Rosa María Palacios

Un blog de política independiente

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13 abril, 2015

El costo de la desconfianza

¿Confía usted en el Estado? Si hiciéramos una gran encuesta nacional con esa sola pregunta podría anticipar que los resultados serían desastrosos. El Estado es hoy, para la mayoría de los peruanos, una amenaza. La corrupción, la lentitud en cada trámite, la mala calidad de servicios, la ausencia de ley y orden que se traduce en criminalidad organizada e institucionalizada hace que tengamos una pésima percepción o relación de confianza con el Estado. Peor aún, si cuando después de una larga ausencia aparece sólo para mostrar su lado autoritario e imponer a sangre y fuego un orden inexistente.

No es que no reclamemos al Estado. Lo hacemos cuando pagamos altos impuestos y no recibimos nada o muy poco a cambio. 30% de las utilidades de una empresa y hasta 30% de los ingresos de una persona natural  en la escala mas alta del Impuesto a la Renta. Súmele 18% de IGV de casi todo lo que consume. Luego súmele el impuesto automotriz, el impuesto predial y las tasas que paga por arbitrios, peajes y tramites durante un año. Para no hablar del Impuesto Selectivo al Consumo que se paga en esa chelita helada que usted se toma el sábado como premio a su esfuerzo cotidiano. La cuenta total es alta para una persona que cumple con sus obligaciones tributarias. Ante eso, la informalidad es una tentación más que apetecible y ahí se han refugiado millones de peruanos a los que la Sunat hace años busca pero no encuentra. Están en el contrabando, en la minería ilegal, la pesca negra, o las mafias de construcción civil. Pero también están en la manera de relacionarse entre comerciantes emergentes.

El Estado es pues en un ente que te despoja de tu patrimonio pero no llega con servicios. Es un gusto pagar impuestos cuando el colegio público es de gran calidad y tus hijos pueden asistir a éste. O puedes tratarte en la medicina pública con rapidez, seguridad y eficacia. O transportarte en un gran sistema público de transporte masivo. O recibir agua potable y electricidad  las 24 horas del día. O, finalmente, vivir en un ambiente limpio, libre de contaminación, libre de factores que pueden dañar tu salud y la de tu familia.

¿Confía usted en la empresa privada? La respuesta puede ser menos desastrosa que en el caso de la confianza con el Estado, pero la replica es natural e inmediata: ¿Cuál empresa?. ¿La empresa X que cumple con sus trabajadores, que es formal, paga al Estado impuestos que luego revierten a la comunidad, que no contamina y que presta algunos servicios sociales; o la empresa Z que tiene una historia de hacer exactamente lo contrario por décadas? Las respuestas pues serán muy diferentes dependiendo de quien estemos hablando por más sesgo anti privado y pro estatista pueda tener una persona.

También pueden hacerse diferencias en el Estado, es verdad. Una cosa es la confianza en el Congreso (siempre muy baja) o el de la gran empresa pública (de las que quedan) a las que se aprecia mejor.

Toda esta desconfianza tiene a su vez un costo social enorme.  Si uno no confía en el otro, las relaciones comerciales interpersonales son casi imposibles. A ese nivel no estamos mal. El comercio interno, desregulado y tremendamente dinámico es el motor del desarrollo de grandes ciudades de la costa y sierra del Perú. Pero la desconfianza del ciudadano hacia grandes proyectos de desarrollo, sobretodo si son privados, es real y auténticamente basada en una historia de maltrato.

Y aquí entra la explicación de la paralización de proyectos mineros y energéticos en todo el Perú. El miedo es real. Se basa, en Tía María por ejemplo, en paro ya por 21 días, en la historia empresarial de Southern y el recuerdo popular de las chimeneas negras y los suelos contaminados. Eso ya no existe porque se remedió. Pero el recuerdo no se borra de un día para otro. Eran otros tiempos, es verdad. Durante el gobierno militar se presionaba para lograr records de producción, sin importar cómo y las empresas públicas y las poquísimas privadas así lo hacían. El Estado fue, a través de sus empresas públicas, el mas grande contaminador en los setenta. Las primeras normas ambientales son de los noventas. Ese mundo enemigo del ambiente termino hace décadas. Pero siempre queda la duda.  ¿Por qué confiar en la palabra de quien hizo daño antes? Las marchas y contramarchas de la propia empresa al explicar que su actual proyecto no tomará agua del río Tambo, bajo ninguna consideración, tampoco tienen la contundencia que debería.

¿Y quién es el que avala que, en el caso de Tía María, su proyecto cumpla estándares ambientales? El Estado. ¿Ese Estado del que desconfió? ¿Ese Estado que tiene un colegio que se cae al que deben ir mis hijos? ¿Ese Estado que no me conecta con una vía de buena calidad para sacar mis productos? ¿Ese Estado que no atiende a mi familia en sus pésimos servicios de salud? ¿Ese Estado que no me puede poner ni agua 24 horas al día? ¿Qué me va a garantizar?  – «Mejor me defiendo sólo que mal acompañado»- es el pensamiento inevitable.

Entonces, y con razón, se crean frentes, comités, o cualquier otra forma de organización a los que en la vorágine de los miedos se suman alcaldes distritales y hasta provinciales (que, paradójicamente, son el mismo Estado del que se desconfía) y, por supuesto, encuentra terreno fértil la radicalización de la protesta, donde los derechos a la libertad de tránsito, libertad de información o derecho a la tranquilidad pública son sistemáticamente violados por los manifestantes.

¿Qué hace el Estado? Por lo general manda a la policía. Y así, la población que nunca ha visto aparecer por esos lares al Estado, recibe su peor cara, la de la represión. Luego manda a algún funcionario de menor rango y, finalmente, manda a uno o mas Ministros a quienes nadie les cree. A veces se llegan a acuerdos, a veces, no.

Tía María no es moco de pavo para el Estado Peruano. No son sólo los 1400 millones de dólares de inversión privada. Son, se calcula, los mas de 600 millones de dólares en exportaciones anuales de cobre cuando el proyecto entre en explotación. El proyecto es tan rentable que aún a los actuales precios del cobre es sostenible. El canon anual calculado para Arequipa puede estar alrededor de 300 millones de soles, que, si fueran bien administrados servirían para prestar esos servicios públicos hoy de mala calidad que el pueblo reclama y romper el círculo vicioso de la desconfianza.

El proyecto es inconveniente, políticamente, para quienes han soliviantado a una población aterrada de perder su medio de vida, la agricultura. Miedos, mentiras y credibilidad del líder anti minero son la fórmula mágica. Pero a pesar del infaltable  oportunismo político la continuación del proyecto es una magnífica noticia para Arequipa y para el Perú. Por ello, mandar a un alto funcionario a decir que no se haría por el «terrorismo anti minero» es un truco efectista pero regresa como un boomerang. El problema de Southern, de otras empresas en el Perú, y del Estado es que el entorno no le cree, ni aprecia. Entiendan de una vez: su primera tarea es recuperar credibilidad.  Una estrategia de comunicación basada en una mentira no es aconsejable en ningún caso. Se suma a la ola de rumores y no a la lista de verdades. Tampoco usar adjetivos o trazar caricaturas del adversario.  No contribuyen a nada.

Que te crean, no es fácil. Cuesta años de buenas prácticas. La desconfianza, bien lo sabemos los periodistas, es como el cristal quebrado. Muy difícil de reparar.

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