa escrita por parte de los accionistas del grupo El Comercio en violación del artículo 61 de la Constitución. 7 periodistas contra una corporación. ¿Cuál es la respuesta? No resolver, para que no podamos apelar y no podamos llegar nunca a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde toda la jurisprudencia es favorable a nuestra causa. ¿Esa es la justicia constitucional del Perú? Si. Esa es.

Entonces pues, señores jueces, no se quejen por los gritos de un pueblo. Si no van a cumplir con lo mínimo que se espera de un sistema judicial, seguirán siendo la vergüenza nacional.