Rosa María Palacios

Un blog de política independiente

1 Mayo, 2019

La confesión de la vergüenza

Esta semana la política peruana se ha jugado el futuro entre las cuatro paredes de una lejana oficina pública en la ciudad de Curitiba, Brasil. Lo que ahí se confesó ha afectado profundamente lo que conocíamos de la historia de la corrupción en el Perú.

Jorge Barata Simoes, el Superintendente para el Perú de la empresa Obedebrecht, demostró que “todo lo sabe” cómo habían anunciado sus colegas brasileros en la delación empresarial. Detalló lo ya conocido, interpretó algunos hechos y sus consecuencias, narró anécdotas que han arrancado carcajadas, pero, sobre todas las cosas, dijo cosas nuevas en casos de cohecho que arrojan una enorme luz sobre cómo se relacionó la empresa constructora con la política peruana por más de 15 años. El resultado debe conducir, ahora sí, a acusaciones fiscales que permitan iniciar procesos que están tardando una eternidad.

Lo peor de lo que ha dicho Barata es que Alan García y Luis Nava estaban informados sobre las coimas que se le pagaban a Alejandro Toledo. Sabiéndolo de boca de Josef Maiman, no hicieron nada por denunciar. Al contrario, la información les era valiosa para exigir su propio esquema de sobornos. En lugar de protestar por la extorsión, Barata recordó su alivio porque “no se tomaban represalias” contra la empresa y pagó a Nava un soborno inicial de 3 millones de dólares para que se continuaran las obras en la Interoceánica. Tan contundente declaración y la documentación con el registro de coimas, basta y sobra para condenar a Nava y sus cómplices. Tan contundente es, que hasta los apristas los han abandonado, sin, por ahora, hacerlo con García, pese a todas las evidencias.

Algo, sin embargo, no cuadra. Barata confesó que Toledo recibió hasta el 2010, en armadas de 3 a 4 veces al año, 31 millones de dólares. De estos, 27 millones se escondieron en las empresas de Maiman y 4 millones se entregaron a Toledo en efectivo. Los Nava y los Atala, (“los Maiman de García” como los calificó Barata) hasta ahora tienen menos de 5 millones registrados. ¿Eso es todo? No es creíble. ¿A Toledo 31 millones por una sola obra al final de su mandato y a los testaferros de García menos de 5 millones en un gobierno que construyó con Odebrecht muchas más obras? Imposible. La fiscalía tiene la gran tarea de continuar la indagación, no contra García (al suicidarse se extinguió la acción penal) sino contra todos los que fraccionaron pagos ilícitos y cuyos bienes mal habidos tienen que ser incautados. Desde la banda del MTC hasta otros personajes cuyos nombres no han saltado aún a la opinión pública.

Después de esta semana hay tres casos de coimas que han quedado redondos: Toledo, Villarán y testaferros de García. Barata puede y debe seguir hablando, pero la fiscalía ya puede acusar. Las lecciones que como país saquemos, más allá de la vergüenza nacional, deben jubilar a una generación política y permitir el nacimiento de una sociedad libre de estas taras delincuenciales que se plante bien, con un nuevo sistema de justicia, ante los gobiernos que se aparten del camino.

Columna publicada el domingo 28 de abril del 2019 en el diario La República

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