Rosa María Palacios

Delia Flores es una mujer pobre. Como millones de mujeres pobres, parió a su hijo en su casa, sin otra ayuda que la de sus propias fuerzas y la de sus familiares. Ese hecho la convirtió en una criminal. Al querer inscribir a su hijo de tres meses, se le acusó de secuestro, se le ordenó 9 meses de cárcel preventiva y se le separó del niño, negándole la lactancia que recibía de su madre. ¿Indicios para la fiscal? El hecho de no tener un certificado de nacimiento expedido por un profesional, la edad del bebé y un ligero parecido a una imagen borrosa de la supuesta raptora. Nunca interrogaron a la familia ni a los vecinos. Cuando la prueba de ADN dio como cierta la maternidad de la señora Flores, 6 días después, la excarcelaron. Tuvieron que pasar casi 48 horas para que le entreguen a su hijo.

El abuso a los derechos fundamentales del bebé y su madre ameritan la destitución de todas las autoridades comprendidas. Más aún si Delia Flores, una mujer humilde y a simple vista aterrorizada por la pesadilla que vivía, declaró, al salir de la cárcel, que fue forzada a auto incriminarse por presión de la policía. Un horror.

Pero hay un hecho, a largo plazo, más grave.

Hasta hace pocos años el «parto institucionalizado», es decir el que contaba con auxilio profesional, no llegaba ni al 50% del país, siendo una de las causas de la mortalidad materna peruana. Y con ayuda profesional no me refiero a atención hospitalaria. Me refiero a la presencia de un ginecólogo o un obstetra. En el Perú, la obstetriz – carrera mayoritariamente femenina – ha sido la heroína en la asistencia rural y urbano marginal. Pero ni ellas tienen capacidad de atender todos los partos. El Estado, como siempre, no llega. Las cifras han mejorado pero aún no hay, ni habrá, una cobertura de 100% de partos con atención profesional.

Por ello, aún en el 2016, miles de mujeres no tendrán ningún certificado que acredite profesionalmente el nacimiento de sus hijos. Ese documento es presentado al momento de inscribir en el registro civil al bebé. Sin embargo, para evitar que miles de niños (los más pobres) carezcan de identidad, la ley ha admitido siempre la declaración de los padres como válida. La Reniec ha desplegado y despliega grandes esfuerzos para que cada niño que nazca no sólo quede inscrito, sino que además se lo dote de un Documento Nacional de Identificación. Además de la partida de nacimiento, el DNI le permite al recién nacido no sólo el pleno ejercicio del derecho a la identidad sino también el acceso a servicios del Estado en salud, nutrición y educación.

¿Qué mensaje se envía a las miles de madres pobres en esta situación? ¡Que no inscriban a sus hijos! Sino tienen «papeles» se los van a quitar, ellas van a ir presas y saldrán en la televisión, prensa y radio nacional como «secuestradoras». Porque aquí, lamentablemente la prensa es fiscal, juez y verdugo en las primeras 24 horas. ¿Exageró? Ni un poquito. Cualquiera que haya trabajado con poblaciones vulnerables sabe que desconfían del Estado y que ganarse su confianza tarda. Ha costado años y millones de soles a la Reniec lograr vencer esos miedos. ¿Ahora? Por una barbaridad policial y fiscal el retroceso puede ser inmenso. Miles de bebés pueden quedarse sin ser inscritos sino se arma una campaña de comunicación que despeje todo temor. Y eso, va a tardar meses, o tal vez, años.

Mientras tanto otra madre espera. Han jugado con sus expectativas haciéndole creer que habían recuperado a su hijo. El bebé secuestrado aún no aparece.