Rosa María Palacios

El jueves 5 de julio la Comisión Permanente del Congreso aprobó dos proyectos de ley que marcan un nuevo hito en la promoción del crimen desde el poder. No es que el parlamento no pueda exhibir exitosos esfuerzos anteriores en la materia, como la de la promoción de tenencia de dinamita o el recorte de la posibilidad de usar la herramienta de colaboración eficaz para atrapar pillos. El Poder Legislativo ya ha hecho mérito suficiente para que quede claro sus servicios a la delincuencia, sólo que esta vez han alcanzado un abismo que el país no conocía.

Ha importado poco a los partidos que tienen representación parlamentaria el ruego desesperado hasta de sus propias bases de apoyo social. Cuando la GCTP y la Confiep piden lo mismo, ¿no es digno de ser atentado por un político que aspira a prevalecer? Un conjunto de gremios pidió que no se apruebe el proyecto de ley que reduce la aplicación de la conducta penal “crimen organizado” (con una máxima de 35 años) solamente a delitos que generan valor (narcotráfico), excluyendo todos los delitos con penas menores a 6 años y todos los delitos predatorios como sicariato, extorsión, asesinato, tortura y muchos más.

¿Quién se beneficia? Desde los “waykis en la sombra” y “los dinámicos del centro” hasta las organizaciones políticas (que ya tienen una ley con nombre propio para eximirse de responsabilidad penal) que están procesadas por donaciones ilícitas de campaña. Al compás del lema “muerto el perro, muerta la rabia” el Congreso cree que, matando el Código Penal, desaparece el crimen. Lo imperdonable es que esta norma favorece también a todas las organizaciones criminales que asolan hoy nuestro país con sus crímenes de robo, extorsión y sicariato, desde el Tren de Aragua hasta los Injertos de donde usted quiera.

Ese mismo día, 15 parlamentarios de la Comisión Permanente aprobaron otro proyecto de ley para proteger asesinos, violadores y torturadores. Han declarado prescritos todos los crímenes anteriores al 2003. No importa cuál. El Perú se adhirió ese año al tratado de Naciones Unidas que declara la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, sin importar la fecha en que se cometieran. Los promotores de la impunidad alegan que el Estado se adhirió con una reserva: que se aplique del 2003 en adelante. La respuesta jurídica la dio el TC, la CIDH y la Convención de Viena de los Tratados: No se puede hacer una reserva del objeto del tratado, como es obvio. El tratado no tiene otro objeto que establecer que las graves violaciones de derechos humanos, sin importar cuando se cometieron, siempre podrán ser juzgadas mientras vivan los victimarios. Siempre y para siempre.

El proyecto Rospigliosi/Cueto pretende beneficiar a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Alejandro Aguinaga (procesado por el caso esterilizaciones forzadas, no tuvo ningún reparo en votar a favor), al Grupo Colina, a Daniel Urresti y tal vez, a lo más, a un ciento de policías y militares (la mayoría prófugos o no habidos que el Estado no busca) que, en algunos momentos y lugares, violaron los derechos más elementales. Masacres, torturas, violaciones en masa, crematorios para desaparecer cadáveres. Cientos de fosas comunes que esperan en los Andes para entregar los cuerpos a sus familias. Eso es lo que quiere olvidar el Congreso. Pero también olvidar todos los crímenes de Sendero Luminoso y el MRTA. El sueño del Movadef, hecho ley, como si las familias que esperan 30 años no existieran.

¿Se puede caer mas bajo? Se puede. Pero esta semana el Congreso en receso, utilizando votaciones diminutas en la Comisión Permanente ha mandado un mensaje potente: No nos importa. No nos importa el 5% de aprobación popular; no nos importan las elecciones del 2026; no nos importan la víctimas de crímenes sean de la delincuencia común o de crímenes de lesa humanidad, nos da lo mismo; no nos importa que el 70% del país rechaza estas normas;  no nos importa que la prensa nos señale y presente al país nuestros propios delitos, conflictos de interés, y vinculaciones con lobbies criminales; no nos importa exhibir nuestros desmedidos beneficios económicos, ni nuestra falta de austeridad, ni nuestra clientela de favorecidos. Entonces, ¿por qué nos va a dañar darles beneficios a delincuentes, mas aún si los delincuentes están en nuestras agrupaciones políticas?

Ya no quedan distinciones ideológicas, ni principistas, ni doctrinarias. Lo que hay es un bloque sólido de apañadores de delincuentes que es trasversal e impúdico. No tienen limite. El Ejecutivo es parte del mismo bloque. La oposición no existe porque es innecesario un balance al poder. La irrelevancia de Boluarte no le permite oponerse a nada y muchos menos a normas que la favorecen en procesos que llegaran a ella.

¿Qué hacer? Los ciudadanos estamos solos y más solos que nunca. La sociedad civil, del jueves a hoy, esta muda y parece que lo seguirá estando, salvo por las asociaciones de víctimas directas. Ni los gremios que firmaron el comunicado ha reaccionado. Los 20 partidos que no están en el Congreso tienen el camino abierto para conducir la protesta hasta que recuperemos el Estado de Derecho. ¿Lo van a hacer? Se les ve poco, salvo honrosas excepciones, tal vez porque no tienen capacidad de movilización, tal vez porque sólo son cascarones a la venta de alguno que se cree presidenciable. Los medios de comunicación están muy ocupados desapareciendo la política de sus pantallas y minimizando el grave momento que vive el país, de nuevo, salvo pocas excepciones.

¿Qué hacer? Lo primero, visibilizar. Educar y explicar a audiencias cada vez mayores, que es lo que nos están robando y porque perder el Estado de Derecho es perder la inversión, el libre mercado, el crecimiento, el empleo y la prosperidad para todos. De ese tamaño es el robo que nos hace hoy el Ejecutivo y el Legislativo.

Lo segundo, urgir a los jueces a que defiendan lo que hoy esla última línea de defensa del Estado de Derecho. Lamentablemente, en lo que respecta al favorecimiento del crimen organizado es poco lo que se puede hacer, pero en materia de prescripción de crímenes de lesa humanidad, el control difuso (cada juez debe preferir la Constitución y los tratados de derechos humanos, sobre leyes violatorias) esa la única salida, caso por caso.

Lo tercero y último es castigar a estos parlamentarios y sus agrupaciones políticas. Les importa poco, pero hay que hacerlo. ¿Quieren reelegirse como senadores? No gracias. Un conjunto de personas que en su soberbia se autodenominan “primer poder” y que te dicen que solo puedes ponerles un límite cada 5 años, cuando votas, merece que ese límite sea un terremoto en su vida: que ninguno pase la valla el 2021. Ninguna organización política hoy en el Congreso debe regresar. Sólo faltan 18 meses, y los vamos a ir contando: #PorEstosNo.

Columna publicada el domingo 7 de julio del 2024 en el diario La República