Rosa María Palacios

Es una buena noticia poder probar aquello en que se cree. Esta semana, la fiscal Marita Barreto y su equipo de fiscales y policías le han hecho un regalo inmenso al país: pasar de la creencia a la evidencia. La conducta del Congreso de la República ha quedado probada: venden sus votos. No estamos hablando de negociaciones políticas que obedecen a un ideario, plataforma o ideología, muchos menos al bien común. El caso de la Fiscalía de la Nación y sus protervos fines demuestra que un congresista puede intercambiar su voto por impunidad. Si puede hacer eso, ¿por qué no canjear su voto favoreciendo negocios ilícitos? Lo hemos visto desde la destrucción de la calidad educativa hasta el favorecimiento de la prescripción en casos de corrupción. Estas no son casualidades, son consecuencias.

La persecución de Zoraida Avalos y de la JNJ nunca tuvo fundamento jurídico. Su destrucción era de interés de la fiscal Patricia Benavides. Su operador, Jaime Villanueva, es bastante detallado en su estrategia. Sus chats y audios, recopilados pacientemente duramente 6 meses, son el equivalente a los videos de Montesinos. Todo el congreso desfila por ellos. ¿Por qué Benavides necesitaba regalar archivamientos de delitos a los congresistas? Porque sabía que había mentido para llegar a ser fiscal suprema. Su doctorado y maestría en “Alas Peruanas”, que le dio un puntaje perfecto, no eran más que una farsa. Eso, y la protección a la hermana, la llevó al hoyo. Sus actos desesperados de remociones de madrugada solo la incriminan más. Sus días, felizmente, parecen contados y no debe pasar del miércoles en el puesto. Su salida abre un espacio de profunda reforma del Ministerio Público y obliga a superar el vicio del credencialismo que se instaura en todo concurso de méritos.

Villanueva usa un lenguaje de descalificación adoptado ampliamente por un sector del Congreso hoy vinculado a ese espacio de corrupción donde todo se vende. “Lagarta”, “caviar” pasan a ser términos del hampa, cuando no hay ningún fundamento para sancionar. La potestad disciplinaria del congreso se vende al mejor postor. Esta semántica de la corrupción tiene además un brazo armado. Tampoco es casualidad que un contingente de “La Pestilencia” se movilice en favor de Benavides, aun después de conocidos estos hechos. Brazo armado con vasos comunicantes con los partidos con presencia en el congreso. Esta operación de ataque físico ha ido en más de una oportunidad a intimidar a Zoraida Avalos y sus miembros deberán ser comprendidos en la investigación de esta organización criminal.

Sin embargo, hay dos asuntos que quedan por resolver. El primero, ¿hasta dónde llega la corrupción en el Congreso y que otros poderes del Estado están en esta compraventa de negocios e impunidades? La Defensoría del Pueblo era parte del apetito de la Fiscal y el Tribunal Constitucional, también. Esta semana, sin ser una coincidencia, hemos visto a tres magistrados del TC prevaricando en público, adelantando opinión en rebeldía a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y mintiendo, con crueldad para un sentenciado de 85 años, sobre una falsa excarcelación. ¿Por qué se atreven a tanto? Porque siendo pasibles de una acción por infracción a la Constitución, han entregado sus votos a las fuerzas políticas a cambio de su permanencia en el cargo. Están los casos de Sunedu, la elección del Defensor del Pueblo, la destrucción de la cuestión de confianza o el “regalo” de iniciativa de gasto para el congreso, solo por citar algunos de sus cuestionados fallos.

El segundo problema, es más grave y es una muy mala noticia. Nuestro sistema constitucional descansa en el contrapeso que el Congreso hace a varios poderes. Pero ¿si ese contrapeso está viciado por la corrupción y no se ejerce o se ejerce contra los enemigos de esa corrupción? Ese es el problema mas grande que enfrentamos. La Constitución no nos da una salida a la corrupción masiva parlamentaria. “Que se vayan todos” requiere de la voluntad de ellos mismos, ¿Cómo van a aceptar su papel corrupto? No estamos hablando de todos, pero a estas alturas entre vendedores de votos, mochasueldos, golpistas y demás delitos imputados, podría llegarse a 100 de los 130 congresistas.

El Ejecutivo, no es ajeno a esta corrupción porque sobrevive gracias a ella. Tampoco es casualidad que acepte un aumento de 23% del presupuesto del Congreso para el 2024. La bronca entre presidenta y Fiscal de la Nación recién empezó esta semana en modo “manicomio caníbal”. Pero Boluarte pierde todo sin este congreso y este Congreso pierde todo sin Boluarte. Todavía, estamos lejos de salir de tanta corrupción.

Columna publicada el día domingo 3 de diciembre del año 2023 en el diario La República